Lo resolvió el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de esa localidad, a través de una orden de clausura total con expresa prohibición de alojamiento. La decisión fue motivada por un habeas corpus presentado por el agente fiscal Pablo Rossi, en el que se describían las violaciones a los derechos humanos que sufren los jóvenes alojados allí

Ya en el Informe sobre Niñez que presentó la Comisión de la Memoria por la Provincia (CPM) de Buenos Aires ante la ONU en 2010, se alertaba sobre las condiciones de encierro en el Centro de Lomas. Estas denuncias lograron que en 2012 el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU realizara una inspección en el lugar, donde se constataron graves violaciones a los derechos humanos.
En 2013, la CPM solicitó ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora la clausura de algunos pabellones. En inspecciones posteriores efectuadas por el Comité contra la Tortura del CPM se pudo advertir que la situación en el lugar no se había modificado. En junio de este año se llevó adelante un nuevo pedido de clausura que fue retomado por el Dr. Rossi a través de su habeas corpus. Allí se dejó constancia de los graves problemas estructurales edilicios, la ausencia de agua potable y de un sistema de desgaste cloacal. El habeas corpus señalaba: “imponerle al Poder Ejecutivo obligaciones de modificaciones sin clausura sólo siembra un camino de buenas intenciones y eventualmente algunas mejoras”.
Finalmente, el fallo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas resuelve: disponer la clausura total, con expresa prohibición de alojamiento; otorgar el plazo de 10 días hábiles para reubicar a todos los adolescentes allí alojados; garantizar el resguardo de los derechos e integridad emocional y física de cada uno de los jóvenes, en sus nuevos lugares de alojamiento; disponer el cumplimiento, con carácter de urgente, de medidas tendientes a mejorar la estructura edilicia del Centro, refacciones generales que permitan garantizar un ambiente digno con acceso a la salud y la educación, capacitar al personal, establecer protocolos de actuación y convivencia, y promover acciones recreativas que mejoren la calidad de vida de los jóvenes allí alojados, entre otras.

Desde la CPM valoraron este fallo, aunque insistieron en señalar que éste no es un caso aislado sino el emergente de una realidad extendida y generalizada en todos los lugares de encierro para jóvenes en la provincia de Buenos Aires.