Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín. Las audiencias debían comenzar el 14 de marzo y aún no se definió una nueva fecha. Se trata de la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la automotriz durante la última dictadura cívico militar.
Los acusados son el ex gerente de Manufactura de la firma, Pedro Müller; el ex Jefe de Seguridad de la planta de la automotriz en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla; y el ex jefe del Cuerpo IV del Ejército, a cargo de Campo de Mayo, y por entonces director de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros. Entre los imputados también se encontraba el ex gerente de Relaciones Institucionales, Guillermo Gallarraga, quien falleció en junio pasado a los 93 años. En tanto, el por entonces presidente de Ford, Nicolás Enrique Julián Courard, murió en 1989 en Chile.
Los represores están acusados de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas”. A su vez, a los gerentes también se los acusa de haber entregado a los militares los datos personales de obreros que tenían actividades gremiales.
Las víctimas son 25 trabajadores de la firma en la planta de General Pacheco, 13 de ellos se encuentran con vida. Dentro del predio funcionaba un centro clandestino de detención, específicamente en el quincho que era un lugar de reunión y esparcimiento de los obreros. En muchos casos, los secuestrados eran luego trasladados a distintas comisarías de Tigre. Los sobrevivientes lograron que el quincho hoy esté señalizado como lo que fue, un centro clandestino de detención.
Las explicaciones del tribunal para demorar el inicio del proceso es la extensión de las audiencias hasta el 16 de marzo en el juicio por la causa denominada “Colegio Militar”. Los magistrados también argumentaron la postergación por “las sucesivas exhortaciones de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal” para “priorizar, en los esfuerzos de agenda, la celebración del debate en procesos que registren personas privadas de su libertad”.
Fuente: ACTA-CTA / La Izquierda Diario
