Frente a la intentona golpista que sacude a Venezuela por estos últimos días, la Organización de Estados Americanos ha brillado por su ausencia. Una de las tantas explicaciones, probablemente, la encontremos en el concepto de “democracia” que maneja ese desprestigiado organismo interamericano, expuesto en la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA. Red Eco Alternativo

  (Darío Schapochnik-Red Eco) América  – La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por la Asamblea General de la OEA –vaya fecha- el 11 de septiembre de 2001.
Reconoce como antecedente inmediato, mencionándola incluso en su Preámbulo, a la “cláusula democrática”, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, entre el 20 y el 22 de abril de 2001. En dicha Declaración, los mismos Jefes de Estado y de Gobierno que habían aprobado la cláusula democrática, expresamente instruían a sus ministros para avanzar en las negociaciones para lograr que el ALCA entre en vigencia, a más tardar, en diciembre de 2005.
Para que quede claro que democracia no es lo mismo que participación popular, el artículo 2 de la Carta dice:
“El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.”
En otras palabras: los miembros de la OEA deben organizarse en base a la democracia representativa, que es aquella en la que -como dice el artículo 22 de la Constitución Nacional- el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Es decir: las asambleas barriales o vecinales, la revocación popular de los mandatos, y cualquier otra forma de participación directa de la población en los asuntos públicos, no es democracia. Ergo, un miembro de la OEA que se estructure políticamente en base a entidades de participación popular directa (como Bolivia o Venezuela), no es democrático.
La participación ciudadana (no popular, sino ciudadana), sólo es democrática si es respetuosa de la legalidad o del respectivo orden constitucional. Otra vez: un piquete, una asamblea barrial, o una movilización reclamando la renuncia de un funcionario, no son democráticas.
Perogrullescamente, el artículo 6 de la Carta dice:
“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.”
No toda participación popular es democrática, según la OEA. Las diversas formas de participación que parece alentar este artículo 6 serán las que consagren “en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”, como dice el artículo 2.
Además, la pregunta se impone por sí sola: ¿quién debe promover y fomentar las diversas formas de participación? Si la participación en la toma de decisiones es un derecho del pueblo (o de la ciudadanía, en la restringida concepción de la OEA), el obligado a su promoción y fomento es el Estado. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que, en caso de que lo haga, el Estado va a promover y fomentar formas de participación que sean, cuanto menos, respetuosas del status quo.
Para que esta concepción ultraconservadora de “democracia” no quede en lo meramente declamativo, la Carta prevé medidas concretas para garantizar su vigencia.
Así, el artículo 17 establece que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.”
El artículo 18, por su parte, señala que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.”
Como vemos, en ambos casos se trata de proteger a los gobiernos, frente a las situaciones que pongan en riesgo su proceso político institucional democrático, o su legítimo ejercicio del poder. Ya sabemos qué quiere decir la Carta cuando dice “democrático” o “legítimo”: basta con que sea formalmente respetuosa de la legalidad o del respectivo orden constitucional. Y es fácil imaginar qué situaciones estaban en la mente de los redactores de esta Carta cuando hacían mención a las “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”.
No se protege a los pueblos (o, al menos, a los ciudadanos) frente a los gobiernos o a los procesos antidemocráticos. Por el contrario, se blinda a los gobiernos con el respaldo de la OEA, frente a eventuales revueltas populares cuestionadoras de la institucionalidad o de la legalidad vigentes.
Los 39 asesinatos cometidos durante el 19 y 20 de diciembre de 2001; o las ejecuciones de Kosteki y Santillán, fueron actos de un gobierno democrático, que ejercía legítimamente su poder.
El golpe de Estado de abril de 2002, en Venezuela, no afectó el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder.
El alzamiento contra el gobierno de Evo Morales, de 2008, no puso en riesgo ningún proceso político institucional democrático, ni el legítimo ejercicio del poder de su gobierno.
Tampoco, el alzamiento policial de septiembre de 2010 en Ecuador.
La destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, en junio de 2012, fue formalmente respetuosa de la legalidad y del orden constitucional.
El intento golpista en Venezuela no pone en riesgo ningún proceso político institucional democrático, ni el legítimo ejercicio del poder de su gobierno.