El Gobierno de Perú proclamó este sábado el estado de excepción durante 60 días en varios departamentos del país, a raíz de las intensas protestas que lideran los grupos indígenas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.
Un decreto publicado el sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio. La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco.
Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró que la medida asumida por el gobierno no es más que "una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano".
"Con ello, está matando a los pueblos legítimamente que reclaman sus derechos. Aquí ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte", consideró el líder indígena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.
Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.
Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.
"El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indígenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el país. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazonía (…) y a partir del día 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria", continuó Pizango.



