En los últimos días se conocieron distintos informes que dan cuenta, una vez más, del permanente aumento de casos de tortura en cárceles y comisarías y de represión y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad. Repasamos los datos recabados por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en su décimo informe anual, por el Registro de Casos de Violencia Estatal y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – El martes 27 de setiembre, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad.

El trabajo registra hechos ocurridos entre enero y diciembre de 2015. Para fines del año pasado, la provincia de Buenos Aires había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos, con 39.927 personas privadas de su libertad, de los que 56 % tenía prisión preventiva, lo que implica una sobrepoblación del 59%.

Además, durante 2015 hubo 145 muertes en cárceles. El 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse. A su vez, se registraron 18.557 casos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención.

En tanto, hubo 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad pero sólo 11 fueron caratuladas como torturas; las restantes tuvieron penas leves.

La Comisión ha realizado en los últimos 10 años más de 1000 inspecciones, generando 33.000 expedientes de víctimas con denuncias en las que se constataron más de 73.000 casos de torturas.

“Es importante que las nuevas autoridades provinciales observen este informe, porque hay problemas estructurales que requieren cambios urgentes: las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, expresó durante la presentación del informe Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM.

Al respecto, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, agregó: “la promesa de seguridad a través de la política de mano dura es inviable porque la resolución de estos conflictos es social. En cambio, el sostenimiento de estas políticas sólo provocó la degradación del sistema institucional (…). Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia. (…) La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de la crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace 15 años y que persigue a los más pobres. Es necesario tomar medidas efectivas que puedan revertir esta situación”.

Los datos del informe de la CPM abarcan el año 2015, pero tal como se señaló en la presentación, se trata de prácticas sistemáticas que van más allá de un cambio de gobierno. En este sentido, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) elaboraron el Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) cuyo primer informe semestral enero-junio de 2016 se dio a conocer hace pocos días. El registro se elaboró a partir de la información publicada en algunos medios de comunicación seleccionados y tuvo como punto de partida la difusión de “distintas situaciones de violencia cuyos protagonistas eran las fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del ‘lancheo’ (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.”.

En total, el RECAVE analizó 113 casos; el 17,1% corresponde a hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad a diferentes manifestaciones sociales, el 4,4% a represión a trabajadores ambulantes. El 13,3% a detenciones arbitrarias; con el mismo porcentaje aparecen casos de muerte producidas por integrantes de fuerzas de seguridad.

Otros datos que surgen es que el 8% de los casos se dio durante el desarrollo de operativos policiales efectuados sin motivación aparente y el 5,3% corresponde a detenciones por averiguación de identidad/antecedentes; el 2,7% a “razzias¨ y el 3,5% a denuncias de personas que fueron hostigadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad con continuidad en el tiempo -no un hecho aislado-.

Finalmente, la fuerza de seguridad que más participó en hechos violentos fue la Policía Bonaerense con el 23,9%, seguida por la Federal (19,5%), las provinciales (15%) y las locales (9,7%).
El RECAVE abarca casos ocurridos y/o denunciados entre enero y junio de este año, sin embargo ya hay registros del segundo semestre. Correpi emitió en las últimas horas un comunicado titulado “En 8 días, 7 asesinatos estatales”. Allí se enumeran hechos registrados tan solo entre el 16 y el 24 de setiembre.

Máximo Orellana salió de su casa en Villa Jardín para buscar a su hija en el jardín de infantes, pero en el trayecto dos policías lo pararon y le dijeron que estaba detenido para averiguar sus antecedentes. Ante su reclamo, los efectivos lo golpearon hasta matarlo.

Gustavo Germán Geréz Bravo era taxista, tenía 28 años y vivía en el barrio “El Mirador” de Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue detenido “contraventor” cerca del Monumento al Obrero Petrolero y murió. A pesar de tener las muñecas hinchadas y ensangrentadas y el cuerpo cubierto de moretones, los policías dijeron que falleció solo, ahogándose con su propio vómito por una sobredosis. La familia y amigos de Gustavo se movilizaron para reclamar justicia pero fueron reprimidos por la Infantería con balas de goma, gases y palos.

En tanto, Jorge Maximiliano Velázquez de 41 años fue encontrado muerto en la comisaría 6ª de Tolosa, en un calabozo en el que se encontraban otras 24 personas más.

Roberto Ávalos de 27 años padecía trastornos psiquiátricos, y en un episodio de desequilibrio se violentó con su familia, que llamó a la policía. Sin embargo, los efectivos que se acercaron a la casa del Barrio Belisario Roldán de Mar del Plata respondieron con balas de goma, una de ellas fue directo al pecho del joven. “No era para que lo mataran, era para que solamente lo calmaran. En el corazón le pegó“, declaró sobre lo sucedido la hermana.

En el marco de una discusión, un oficial de la Policía Bonaerense, del que no trascendió el nombre, asesinó a Lionel Zacarias de 20 años en una finca del Barrio Santo Tomás de Berazategui.
Víctor González de 37 años estaba tomando cerveza en la vereda y murió al ser alcanzado por disparos provenientes de dos patrulleros que se encontraban persiguiendo a un presunto grupo de delincuentes.

Los hermanos Sebastián Daniel y Pedro Luis Briozzi, de 20 y 21 años respectivamente, eludieron un control policial en la zona de boliches de la costanera de Concordia, Entre Ríos, y el sargento Elbio Acosta y el cabo 1º Jorge Horacio Monzón les cruzaron el patrullero e intentaron detenerlos disparando al vehículo en el que iban los jóvenes. Sebastián murió prácticamente en el acto.

Al respecto, desde Correpi advirtieron: “no es menor señalar que buena parte de estos asesinatos tuvieron como escenario las zonas donde esta semana desembarcarán los operativos policiales conjuntos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, lo que producirá un seguro aumento de las detenciones arbitrarias, con su consecuencia de muertes en las celdas, y de ‘enfrentamientos’ en los que sólo dispara el brazo armado del Estado”.
No importa el año, la provincia, el gobierno o la organización que haga el relevamiento, los casos de violencia estatal se multiplican, y tal como señaló uno de los presidentes de la CPM, Víctor Mendibil: “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Perseguidos por ser pibes y por ser pobres”.

Fuentes: Agencia Andar / Correpi / Recave.