En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Justicia, Jack Straw, afirmó que la difusión de esos datos podría causar un "grave daño" al Gabinete.
Según Straw, que firmó la orden de veto, ese "grave daño" resulta mayor que el posible beneficio público que pueda derivarse de la difusión de las actas, en las que quedaron reflejadas las discusiones del Gobierno acerca de la legalidad de la guerra.
"Hay que lograr un equilibrio entre la transparencia y el mantenimiento de aspectos de nuestra estructura de Gobierno democrático", argumentó Straw.
La decisión de Ejecutivo se conoció después de que el Tribunal de Información del Reino Unido dispusiera el pasado 27 de enero que, dado el "excepcional" interés público del caso, tienen que difundirse detalles de las reuniones ministeriales en las que se debatió la legalidad del ataque a Irak.
El Tribunal dictaminó que el Gobierno debe revelar las actas de dos reuniones del Gabinete celebradas el 13 y el 17 de marzo de 2003, o sea, días antes de la invasión de Irak el 20 de ese mes.
El Gobierno tenía plazo hasta este martes para publicar los documentos o presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Londres, aunque escogió finalmente la opción intermedia del veto.
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