El informe detalla las violaciones a los derechos humanos comprobadas en el último año tanto en Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional.
El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año como Jefe de Gobierno porteño no se ha apartado de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios y de obra pública. Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su generoso presupuesto, son los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva a los indicadores sociales de su población.
Las políticas implementadas por los ejecutivos nacional y porteño afectan más a la gente pobre, que ve sus derechos vulnerados día a día. Con medidas concretas en cada área, los gobiernos de Macri y de Rodríguez Larreta han vulnerado los derechos humanos de millones de personas.
Se destacan las restricciones de derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra Constitución como: salud, educación, vivienda, trabajo, derecho a la libertad, derecho a huelga, a la comunicación y la cultura, derechos de las personas migrantes, seguridad, entre otros.
A nivel nacional, a modo de muestreo, las medidas concretas que afectaron los derechos fueron: despidos masivos en el sector público y privado, veto a la ley antidespidos, cierre y desfinanciamiento de programas de promoción de la salud, reducción de medicamentos cubiertos por PAMI, falta medicamentos para tratamiento de HIV, desfinanciamiento de programas socioeducativos, la falta de construcción de viviendas sociales. En políticas de Memoria, es preocupante la cantidad de prisiones domiciliarias concedidas a genocidas condenados. Además, el Estado se retiró de su rol como querellante en determinadas causas y se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles en delitos de lesa humanidad.
También se destacan: la detención arbitraria de Milagro Sala, desarticulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creación de un lugar de detención exclusivo para infractores de la ley de migraciones, la presentación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, etc.
El ODH denunció al Estado Nacional ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por no prohibir el uso de las pistolas eléctricas taser, consideradas elementos de tortura.
En la Ciudad la continuidad con la gestión anterior, sigue redundando en la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución local.
Los Hospitales públicos porteños prestan un servicio deficiente, sin mejoras de las instalaciones del sistema de salud. El incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, falta de vacantes en nivel maternal e inicial, falta de mantenimiento y renovación de infraestructura escolar, la amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia que trabaja con personas en situación de calle. La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo el 5% disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. Los planes de urbanización anunciados acarrean negocios inmobiliarios indisimulables
Por falta de controles sobre la seguridad laboral el Gobierno de la Ciudad tuvo responsabilidad concreta en la muerte de Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte. También en la muerte de 5 jóvenes en la fiesta “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero.
En políticas de memoria, el Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado sigue sin implementarse, a pesar de tener presupuesto asignado, no tiene personal asignado a esa labor ni difunde su existencia.
El Ministerio de Cultura estuvo a cargo de un funcionario negacionista. Si bien el funcionario fue reemplazado de ese Ministerio aún está a cargo del Teatro Colón. A dos años de aprobada, la Ley de Centros Culturales aún no se ha implementado.
La ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios prohíbe la utilización de armas cuestionadas por el de la ONU, en especial las Taser.
El Superior Tribunal de Justicia concedió a los agentes policiales la facultad de detención por averiguación de identidad, expresamente limitada por la CIDH.
Se redujo al 50% el personal de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM).Este año se desfinanciaron los refugios para las víctimas y se incumplió la ley Nº 5.466 que preveía la creación de un CIM por comuna.
Tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires, comprobamos que se han restringido derechos. Sin embargo, ambas gestiones, han recalculado cuando se vieron acorralados por la respuesta de las organizaciones sociales y políticas. Esto hay que remarcarlo entre quienes defendemos los derechos con la Constitución en la mano. Si acertamos en estrategias y en unidad, se puede incidir y frenar los retrocesos. Y así avanzar hacia mayor cobertura de derechos y mayor respeto al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.
Puede acceder al Informe ODH 2016 completo:
Capítulo Ciudad haciendo click aquí. http://observatoriosur.us10.list-manage.com/track/click?u=4f90d999728b3753f421ea04f&id=419297860f&e=6ba41b196f
Capítulo Nacional haciendo click aquí. http://observatoriosur.us10.list-manage.com/track/click?u=4f90d999728b3753f421ea04f&id=160b02b97e&e=6ba41b196f
Observatorio de Derechos Humanos (ODH)
Más información: Violeta Burkart Noe 156 520 5490
