La Comisión Antirrepresiva de esas provincias denunció que en los últimos meses se produjeron 3 fallecimientos en estos lugares de encierro, una situación que enmarcan dentro de una “fórmula que tienen los actuales gobiernos para intentar disciplinar al pueblo”.
El primero de los hechos fue la aparición del cuerpo de Cristian González el 25 de diciembre pasado en un descampado cerca de la localidad chaqueña de Cote Lai. Tenía 45 años y había sido detenido en la Comisaría 11va de Resistencia la noche del 24 tras haber dañado con un martillo el auto de su vecino en el Barrio San Cayetano. Pocas horas después, y habiendo completado los trámites de revisión por el área de Sanidad y en la División Antecedentes de la Policía del Chaco, su cuerpo fue encontrado cerca de Cote Lai, a la vera de la Ruta 13. La autopsia determinó que murió por asfixia, detectándose una marca en el cuello y, según se pudo comprobar mediante peritaje de GPS, fue un patrullero de ese destacamento el que lo desechó en ese lugar.
Esta misma comisaría ya había sido señalada por los vecinos de “liberar la zona” o de “no actuar frente a los robos”. Además, cuenta con varias denuncias por apremios ilegales.
Otro caso es el de David Encina, un joven que se encontraba detenido en la Comisaría 7ma de Corrientes. Fue detenido cuando conducía una moto por el “grupo de élite” de las fuerzas de seguridad de la provincia. Los agentes luego dijeron que David se había ahorcado con los cordones de sus zapatillas, sin embargo su calzado tenía abrojos.
“Supuesto suicidio” también fue la forma en la que aparentemente murió Nelson Solís de 28 años, estando preso en la unidad penal N°1 de Corrientes. Cumplía una condena de 16 años y ya llevaba 10.
Ante esta situación, desde la Comisión Antirrepresiva de Chaco y Corrientes exigieron el esclarecimiento de las muertes de Cristian González, David Encina y Nelson Solís, juicio y castigo a sus responsables materiales y políticos, basta de torturas y muertes en la cárceles y comisarías, basta de represión y persecución policial, exoneración de la fuerza y no sumarios administrativos y traslados tal como sucede con los funcionaros sospechados.
