Debido a un recurso de amparo presentado por comunidades de pueblos originarios en reacción a los desmontes que sufre su territorio; la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó  a una audiencia pública.

(Débora Sayanes- Red Eco) Ciudad Autónoma de Buenos Aires- La Suprema Corte de Justicia de la  Nación convocó el pasado miércoles a una audiencia pública por los desmontes y la tala de bosques nativos en Salta. Allí, se reunieron comunidades indígenas junto a autoridades  provinciales y nacionales y debatieron por la deforestación y las causales del alud que arrasó en Tartagal.
En la audiencia  los representantes legales de nueve comunidades Wichís denunciaron ante los miembros de la Corte, que en el último decenio se perdieron, sólo en la provincia de Salta, 1,2 millón de hectáreas. Agregaron que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró “en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques”, que limitó el desmonte, “la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años”.
Por su parte, el Fiscal del Estado de Salta, Ricardo Casali Rey y el ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades y que las autorizaciones se multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques. Los jueces no supieron responder cuando se les preguntó porqué  en el último trimestre del 2007 el desmonte alcanzó las 160.000 hectáreas y simplemente explicaron que “algunos pedidos (de deforestación), presentados en 2005 y 2006, se demoraron en su trámite por los controles que establecen las normas que rigen la provincia”.
Por otra parte, durante la audiencia, no hubo acuerdo en cuanto a las causas del alud de Tartagal.  El ministro Juan Carlos Maqueda preguntó a cada uno de los representantes si la deforestación de “un millón de hectáreas en Salta, entre 1998 y 2007, un tercio de esa cifra en el departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal” podría ser la causa del alud.
Frente a dicha pregunta el abogado Ferreyra, representante de las comunidades, se expresó por la afirmativa: “De acuerdo con lo que han relatado mis representados y algunos ingenieros agrónomos que nos asisten, sí, efectivamente, no hay posibilidades de desligar el desastre de los desmontes”.
Casali Rey respondió que “no hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido desmontes”.
El secretario Bibiloni, por su parte, admitió que “todo desmonte tiene algún impacto”, pero a continuación señaló que “en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud”.
Luego de la audiencia el dirigente campesino Alfredo Riera afirmó que “es falta de regularización de títulos de las tierras en estos lugares, yo aseguro que si las comunidades de los lugares y los criollos hubieran tenido ya sus títulos de la tierra no hubiese ocurrido lo que hoy ocurre, porque no hubiesen podido arrasar con todos los montes porque las comunidades se iban a oponer”.
Ahora la Corte deberá decidir en un plazo de 30 días si sigue al frente del caso y toma una resolución de fondo o lo delega a la justicia federal de Salta.