Lo resolvió el Juzgado de Garantías Nº 4 al responder favorablemente el recurso de habeas corpus presentado por Comisión Provincial por la Memoria tras la realización de una inspección efectuada por el Comité Contra la Tortura en esa unidad, ubicada en Mar del Plata.
Tras la inspección desde la CPM afirmaron: “toda la unidad se encuentra muy deteriorada, lo que debe imputarse a la falta de mantenimiento o a la realización de remodelaciones superficiales”. En este sentido, se refirieron especialmente a la presencia de roedores e insectos y problemas infraestructurales desde filtraciones y falta de vidrios hasta el pésimo estado de la red cloacal, hídrica y eléctrica.
Se recorrieron los pabellones Nº 3, denominado de admisión, el 4 (de ingreso) donde se alojan detenidos provenientes del conurbano bonaerense, el 7 (SAC) y el sector de sanidad, y se entrevistaron a todas las personas presentes en cada lugar.
Como diagnóstico general, se dio cuenta de un agravamiento de las condiciones de detención que combina las serias deficiencias edilicias con aislamiento y afectación del vínculo familiar, alimentación mala y deficiente, falta de atención médica, medicación insuficiente y dificultades en el traslado a hospitales extramuros y obstáculos en el acceso a derechos como la educación y el trabajo. También se relevaron casos de torturas y malos tratos.
Se especificó la falta de acceso al trabajo, la educación y espacios de recreación, el aislamiento prolongado en espacios donde un detenido puede llegar a pasar más de dos meses sin ver la luz del sol, y la falta de acceso a elementos de higiene personal y de limpieza. Los detenidos coincidieron en señalar que la comida que se les proporciona es de pésima calidad, además de escasa y que muchas veces se encuentra en estado de descomposición. También se hizo referencia a la inexistencia de una red efectiva contra incendios: pocos matafuegos, falta de infraestructura adecuada para un procedimiento de emergencia en caso de siniestro, la apertura de las celdas es muy dificultosa y que es complicado encontrar las llaves de los candados, lo que imposibilitaría una rápida evacuación de los detenidos.
La resolución judicial dispone un plan de refacciones y reparaciones en el penal y ordena la clausura del Pabellón Nº 3 de Admisión, prohibiendo expresamente el alojamiento de personas en ese lugar y la reubicación de los 35 detenidos allí alojados.
“Las graves situaciones relevadas, se inscriben en un contexto regresivo en materia de respeto por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, que ha profundizado sus políticas represivas y la detención de jóvenes pobres, llegando en la actualidad a más de 33.000 detenidos alojados precariamente en los centros penitenciarios, una cifra histórica en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.
