Desde principios de año avanzan propuestas como la de cambiar la Constitución Nacional para reducir la mayoría penal a los 16 años. El proyecto data de 1993 y se archivó en 1995, pero en la actual coyuntura ha logrado la aprobación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

(Rebelión)  Brasil – Tras un movimiento caracterizado por muchos como un golpe del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, la reforma se tramita ahora en el Senado Federal, que decidirá si aprobarla y pasarla a una ronda definitiva de votación.
El texto que ahora se vota tiene como argumento central que, en razón de la libertad de prensa, la liberación sexual, la televisión y la “conciencia política que impregna la cabeza de los jóvenes”, a partir de los 16 años tendrían capacidad para decidir sobre su participación en delitos.
El argumento sobre la capacidad de comprensión de los jóvenes es utilizado insistentemente por la derecha para promover el cambio constitucional, que insiste en afirmar que los jóvenes que participan en actos tipificados como delitos no sufren consecuencias.
La recuperación de esta propuesta no es casual. Coincide con el fortalecimiento de la derecha tras las últimas elecciones y con un momento en el que Brasil se establece como el tercer país del mundo con más población carcelaria y empieza a experimentar con la privatización de las prisiones, ya en boga en EE UU y Reino Unido.
La posibilidad de asociaciones público-privadas en el sistema carcelario brasileño se aprobó en 2004 con la ley 11.079, que regula las colaboraciones público-privadas (PPP) en general. Mientras que los defensores de la gestión privada de las prisiones lamentan que el sector sea muy pequeño en Brasil, tras la aprobación de la ley la población carcelaria se ha incrementado en un 74% entre 2005 y 2012. Con un beneficio declarado de 1.000 reales (250 euros) mensuales por detenido, la posibilidad de encarcelamiento de los jóvenes a partir de los 16 años abre perspectivas muy lucrativaspara dichas empresas.
De la totalidad de presos, la mitad (51%) fue ingresada en prisión por delitos no violentos, a menudo de forma preventiva mientras esperaban la celebración de su juicio, en el que, en muchos casos, se les castigó con medidas alternativas.
La reducción de la edad penal ha sido denunciada por la representación de Unicef en Brasil como una medida que, además de ineficiente, podrá desembocar en un aumento de la violencia en el país. En un contexto en que se amplían las concesiones privadas de cárceles, rebajar la edad penal significa entregar a muchos jóvenes, principalmente negros, como mano de obra barata a la industria de la seguridad y como fuente de beneficios para el sistema carcelario.