Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que Honduras detiene el record de país más mortífero del planeta con 103,9 homicidios por 100.000 habitantes, es decir casi 4 veces la tasa regional (28,5) y más de 15 veces la mundial (6,7).
(Giorgio Trucchi – Rel-UITA) Honduras – Pese a que las autoridades hondureñas han presentado datos estadísticos tendientes a desvirtuar el contenido de dicho informe, mostrando una tendencia a la baja en homicidios -de 86,4 en 2011 a 77 por 100.000 habitantes en 2013-, las y los defensores de derechos humanos no dejan de señalar los impactos de la creciente militarización del país y sus instituciones.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Premio “Personalidad en Derechos Humanos de América Latina” 2013, aseguró que este proceso no solo marca un regreso al pasado para Honduras, sino que profundiza la crisis de derechos humanos en un contexto de impunidad casi total.
-En su más reciente programa radial, el COFADEH habló de “retorno del pasado”, de creciente militarización y de impunidad. ¿Qué está ocurriendo en Honduras?
-Los militares siguen siendo los mismos que en el pasado cometieron crímenes de lesa humanidad, y no se les debió haber permitido nunca salir de sus cuarteles.
Ahora, nuevamente empoderados y tomando el control de varias instituciones del Estado, no solo generan niveles más elevados de impunidad, sino que vuelven más difícil la democratización del país, que aún sufre las consecuencias nefastas del golpe de 2009.
El presidente Juan Orlando Hernández cree que, mostrando su fuerza bruta a través de la presencia de los militares en las calles, puede mandar señales positivas de cambio. Sin embargo, lo que estamos viendo es un retroceso en cuanto a la participación ciudadana, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
De igual manera, vemos como la militarización de la seguridad pública, la creación de nuevos cuerpos de élite y de la policía militar están generando formas de violaciones a los derechos humanos que pensábamos enterradas en el pasado, como por ejemplo la tortura, sobre todo contra jóvenes.
Toda esta situación está creando una cultura del miedo y del silencio en la sociedad hondureña, y la convivencia democrática, así como la defensa de derechos, va a ser cada día más difícil.
-Hace pocos días el general Julián Pacheco asumió la cartera de Seguridad. ¿Otra señal de que la Policía está siendo desplazada en sus funciones por los militares?
-El tema de Seguridad Pública ya pasó a ser un tema de Inteligencia Militar. Esta vez ni siquiera nombraron a alguien en retiro, sino a un militar que está en pleno ejercicio de sus funciones. Por supuesto que él no va a estar al servicio de la sociedad, sino del presidente Hernández.
Esto es otro grave retroceso en el proceso de desmilitarización de la sociedad hondureña, tal como lo demandamos hace unas décadas. Los militares siguen siendo los mismos y no han avanzado en su forma de ver al pueblo como un enemigo.
Con esa decisión arbitraria se reafirma lo que estamos diciendo: Honduras va de paso hacia la consolidación total de una dictadura disfrazada de democracia, que va a ser dolorosa, sangrienta y larga.
-La primera semana de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó al país. ¿Cómo evalúas su estadía y el informe preliminar que acaban de publicar?
-El informe fue fuerte y contundente. En un país tan herido, tan golpeado y tan ávido de justicia, la presencia de la CIDH permitió a las víctimas contar sus dramas y denunciar las persecución, represión y hasta el abandono total de parte de las instituciones.
Asimismo, los comisionados pudieron constatar la total impunidad que hay en el país, así como la instrumentalización y la colusión del sistema de justicia con el poder político y económico, y la existencia de lugares irregulares de detención.
En fin, creo que la CIDH tiene todos los elementos para evaluar y pronunciarse contundentemente ante lo que estamos sufriendo las y los hondureños.
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