Cincuenta jueces decidirán entre hoy y mañana si el proceso de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales sigue suspendido o si se levanta esta medida cautelar. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se convertirá en el epicentro de un proceso que lleva abierto desde que el Gobierno de Ignacio González abriese el concurso que dio a Sanitas, Hima San Pablo y Ribera Salud las concesiones de los hospitales de Aranjuez, Parla y San Sebastián de los Reyes (Hima) Vallecas y Arganda del Rey (Ribera) y Coslada (Sanitas).
(Pablo Elorduy/A. P. Cañedo – Diagonal) España – La suspensión cautelar de las adjudicaciones por parte del juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo a principios de septiembre paralizó la privatización de los centros y supuso un varapalo para la Consejería de Sanidad de la Comunidad dirigida por Javier Fernández Lasquetty. Lo que se decidirá a partir de mañana es si las empresas pueden hacerse cargo de la gestión adjudicada durante el proceso judicial, independientemente de que se demuestren en un futuro las irregularidades ligadas al mismo.
“En la práctica es hacer la privatización”, explica Jesús Jaén, integrante de Patusalud, plataforma de defensa de la Sanidad pública que forma parte de la Marea Blanca. “Si se sigue adelante, las empresas ya se van a mover como si fuese efectiva”, es decir, se va a producir la temida reconversión al modelo privado, de difícil reversibilidad “aunque un juez determine en un futuro que el concurso se ha hecho mal”. En cualquier caso, el proceso judicial durará entre dos o tres años, pero lo que se determine a lo largo de esta semana es fundamental porque, en caso de que se siga adelante con la llamada externalización de servicios, entrarán en vigor cláusulas de penalización a favor de las empresas y se constituirán plantillas, lo que puede entorpecer una hipotética vuelta al funcionamiento público.
Así, desde Patusalud se ha convocado una concentración silenciosa en los alrededores de la calle General Castaños para presionar a los magistrados que deben tomar la decisión. Sin embargo, las mayores presiones han venido desde el propio Partido Popular de Madrid, que, a decir, de Jesús Jaén, ha llevado “el partido a su terreno”, llevando la decisión al TSJM, donde tiene una mayoría de jueces afines. Así, aunque los grupos políticos PSOE e Izquierda Unida han apoyado las movilizaciones contra la privatización de estos seis hospitales, desde Patusalud se considera que es difícil que la mayoría judicial decida mantener congelado el proceso.
Las mismas camas y menos trabajadores en la sanidad madrileña
El presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid está por debajo de la media autonómica y favorece las iniciativas que tienden a la privatización. Así lo recoge un informe elaborado por el Observatorio Madrileño de Salud que señala, además, que se trata de una tendencia constante desde la transferencia de las competencias sanitarias en 2002.
El Observatorio denuncia que, en estos momentos, la Comunidad de Madrid cuenta nada menos que con cinco modelos distintos de gestión privada o semiprivada que se caracterizan por una “ausencia total de transparencia, falta de evaluación y sobredotación presupuestaria respecto a los centros públicos”. Un ejemplo: en 2010, el presupuesto medio anual por cama era de 277.375 euros en los centros públicos (841 euros por cama y día), mientras que en los centros privados suponía 434.686 (1.331 euros diarios). Se trata de una diferencia -490 euros- incluso menos abultada que la estimada por el sindicato CSIT, que calcula en 715 euros la diferencia.
“Todas las experiencias en España y a nivel internacional aportan datos de que lo que se llama colaboración público -privada (un eufemismo de privatización) incrementa notablemente los costes sanitarios a medio plazo y empeora la calidad de la atención sanitaria”, afirma el Observatorio, que fue constituido el pasado mes de octubre y que está formado por 34 asociaciones, entre ellas la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Asociación Madrileña de Salud Mental, IFMSA Complutense, los Ayuntamientos de Rivas, Fuenlabrada, San Fernando de Henares y Parla; FACUA-Madrid y los sindicatos CC OO y UGT.