“¿A dónde va, abuela? Por aquí no se puede pasar”, dijo el policía antidisturbios. “Voy en busca de mi muerte. Si estáis golpeando brutalmente a la gente de mi pueblo ahí abajo, es ahí donde yo también quiero estar”. Así respondía la anciana María Dediu, palo en mano, cuando el lunes 2 de diciembre intentaba acceder a la zona donde cientos de antidisturbios, traídos desde varias zonas de Rumanía, desmantelaban brutalmente y por sorpresa el campamento de resistencia que los habitantes de Pungesti, al nordeste del país, habían montado el 16 de octubre, en oposición al comienzo de las obras de fracking por parte de Chevron.
El campamento siempre fue pacífico –según defienden los vecinos de Pungesti–, y visibilizaba la fuerte oposición local a los trabajos de perforación que habían comenzado a desarrollarse en un terreno cercano, que había pasado ilegalmente de titularidad pública a ser propiedad del alcalde para poder otorgar la licencia a la multinacional petrolera Chevron.
En Rumanía, las promesas de prohibir la fractura hidráulica contribuyeron a la elección del Gobierno actual de Victor Ponta, del Partido Socialdemócrata, en las elecciones de mayo de 2012. Se estableció una especie de moratoria de facto hasta finales de ese año, que sin embargo el nuevo Gobierno no respetó al conceder súbitamente cinco licencias a Chevron y a Shell.
La población ha llevado a cabo desde hace meses protestas masivas y hasta tres referendos en Dobrogea, una de las zonas afectadas en el sureste del país, que han dejado clara la oposición masiva a la actividad. En el condado de Vaslui, donde se ubica Pungesti, se han multiplicado los municipios que se autodeclararon libres de fracking.
Fuente: Samuel Martín-Sosa Rodríguez- Diagonal
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