El 7 de marzo de 2012 la joven denunció la violencia física que recibía de parte de su pareja Gabriel Maldonado, pero la fiscalía penal le propuso como solución arreglar con su agresor a través de una “mediación penal”. Pocos días después Condori se suicidó. Algunos de los delitos que denunció serán enjuiciados a partir del 10 de junio.
“Mariana era víctima de muchas violencias por su condición de mujer joven y pobre. En esta causa dimos una larga batalla para que esos hechos no se archivaran como la mayoría de las causas ‘leves’ que las mujeres denuncian”, afirmaron los abogados del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), que representan a la familia de Mariana Condori en el juicio oral y público que se desarrollará ante el Juzgado Correccional N° 5 de La Plata.
Los querellantes manifestaron que ni la fiscalía que recibió la denuncia, ni el juzgado de garantías realizaron su trabajo según los estándares internacionales que establecen criterios claros para la protección de las víctimas y la investigación como formas de prevenir el aumento de la violencia: “Un femicida es condenable penalmente y repudiable socialmente. En cambio ¿qué pasa cuando lo que llevamos a juicio no es la muerte, sino que ponemos en el banquillo de los acusados al Estado, junto al agresor, por hechos considerados como ‘leves’? (…). Es necesario entender la responsabilidad del Estado (Poder Judicial principalmente) en instancias previas a las muertes de las mujeres (en su ausencia, pero también en sus presencias, como por ejemplo mandando a mediar). La investigación y sanción de estos delitos no es un tema de venganza ni retribución, sino la investigación y sanción como señalamiento de lo que no debe ser permitido en una sociedad. Lo que se considera fuera de la regla, y contribuye a la construcción de significados sociales en torno a lo que es aceptado y lo que no, a lo que es regular de lo que es irregular, etc. En este sentido, todo indica que el Estado a través del Poder Judicial, sigue minimizando la violencia, la sigue naturalizando, y la sigue considerando un asunto privado”, agregaron desde el CIAJ.
Las audiencias se desarrollarán los días 10, 13 y 14 de junio.
Los querellantes manifestaron que ni la fiscalía que recibió la denuncia, ni el juzgado de garantías realizaron su trabajo según los estándares internacionales que establecen criterios claros para la protección de las víctimas y la investigación como formas de prevenir el aumento de la violencia: “Un femicida es condenable penalmente y repudiable socialmente. En cambio ¿qué pasa cuando lo que llevamos a juicio no es la muerte, sino que ponemos en el banquillo de los acusados al Estado, junto al agresor, por hechos considerados como ‘leves’? (…). Es necesario entender la responsabilidad del Estado (Poder Judicial principalmente) en instancias previas a las muertes de las mujeres (en su ausencia, pero también en sus presencias, como por ejemplo mandando a mediar). La investigación y sanción de estos delitos no es un tema de venganza ni retribución, sino la investigación y sanción como señalamiento de lo que no debe ser permitido en una sociedad. Lo que se considera fuera de la regla, y contribuye a la construcción de significados sociales en torno a lo que es aceptado y lo que no, a lo que es regular de lo que es irregular, etc. En este sentido, todo indica que el Estado a través del Poder Judicial, sigue minimizando la violencia, la sigue naturalizando, y la sigue considerando un asunto privado”, agregaron desde el CIAJ.
Las audiencias se desarrollarán los días 10, 13 y 14 de junio.
Fuentes: Agencia Andar y ACTA-CTA
