La Asociación de Sin Papeles de Madrid y la Red Ferrocarril Clandestino denunciaron el jueves pasado que la Policía Nacional continúa realizando controles masivos en la capital española con el fin de cumplir con unos "cupos" mínimos de inmigrantes.
La protesta se basó en 67 casos de extranjeros "detenidos y discriminados por motivos raciales".
El escándalo inicial se produjo el 15 de febrero, al hacerse pública una circular interna de la Comisaría de Villa de Vallecas (Madrid) que establecía el objetivo de detener a 35 extranjeros por semana. Al igual que hizo entonces, Interior negó la existencia de redadas programadas y la Jefatura Superior de Policía de Madrid no quiso entrar en "otro cruce de declaraciones".
Las denuncias de los sin papeles se suman a las que en las últimas semanas han efectuado otras ONG y asociaciones, como el colectivo La Calle. Su presidente, Fernando Saleta, señaló a principios de esta semana que la Policía utiliza determinadas paradas de autobús y metro muy frecuentadas por inmigrantes como puntos de detención.
Las organizaciones aseguran que también se realizan traslados innecesarios a las comisarías para identificar a los extranjeros. "Se trata de un castigo encubierto con la excusa de haber cometido una infracción", aseguró la portavoz de Ferrocarril Clandestino, Marisa Pérez.



