En los centros de detención, internamiento y custodia del país persisten prácticas violatorias a los derechos humanos que van desde las pésimas condiciones en sus instalaciones, escasa o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación, hasta internos con funciones de autoridad, imposición de sanciones disciplinarias extremas y denuncias por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos.

En su informe de actividades 2015 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura –que se entrega con varios meses de atraso–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre la enorme necesidad de combatir estas prácticas.
‘‘Erradicar la tortura es uno de los grandes desafíos que tiene la defensa de los derechos humanos; por ello, todos y cada uno de los esfuerzos que se realicen son importantes, por lo que resulta primordial considerar la prevención para actuar con mayor eficacia en contra de este flagelo’’, aseguró el organismo nacional.
Así, en el informe se detalla una lista de acciones que constituyen violaciones a los derechos humanos de recibir trato humano y digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la protección de la salud, a la integridad de personas y garantías a los grupos vulnerables, que son los cinco derechos fundamentales que revisa el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) en los centros de detención e internamiento.
En todo el país existen alrededor de 5 mil lugares que albergan a personas privadas de la libertad, tales como prisiones, separos de seguridad pública, instituciones siquiátricas, centros de internamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y fiscalías.
Fuente: José Antonio Román – La Jornada