Durante el mes de enero cortes de carreteras, marchas, huelgas de hambre fueron los instrumentos que indígenas, ecologistas, trabajadores emplearon como medida de presión para evitar que el Gobierno de Rafael Correa apruebe la denominada "Ley Minera”

(Bruno Soria De Mesa – Especial para Red Eco) Ecuador – Los indígenas enfrentaron abiertamente al gobierno y perdieron. El debilitamiento, aislamiento político y organizacional del movimiento indígena quedó reducido a las comunidades en las cuales existen yacimientos minerales o que en breve serán centro de operaciones a cielo abierto de empresas mineras para explotar fundamentalmente cobre.La Asamblea Constituyente en abril de 2007 dejó sin efecto las 4.605 licencias mineras (entregadas a empresas privadas o a particulares) que les concesionaba más de 4,6 millones de hectáreas para explotar yacimientos de oro, plata, cobre y caliza. El plazo para promulgar una nueva ley ya se estaba venciendo y constantes movilizaciones de los mineros artesanales y trabajadores de empresas mineras transnacionales daban material a la oposición para criticar al gobierno de contribuir al desempleo y abonar a la crisis económica.Ante este panorama, la Comisión Legislativa aprobó la nueva Ley, que según el gobierno creara 300.000 fuentes de trabajo, proporcionara al fisco el 5% de regalías, pago de impuestos como IVA y  Rentas (antes pagaban por una sola vez 20 dólares por hectárea al momento de otorgársele a una persona una licencia de concesión minera).Esto fue calificado por la oposición como una apertura a la minería a gran escala, se afectarían fuentes de agua y sobre todo a la biodiversidad, ya que los mayores yacimientos encontrados se encuentran en lugares frágiles. Los efectos de la contaminación producidos por las mineras no serían paliados ni remediados por las medidas de compensación, mitigación, ni ninguna otra; por cuanto la explotación a cielo abierto es para siempre, además de que no se tomaba en cuenta el "consentimiento" de las comunidades y poblaciones afectadas y con ello se violentaba el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes que Ecuador ratificó en 1998.También se acuso al gobierno de tener especial interés en los proyectos de las transnacionales Kincross (oro), Ecuacorrientes (cobre), AMGOLD Corporation (oro), International Minerals Corp. (IMC) (oro); a las cuales se les daría trato igualitario en detrimento de la empresa estatal creada en la ley o de los inversionistas nacionales; para con ello introducir al Ecuador en la nueva división internacional de trabajo, que le correspondería ser productor de minerales.A estos argumentos, el presidente los tildó de "terroristas", "fundamentalistas", "ecologistas infantiles" y acuso de haber "perdido la brújula" y de hacerle "el juego a los sectores que tanto han criticado históricamente como la derecha a la que la actual administración combate"; y respondió con la terminación del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), creado durante la era neoliberal como instrumento para desmovilizar y despolitizar a los indígenas.Con esta medida, se cortaría fuente de financiamiento de proyectos que las organizaciones indígenas y particularmente la CONAIE tenía en las comunidades de su influencia y que ahora pasarían a los ministerios según el tipo de proyecto.Ante esta medida, la dirigencia indígena declaró que "no quiere desestabilización democrática. En estos momentos no tenemos en nuestros planes tumbar al gobierno". Las declaraciones de los dos bandos, evidencian del divorcio de los antiguos aliados ante lo cual la derecha se frota las manos y espera.