Tras 2 audiencias, la Cámara Penal de Rosario a cargo del juez Adolfo Prunotto Laborde revocó la prisión preventiva que pesaba sobre los 8 imputados por la desaparición de Paula Perassi, asignando montos de fianzas para que salieran en libertad. Red Eco Alternativo.
(Leandro Yanson para Red Eco) Santa Fe – De los 8 imputados, 5 son oficiales de policía que están procesados por “encubrimiento”, lo que explica que frente al anuncio del juez de conceder la libertad bajo fianza se haya producido la frustración de todos los amigos y familiares de Paula que se movilizaron ante los tribunales provinciales ayer, miércoles 19 de agosto.
Ya se están por cumplir cuatro años desde el día en que Paula desapareció, y este fallo acabó con el único entusiasmo que se tenía respecto al proceso judicial, que nunca dejó de ser fuertemente cuestionado.
La causa se inició en 2011 en el juzgado de San Lorenzo (ciudad santafesina en la que vivía Paula) de la mano del juez Eduardo Filocco, quien desde un comienzo había demostrado poca iniciativa en seguir las hipótesis que derivaban en un crimen. Según el padre de Paula, Alberto Perassi, este funcionario le contestó que se trataba de un enojo y que ella iba a volver.
3 años más tarde de la desaparición, ya se había podido confirmar que Paula había estado embarazada, que sufrió un aborto sin su consenso y que ya no se encontraba con vida. Estos hechos fueron descubiertos a partir de la investigación que Alberto Perassi viene impulsando para lograr que se haga justicia.
No fue hasta la entrada del nuevo sistema judicial en la provincia de Santa Fe, en febrero de 2014, que tomó impulso la causa, para lo que fue fundamental el recambio del juez y el fiscal asignados al caso, entonces Juan José Tutau pasó a ser el nuevo magistrado, y Donato Trotta asumió la fiscalía en reemplazo de Ramón Moscetta.
Fue con este cambio que la justicia comenzó a seguir las hipótesis que se desligaban del trabajo realizado por Alberto Perassi, quien afirmaba que la policía estaba involucrada en la desaparición de Paula, llegando a imputar a los 5 oficiales ya mencionados.
Este cambio judicial fue fundamental, ya que una de las implicaciones que tenía era que facilitaba la connivencia entre los agentes de la justicia y de la policía, debido a que las investigaciones eran llevadas a cabo en conjunto por estas dos instituciones.
 Así se llegó a la situación actual, en la que se fijó una fianza de entre 30 y 100 mil pesos para los acusados, con un pedido de juicio político hacía el anterior juez encargado de la causa, con fuertes críticas al anterior fiscal (realizadas incluso por la propia justicia), con amenazas hacia los funcionarios y la familia y con la búsqueda del cuerpo de Paula.
Quienes están procesados son Gabriel Strumia, supuesto amante de Perassi; su esposa, Roxana Michl; Mirta Rusñisky (sospechada de haber llevado adelante el aborto), y los policías Aldo Gómez, Ramón Godoy, María José Galtelli, Adolfo Daniel Puyol (comisario) y Jorge Enrique Krenz.
Tras expedirse la Cámara, Alberto Perassi dio una entrevista a varios medios de la ciudad, indicando que para él existen intereses detrás del fallo, por eso todos los acusados fueron liberados, y confía en que el trabajo de búsqueda que están realizando con el Equipo Argentino de Antropología Forense podrá dar con el paradero de su hija.
Luego de difundirse la resolución tomada por la justicia, se produjo una manifestación en la ciudad de San Lorenzo, en la cual los presentes se pararon en la esquina de Urquiza y San Martin con pancartas, haciendo un reclamo por justicia.
Para continuar con la lucha por el crimen de Paula, se acordó convocar a una reunión el lunes 24 de agosto, a las 19, en el local de ATE de la ciudad de San Lorenzo, ubicado en Dorrego 1134, con la participación de los padres de Paula, la Multisectorial de Mujeres de San Lorenzo y de Rosario, diferentes organizaciones sociales y políticas, y vecinos.