El 17 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de Salta habría otorgado al comisario Joaquín Guil el beneficio de la detención domiciliaria.
El policía fue director de seguridad de la policía de Salta y jefe del aparato represivo en esa provincia durante el gobierno de Isabel Perón, con la actuación de la Triple A comandada por López Rega y durante la última dictadura militar.
Organizaciones salteñas de derechos humanos le enviaron una nota al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Roberto G. Loutaif, objetando esta decisión judicial ya que es violatoria de los Tratados Internacionales que establecen que las concesiones domiciliarias por delitos de lesa humanidad son totalmente restrictivas por la gravedad de esos hechos.
Joaquin Gil está actualmente detenido y procesado a disposición de la justicia federal, en relación a los expedientes sobre secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, del asesinato del sindicalista Eduardo Fronda, del secuestro y dinamitado del periodista Luciano H. Jaime y de la masacre de los presos políticos en el paraje denominado Palomitas.
Desde la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas han pedido reiteradamente tanto a los Congresos de la Nación como provinciales la inhabilitación a perpetuidad para cumplir funciones públicas y/o privadas a civiles y militares que estén vinculados al terrorismo de estado.