Lo hizo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) en carácter de querellante, representada por Graciela Rosenblum. De esta manera, el organismo manifestó su oposición a la liberación de los imputados por los casos de la Subzona 14 II, y solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) que se habilite la feria judicial para detener inmediatamente a los represores.
Los imputados fueron libertados bajo el argumento de que se vencieron los plazos de las prisiones preventivas sin llegar a juicio.
En relación a esta decisión del Tribunal, Diego Acosta, presidente de la filial La Pampa de la Liga y abogado de la querella, afirmó, en diálogo con Radio La Tosca 95.1, que en estos casos “no es razonable utilizar los cuerpos normativo de forma dogmática (cerrada) sino atendiendo que aquí estamos ante imputados que componen un orden ideológico plasmado en la práctica sistemática de las atrocidades más aberrantes. Estos imputados lejos de ser inofensivos, ostentan intacto ese orden ideológico del terror e impunidad”.
Acosta recordó además que la Corte Suprema de Justicia ratificó que genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad deben cumplir la pena en cárcel común independientemente de su edad. Es decir se establece que por ese tipo de delitos no se puede cumplir la pena en el domicilio: “más allá de la edad, tiene que ir a cárcel común, lo que demuestra un razonable apartamiento de la aplicación de un cuerpo normativo hermético para imputados que cercenaron sin piedad todas las garantías constitucionales de un Estado Social de Derecho”.
En su presentación, la Liga sostuvo: “con ese mismo criterio el Tribunal Oral Federal debe actuar con relación a la prisión preventiva pues, aquí estamos ante represores que actuaban de forma sistemática y concurrente con la comisión de delitos de lesa humanidad en todo el territorio Nacional”. Por ello, Acosta reafirmó que “criminales de esta envergadura no pueden pasar un día fuera de la cárcel”.
La Liga destacó además la gravedad de esta situación en donde se expone a toda la sociedad, especialmente a los testigos y las víctimas; y agregó que representa un peligro para la continuidad de los juicios, ya que existe preocupación en los imputados por ser condenados, lo que llevaría a “conductas tendientes a evadir la justicia, tales como concretar su fuga”.
Un ejemplo de esto es el caso del ex jefe de la Policía Provincial, Luis Baraldini, quien estuvo prófugo e impidió por un largo tiempo su juzgamiento. Esta conducta podría ser repetida de los imputados que gozan de la libertad otorgada por el Tribunal Oral Federal.

Fuente: Redacción Plan B

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