Tres adolescentes de Zárate que participan de la convocatoria 2015 del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fueron abordados por agentes policiales mientras pintaban un mural. Además fueron hostigados, maltratados, requisados y luego detenidos de manera arbitraria.
Los estudiantes se encontraban realizando el mural como parte del trabajo final que sería presentado en el XIV Encuentro de Jóvenes y Memoria que organiza la CPM. Los policías de una patrulla del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) los detuvieron y llevaron a sus oficinas donde, contrariando todas las garantías de defensa, fueron sometidos a una exhaustiva indagación. Además, los policías realizaron, como práctica intimidatoria, una ambiental sobre las casas de los jóvenes e indagaron a los vecinos. A partir de este operativo, la justicia de Campana inició una causa contra los adolescentes por daño a bienes públicos.
Según explican desde la Comisión, las víctimas habían trabajado durante días en el reacondicionamiento de las paredes para la realización del mural sin sufrir represalias ni advertencias por parte de las fuerzas de seguridad. La reacción policial recién se desató cuando los jóvenes hicieron una pintada en la que se denunciaba la violencia institucional en la actualidad.
“Como hemos denunciando en reiteradas oportunidades, advertimos con preocupación el crecimiento de las prácticas violentas, ilegales e irregulares de las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. El caso demuestra no sólo la vigencia de prácticas irregulares de las policías en el territorio, sino también la vulneración de otros derechos civiles como el derecho a manifestarse que se inscribe en una política represiva de la protesta social. Este nuevo suceso no puede pensarse como un episodio aislado o azaroso, es parte de las violencias perpetradas por el Estado para el control del espacio público y la persecución de los jóvenes, principalmente, de los sectores más vulnerables de la sociedad. La ilegalidad y selectividad de las prácticas policiales y judiciales se constituyen como elementos normalizadores y disciplinadores del conflicto, que refuerza la política represiva de las agencias penales”, señalaron los integrantes de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires al tiempo que exigieron una exhaustiva investigación judicial y administrativa sobre el accionar policial y la sanción de los efectivos que ejecutaron estos hechos.
