El tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD La Escuelita de Neuquén ingresó en su última etapa; en Mendoza, las partes acusadoras lograron ampliar y agravar las imputaciones contra los ex magistrados que son juzgados. Mientras tanto, los familiares y amigos de Silvia Suppo continúan esperando algo de justicia al cumplirse cuatro años de su asesinato. Red Eco Alternativo

(Red Eco) – Argentina – Etapa de alegatos en la causa La Escuelita III. El abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Juan Cruz Goñi, pidió prisión perpetua para el ex teniente coronel de Inteligencia Jorge Di Pascuale, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén Mario Gómez Arenas y el ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa. En tanto, para el segundo jefe de la policía federal Jorge Alberto Soza, y el jefe de la División Personal del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, reclamó una pena de 25 años. La APDH solicitó que las condenas sean por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio y que se cumplan en cárcel común.
Goñi además pidió que se incluya la figura de homicidio agravado con alevosía para Di Pascuale y De la Pas Sosa por el asesinato de José Luis Albanesi durante las sesiones de tortura en el ex centro de detención “La Escuelita”.
Respecto al ex médico militar De la Pas Sosa, Goñi se refirió a la importancia de condenar el uso antagónico de la profesión al asistir y participar de las sesiones de tortura. “¿Por qué no es un agravante que el médico utilice la profesión para ejercer un delito?”, preguntó el abogado.
Al presentar su alegato, la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), integrada por Natalia Hormazabal e Ivana Dal Bianco, solicitó prisión perpetua por el delito de genocidio, cometido en perjuicio de las 55 víctimas para los cinco imputados.
En este marco, Dal Bianco describió el circuito represivo en la zona y destacó el rol del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”: “La cercanía del lugar en que funcionó el centro clandestino del Batallón pudimos vivenciarla con la inspección ocular realizada. Nadie que pasara por el Batallón entre junio de 1976 y fines del 1978 puede válidamente decir que desconocía lo que pasaba allí adentro”.
Por su parte, Marcelo Medrano, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó 18 años de prisión para Gómez Arenas y Farías Barrera; 16 años para Di Pasquale, 13 años para De la Pas Sosa, y 12 años para Soza.
Finalmente, los fiscales Marcelo Grosso y Adrián García Lois pidieron penas de 25 años de prisión para Jorge Di Pasquale, Hilarión De la Pas Sosa, Alberto Farías Barrera y Mario Gómez Arenas, para el que también se solicitó se revoque su prisión domiciliaria. Para Jorge Soza, en tanto, solicitaron 20 años. Y para todos los casos, inhabilitación absoluta y perpetua.
Durante su alegato, los fiscales dieron cuenta del circuito represivo de la zona, a partir de las tareas de inteligencia que se realizaban, las detenciones y secuestros de personal civil, que luego era llevado a la “La Escuelita”, la comisaría cuarta de Cipolletti, la comisaría 14º de Cutral Co o la sede de la Policía Federal en Neuquén, lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Además, manifestaron que está acreditada la existencia de un plan sistemático, algo que los acusados negaron en todo momento, y utilizaron elementos del veredicto de la causa Reinhold, conocida también como Escuelita I.
Las próximas audiencias de alegatos se desarrollarán el miércoles 9 de abril, y el jueves 10 en caso de ser necesario. Las réplicas y las palabras finales están previstas para el 23 de abril, y la sentencia se dictará entre el 28 y el 30 de abril.

Cambio de Acusación
En el marco del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, la Fiscalía y las querellas pidieron modificar la imputación contra los ex magistrados que están siendo juzgados. De esta manera, los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo pasaron de estar acusados de omisión de investigación a privación abusiva de la libertad, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos, allanamiento ilegal de morada, asociación ilícita, y homicidio agravado a aquellos que intervinieron en las causas que contemplan desapariciones forzadas.
Al respecto, Jorge Auat, fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos afirmó que “los ex magistrados llegaron hasta aquí acusados de omisión lo que es una banalización del rol que cumplían”: “¿Prescindían los autores de la barbarie, de la estructura judicial?, ¿qué hacían y dónde estaban los jueces? Surge claramente que formaron parte de un plan sistemático y colaboraron con él. De ningún modo pudieron estar ausentes”, reflexionó.
A su vez, la Fiscalía, a cargo Dante Vega y Patricia Santoni, detalló los casos en los que están involucrados cada uno de los ex jueces. Romano, en 33 casos de homicidio agravado, 26 de privación abusiva de la libertad, 36 de tormentos agravados, 1 omisión de investigación, 1 allanamiento ilegal y asociación ilícita. Miret, 7 casos de homicidio calificado, 18 de privaciones abusivas de la libertad, 6 de tormentos, 1 allanamiento ilegal, 3 casos de robo agravado y asociación ilícita. Carrizo, 2 casos de homicidio, 14 de privación abusiva de la libertad, 2 de tormentos, 1 allanamiento ilegal y asociación ilícita. Petra, 17 casos de homicidio, 5 de privación de la libertad y asociación ilícita.
Además, se realizaron ampliaciones en las acusaciones contra el resto de los imputados.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal aceptó estas nuevas calificaciones legales contra los acusados, o al menos tenerlas presentes. Sin embargo, no dio lugar al pedido de revocación de la excarcelación que beneficia al imputado Pedro Linares; además de rechazar los pedidos de detención inmediata contra Miret, Petra y Carrizo.
La próxima audiencia se llevará adelante el lunes 7 de abril, a partir de las 9.30.

Silvia Suppo presente
Su testimonio fue clave para la primera condena por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. También para establecer la violencia de género como una forma de tortura. Suppo fue secuestrada durante la última dictadura cívico militar, y violada por sus captores; como quedó embarazada, sus represores le practicaron un aborto en el cautiverio. Durante el desarrollo de aquel juicio por la causa Brussa, recibió amenazas telefónicas. El 29 de marzo de 2010 fue asesinada de nueve puñaladas en su local comercial en la ciudad de Rafaela.
Dos cuidacoches de la zona fueron arrestados y se confesaron como los autores materiales. Sin embargo, Marina y Andrés, los hijos de Silvia, afirmaron desde un primer momento que el móvil debía buscarse en la búsqueda de justicia que llevó adelante su madre.
La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo. Desde un comienzo, sus familiares y amigos denunciaron las irregularidades de la investigación. Los primeros policías que se acercaron al negocio, realizaron el peritaje en ausencia de la fiscal, y arruinaron la escena del crimen, contaminaron huellas y ocultaron pruebas. Además, no se organizó ningún operativo para evitar que los posibles asesinos salieran de la ciudad y se citó a declarar en forma ilegal a testigos.
“Todas estas irregularidades ocurrieron bajo la jefatura de Juan José Mondino, responsable de la Unidad Regional 5º en aquel momento, y actual Coordinador de prevención en seguridad de nuestra ciudad”, afirmaron desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, a través de un comunicado difundido en los últimos días.
“Durante 3 años – continuaron –, el juez federal Reynaldo Rodríguez solo dejó pasar el tiempo, no investigó y no dejó investigar rechazando las medidas solicitadas por la querella. En dos ocasiones, intentó apartar de la causa a dos de los imputados sin realizar una investigación previa. La Cámara Federal de Rosario revocó en las dos oportunidades esos apartamientos y le ordenó que primero realizara una investigación seria. Frente a esta situación, sin cansarnos, reclamamos día tras día por una investigación profesional, comprometida y libre de complicidades. Es por eso que a comienzos de 2013 le solicitamos al juez Reinaldo Rodríguez que se apartara de la causa, pero el magistrado se negó a hacerlo. Como consecuencia, en septiembre la Cámara Federal de Rosario decidió recusarlo afirmando que el mismo incurrió en ‘prejuzgamiento’ y que ‘carecía de imparcialidad e independencia’ para continuar obrando, y declaró la nulidad de las actuaciones que había llevado a cabo. Desde ese momento, el juez a cargo es Marcelo Bailaque, del Juzgado Federal Nº4 de la ciudad de Rosario, al cual le exigimos la investigación profesional y completa que venimos reclamando y que aún, a 4 años del asesinato político de Silvia Suppo, no se ha dado”.
Según el fiscal de instrucción, Walter Rodríguez, la responsabilidad material del hecho está clara, pero en su pedido de elevación a juicio incluye como acusación alternativa que el móvil del asesinato haya sido “la afectación de los procesos relacionados con delitos de lesa humanidad”.  Sin embargo, a cuatro años, el asesinato de Silvia Suppo permanece impune.

Fuentes: 8300.com.ar / http://juiciosmendoza.wordpress.com / Anred / CTA Rosario.