Desde hace más de un año, cuarenta familias de esa localidad bonaerense viven en una toma en terrenos pertenecientes a la municipalidad, cansadas de promesas y ante la necesidad urgente de viviendas. Allí no tienen luz, y es una zona inundable. La única respuesta que reciben por parte del Estado Municipal es la judicialización, llegando al lanzamiento de una orden de desalojo. Al respecto, el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional y lxs vecinxs del Barrio Scully manifestaron: “considerando que la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, dispone que ante estas situaciones el Estado se encuentra facultado para regularizar la situación, de forma de no tener que llevar adelante un desalojo, sino asegurando el derecho universal de la vivienda; es que solicitamos a la Municipalidad de San Andrés de Giles, lleve adelante las medidas necesarias para la regularización del estado habitacional de estas familias, privilegiando el derecho a la vivienda”.