A pocos días de terminar la última sesión de la legislatura, el Congreso hondureño tuvo una inusual productividad en la creación de leyes, la mayoría, orientadas a privatizar las empresas públicas del Estado y el congelamiento de sueldos y salarios a los burócratas. Asimismo, decidieron endeudar más al país con la banca privada, fondos de pensiones y organismos financieros por un monto de 30 mil millones de lempiras.
(Honduras Tierra Libre/Giorgio Trucchi – Opera Mundi) Honduras – Además, aprobaron el presupuesto general para este 2014 que será superior a los 183 mil millones de lempiras. Alrededor de 95 mil millones será para el gobierno central y los restantes 79 mil millones de lempiras para las instituciones descentralizadas.
Sobre los fondos que se sacarían de entidades de previsión como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), se teme que se drenen recursos para financiar el gasto corriente.
Dentro del voluminoso paquete de medidas, se dispuso que los empleados públicos, incluyendo a docentes no gozarán de incrementos salariales a excepción de los que se rigen bajo la categoría de contrato colectivo.
Hubo decretos que fueron analizados en tiempo récord, como la Ley de Secretividad del Estado, considerado por diversos sectores como una aniquilación de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Incluso, algunos congresistas consideraron la atípica productividad en el hemiciclo como “hemorragia legislativa” y reprocharon que los 71 diputados nacionalistas en contubernio con parlamentarios liberales se hayan tomado la molestia de dejar comprometidas todas la leyes a fin que el Congreso entrante –de mayoría opositora– no pueda hacer nada para revertirlo.
También se decidió la privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), al convertirla en sociedad anónima y será administrado a través de fideicomisos administrados por la Comisión Para la Promoción de las Alianzas Público-Privada (Coalianza).

Voces de la resistencia
Se calcula que no menos del 80% de las frecuencias de radio y televisión y de la prensa escrita esté controlado por cuatro grupos mayoritarios. Un hecho que quedó dramáticamente evidenciado durante el golpe que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya, cuando se desencadenó una feroz represión y persecución contra medios y periodistas que criticaban la ruptura del orden constitucional en el país.
 “Después del golpe, fue evidente como el oligopolio mediático en Honduras produjo un cerco desinformativo sobre la población, que derivó a un verdadero terrorismo mediático, suplantando la realidad que estaba aconteciendo. Mientras los militares se tomaban la Casa Presidencial y las personas protestaban y sufrían la represión en la calles, los medios transmitían dibujos animados y viejos partidos de futbol”, dijo Félix Molina, director de Alter Eco (Alternativas en Comunicación).
María Pia Matta, entonces presidenta de AMARC-ALC, señaló como el alto nivel de concentración de medios en Honduras era factor determinante en el cerco informativo que el gobierno de facto había tendido sobre sus acciones represivas. “La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes empresarios y las autoridades de facto fue un elemento clave en la censura informativa", afirmó Matta.
De igual manera, Frank La Rue, relator especial de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas, reportó que las autoridades estaban violando el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los hondureños y hondureñas. “Esta situación se ve agravada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que actúan coludidos con los intereses del gobierno ilegitimo”, resaltó La Rue. Además dijo que “en Honduras no existe la libertad de expresión ni para comentar los hechos de cada día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado”.
En aquellos días de violencia y de fuerte división de la sociedad hondureña, quedó evidenciada la necesidad improrrogable de un proceso serio y real de democratización del espectro radioeléctrico. El mismo Frank La Rue auspició redefinir “el interés social del uso de las frecuencias de telecomunicaciones y su forma de distribución, para dar a los ciudadanos una participación y un acceso a la información amplio”. También sostuvo que “las frecuencias comunitarias o las públicas deben tener los mismos derechos y obligaciones que las comerciales, por lo que no se debe presumir que necesariamente sean de baja potencia y de poco alcance”, dijo.
A su vez, la gubernamental Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó al Estado, en su informe final, “garantizar la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico”, facilitando que los pueblos indígenas, mujeres y otros grupos sociales “dispongan de medios propios de comunicación, que les permitan su derecho a expresar opiniones y a ser parte del proceso de toma de decisiones públicas”.
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