El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al histórico reclamo de la Comisión por la Memoria para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. Esta decisión revoca una disposición del año 2005, luego de la Masacre en el penal de Magdalena, mediante la que se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo.
La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.
Al respecto, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, subrayó: “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.
Desde la creación de su Comité contra la Tortura en 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir información fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas.