En una declaración conjunta de expertos en derecho internacional de todo el mundo expresan desde lo jurídico un análisis sobre el comportamiento de Israel en Gaza a partir del 8 de julio. “sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación y falta de respeto por los principios más básicos del Derecho relativo a los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza”, denuncia el documento.
(boicotisrael.net) Gaza – La comunidad internacional debe poner fin al castigo colectivo de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza. Como académicos de Derecho Internacional y Penal, defensores de derechos humanos, juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de paz, y aún más, en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación y falta de respeto por los principios más básicos del Derecho relativo a los conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra población civil, con independencia de la identidad de los autores, que no sólo es ilegal según el Derecho Internacional, sino también moralmente intolerable. Sin embargo, como también implícitamente señala el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no pueden ser considerados iguales, y sus acciones —una vez más— parecen ser de una magnitud incomparable.
Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las que se encuentran en el centro de la
tormenta. La población civil de Gaza ha sido victima de la falsa interpretación del derecho a la legítima defensa, en medio de una escalada de violencia provocada delante de toda la comunidad internacional. La llamada operación Margen Protector empezó durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una larga ocupación beligerante que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto continuado, miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza desde el año 2005, durante los recurrentes y aparentes períodos de “alto el fuego”, y después de la “desconexión” unilateral de Israel de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por los actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza y anteriores a la última escalada de las hostilidades, no deben ser tampoco ignoradas.
Según fuentes de la ONU, en las dos últimas semanas, casi 800 palestinos han sido asesinados en Gaza y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, han sido blanco de los ataques y severamente dañados. Siendo esta una de las operaciones más sangrientas y más agresivas jamás llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una falta de respeto total a la inocencia civil.
Además, la ofensiva ha causado ya la destrucción generalizada de edificios e infraestructuras: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido objetivo de los ataques resultando en su destrucción o gravemente dañadas.
A la población civil de la Franja de Gaza la están atacando directamente y muchos han sido forzados a abandonar sus hogares. Lo que ya era una crisis de refugiados y humanitaria, se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos llega casi a los 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas ya rebasadas de la UNRWA, que por desgracia tampoco son zonas seguras como lo han demostrado los reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y viven en un estado de terror constante. Este resultado es intencionado, ya que Israel se apoya de nuevo en la “doctrina Dahiya“, que recurre deliberadamente al uso desproporcionado de la fuerza para infligir sufrimiento a la población civil con el fin de lograr objetivos políticos (ejercer presión sobre el Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.
Haciendo esto, Israel viola repetida y flagrantemente el Derecho de los conflictos armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden ser atacados, es decir, “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o uso contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una ventaja militar definida”. La mayoría de los intensos bombardeos infligidos recientemente sobre Gaza carecen de una justificación militar aceptable. Por el contrario, parecen estar diseñados para aterrorizar a la población civil. Como aclara el Comité Internacional de la Cruz Roja, provocar deliberadamente el terror es, sin lugar a dudas, ilegal según el Derecho internacional consuetudinario.
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