Mientras se demora la sentencia en el juicio Escuelita III para la segunda semana de mayo; el juez Pedro Federico Hooft, acusado por su actuación en la tramitación de habeas corpus durante la última dictadura, fue absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Bonaerense. A su vez, Interpol detuvo en Paraguay al ex capellán militar de Bahía Blanca, Aldo Vara, que se encontraba prófugo de la Justicia Federal; y el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, se presentó a indagatoria por el crimen de dos trabajadores. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina – Para este miércoles 30 de abril estaba prevista la lectura del veredicto en el juicio de la causa conocida Escuelita III, que toma los casos de 55 víctimas y por la que están imputados Jorge Di Pasquale (exjefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182), Mario Alberto Gómez Arenas (exjefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña), Luis Alberto Farías Barrera (exjefe de la Sección Sanidad de Unidad Militar), Hilarión de la Paz Sosa (ex médico militar), y Jorge Soza (ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal). Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén resolvió postergarlo, al igual que las últimas palabras del acusado Farías Barrera. La sentencia en este tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región se conocerá recién entre el 12 y el 16 de mayo.
Cabe recordar que la mayoría de las querellas pidió penas de prisión perpetua para los acusados. Al finalizar una de las audiencias de esta semana, Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo filial Alto Valle, se acercó a los miembros del TOF 1 y les pidió que haya “verdad y justicia” al momento de definir el veredicto. Luego, Ragni declaró que los familiares esperan una condena significativa, y recalcó que a lo largo de este juicio, que comenzó en octubre del año pasado, no se conoció nada que al menos ella no supiera antes.
En tanto, este lunes la Interpol detuvo al ex capellán militar de Bahía Blanca, Aldo Vara, en Ciudad del Este, Paraguay, en donde se encontraba prófugo de la justicia federal desde agosto del año pasado, momento en que se había ordenado su detención.
La causa contra Vara se origina en una denuncia penal formulada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca tras la sentencia que condenó en setiembre de 2012 a catorce represores a prisión perpetua y otros tres a penas mayores a diecisiete años, en el marco del primer juicio oral por crímenes cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército.
Luego de escuchar testimonios de algunas de las víctimas que declararon a lo largo de las audiencias, el tribunal pidió investigar la actuación durante la última dictadura de Vara.
A partir de estos datos, los fiscales Miguel Ángel Palazzani y Jose Nebbia, representantes del Ministerio Público Fiscal, imputaron al cura, que entre 1971 y 1979 actuó como Capellán del Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181, teniendo incluso una oficina en la planta baja del Batallón que fue lugar de cautiverio de varias víctimas.
Según explicaron los fiscales en su requerimiento, el rol de Vara era garantizar la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturar psíquicamente a los cautivos dentro de los Centros Clandestinos de Detención y Torturas, que funcionaron en el Área Militar 511 entre 1976 y 1979, y a sus familiares fuera de ellos. “A través de su ministerio como cura, los aconsejaba en uno y otro sentido. Para que cuenten -hablamos de estos roles del bueno y el malo- pero también los aconsejaba que no cuenten lo que les había pasado allí adentro. Los sobrevivientes sí le pedían a Vara que les diga a sus familiares que estaban allí, él los vio con las marcas de tortura, lo contó y relató en los juicios por la verdad cuando regían las leyes de impunidad y no podían ser castigados los responsables de estos actos”, explicó Nebbia en una entrevista realizada por FM De la Calle.
Actualmente los fiscales se encuentran efectuando los trámites para extraditar a Vara e indagarlo en el juzgado federal de Bahía Blanca. Luego, el juez de la causa decidirá si lo procesa y avanza hacia el juicio oral.
Nebbia además afirmó que a lo largo de estos meses, todas las respuestas recibidas en distintas jurisdicciones de la institución católica ante la consulta por el paradero de Vara “fueron siempre negativas”, ya que sostenían que el cura “se había desvinculado y que no tenían ningún tipo de información”. Incluso el Vaticano les respondió en este sentido a través de su representante en Argentina.
A su vez, la Unidad Fiscal de Bahía Blanca denunció por encubrimiento al arzobispo local, Guillermo José Garlatti, por financiar al ex capellán Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo. Los fiscales Nebbia y Palazzani pudieron corroborar en el Arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para Vara a pesar que tenía pedido de captura nacional e internacional y que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo.
En aquella sentencia de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca también había pedido investigar la actuación del diario local La Nueva Provincia. En este marco, el director de la publicación, Vicente Massot está imputado por crímenes de lesa humanidad, y la semana pasada fue citado a declaración indagatoria para responder por la muerte de los delegados gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
Tras la declaración, efectuada el jueves pasado, el juez Álvaro Coleffi tiene un plazo de diez días para resolver la situación procesal de Massot. De todos modos, es pobable que se pida una ampliación de la indagatoria para interrogarlo sobre nuevas pruebas.
Mientras el lunes era detenido el cura prófugo en Paraguay, en La Plata se vivía un día de impunidad. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires absolvió, por ocho votos a dos, a Pedro Cornelio Federico Hooft, el juez acusado no solo por su actuación en la tramitación de habeas corpus durante la última dictadura militar, sino también por su presencia en el Centro Clandestino de Detención Comisaría Cuarta y su vinculación con las autoridades militares de la Subzona 15.
La querella contra Hooft por homicidio, desaparición forzada y otros delitos ejecutados, en el marco del genocidio fue iniciada en 2006. Se le restringió su salida del país y se lo convocó a indagatoria en reiteradas oportunidades, cinco veces desde 2012, a las que se negó a concurrir en forma sistemática. Recién en los últimos meses se arribó al jury, que a pesar de haber recabado prueba documental y testimonial, el resultado fue absolutorio.
Ante esta situación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Mar del Plata, integrante de la parte acusadora, junto con la APDH Nacional, expresaron: “el verbo absolver, utilizado por la mayoría del Jurado de Enjuiciamiento, al rechazar las acusaciones contra Hooft, excede sus funciones propias, las que consisten en destituir o confirmar en sus funciones al magistrado, y no absolver o condenarlo; para ello sólo tiene jurisdicción el fuero penal, al cual el propio imputado evade. (…) La decisión del Jurado obstaculiza seriamente el acceso a la justicia por los más horrendos crímenes cometidos en nuestro país. Ella constituye una burla a la obligación del Estado de Juzgar de acuerdo al derecho internacional imperativo, a la construcción y afianzamiento de la Memoria Colectiva, y a las víctimas esperanzadas en ser reparadas en sus justos derechos. Pero estas violaciones no quedarán impunes. Hemos sabido esperar y recorrer todos los caminos para cumplir con este postulado de la humanidad”.
En este marco, las partes acusatorias adelantaron que analizarán las posibilidades legales de revisar la sentencia dictada, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Fuentes: Fm de la Calle / 8300 web / APDH