La parota es un árbol tropical que puede llegar a medir 45 metros. Pero los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana no llegaron al cauce del río Papagayo para proponer un área natural que protegiese la selva caducifolia de la zona, a escasos kilómetros de Acapulco. Su idea era, más bien, construir una presa que sepultaría bajo el agua miles y miles de hectáreas de tierras que los pobladores poseían desde la Revolución mexicana.
(Martín Cúneo/Emma Gascó – eldiario.es) México – A mediados de 2003, sin avisar a las comunidades, ya habían cavado dos túneles profundos y taladró árboles frutales y sembradíos de maíz. Había unas 400 personas trabajando en una obra que se intuía enorme. Tras meses de coordinación y dudas, las comunidades de Garrapatas, Arroyo Verde y San José tomaron una resolución: pararla hasta que hubiera información. La mañana del lunes 28 de julio de 2003, cuando los ingenieros volvían de Acapulco de “reventarse” en los locales nocturnos, se encontraron con 120 personas que habían bajado del cerro de madrugada. Bien despiertas los estaban esperando con su herramienta de trabajo, el machete, en la mano.
“Ese día detuvimos dieciséis camionetas, tres maquinarias pesadas y seis vehículos particulares”, cuenta Felipe Flores Hernández, comunero de Garrapatas y ahora vocero de la organización que se creó a raíz de esos primeros días de confrontación: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop). En ese paraje, conocido como El Fraile, se mantuvo el plantón durante diez días. Los trabajadores tuvieron que irse y se llevaron la maquinaria con ellos.
Para impedir el acceso a la obra, las comunidades llegaron a mantener en los siguientes años hasta seis plantones simultáneos. Unos estaban cerca de los pueblos, otros se situaban junto al río o en los cerros. Las comunidades afectadas se turnaban. Eran unas treinta personas en cada plantón, los hombres de noche, las mujeres de día.
"La lucha es por el agua"
Según datos del Tribunal Latinoamericano del Agua, el proyecto tenía previsto sumergir el territorio no ya de tres, sino de 36 comunidades. Habría unas 25.000 personas afectadas directas cortina arriba y unas 70.000 afectadas cortina abajo y en los alrededores. Como si fuera poco, según denunciaron desde el Cecop, la compañía pretendía expropiar sus tierras pagando 70 centavos de peso el metro cuadrado, el equivalente a cuatro céntimos de euro. Con esa suma les quedaban dos opciones: emigrar o trabajar de vendedores ambulantes en Acapulco.
Poco a poco fueron saliendo a flote más y más datos que la CFE había omitido: de cortina para abajo quedaría la sequía y no podrían seguir bebiendo el agua del Papagayo “tal como viene”. Tampoco podrían, al contrario de lo que se les había dicho, pescar en esas aguas. Y comprobaron que su caso no era excepcional. En México, 167.000 personas han sido desplazadas por la construcción de represas, según datos de la ONG International Rivers. Muchas otras han conseguido hasta la fecha paralizar los proyectos, como en el caso de la presa Paso de la Reina (Oaxaca) y del Zapotillo (Jalisco).
Los taxistas del Anticristo
Para aparentar legalidad, entre 2003 y 2011 la CFE celebró once consultas comunitarias, siempre envueltas en irregularidades, tal como luego reconoció la justicia: se celebraban en otro municipio o sin respetar los plazos, acudían taxistas pagados para hacerse pasar por comuneros y ejidatarios, o se impedía la votación de los opositores al proyecto. En la primera consulta de 2004 había 600 firmas falsificadas.
En agosto de 2005, en otra consulta amañada, 5.000 personas opuestas a La Parota se enfrentaron a un millar de policías. Entraron al lugar de la asamblea con machetes, piedras, resortes [tirachinas] y arrasaron. La puntería de las mujeres con los resortes quedó registrada en la memoria colectiva.
Pero en menos de quince días ya se había convocado una nueva asamblea. Los agentes de policía que custodiaban la consulta, enfundados en sus hombreras negras y capeadas, parecían un ejército de armadillos. Cuando los comuneros consiguieron atravesar los retenes que habían detenido sus buses, se encontraron con el recinto vallado y que la asamblea ya había terminado. ¡Había terminado 30 minutos después de empezar! La rabia volcó las vallas.
En agosto de 2012, después de todas las sentencias a su favor y casi una década de resistencia, se daba un paso fundamental para la cancelación definitiva de La Parota. A través de la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, el estado de Guerrero se comprometía a respetar la decisión de las comunidades. La firma de los acuerdos era la confirmación: habían ganado.
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