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Este lunes 5 de agosto a las 15.00 se realizará una marcha contra los 10 años de represión y despojo contra Villa La Maternidad. La concentración es en Agustín y Pasaje Letizia. Compartimos a continuación la denuncia pública de la Villa por la que están pidiendo adhesiones para ser presentada en distintas instituciones y organismos públicos.

¡BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL Y PERSECUCIÓN POLÍTICA EN VILLA LA MATERNIDAD!
CÓRDOBA: UNA CIUDAD PARA POCAS/OS

Las funciones básicas del Estado democrático de derecho –establecidas en la Constitución Nacional y Provincial, en leyes nacionales, provinciales y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos- en materia de reconocimiento y garantía de derechos constitucionales no fueron ni son reconocidas ni garantizadas por el gobierno provincial ni municipal en relación a la radicación definitiva de Villa La Maternidad. Todo lo contrario. Las diferentes políticas públicas y programas adoptados hasta el momento no hacen más que continuar denegando y despojando de derechos a las/os habitantes de esta villa quienes luchan por la defensa y el ejercicio efectivo de sus derechos, desde hace 10 años.
Las particulares modalidades de los procesos de gentrificación públicos y privados en la Ciudad de Córdoba exponen a las/os habitantes de Villa La Maternidad al despojo y la violación sistemática de sus derechos al  hábitat, a la ciudad, a la tierra, al arraigo, a la vivienda adecuada así como a la identidad, las propias formas de vida y la autodeterminación. El proceso de gentrificación inducido (abandono y posterior revalorización) en la zona donde se radica la villa (ingreso al Barrio San Vicente) se evidencia desde hace varias décadas ya que estos terrenos se convirtieron en el blanco de la especulación inmobiliaria y financiera de las grandes corporaciones desarrollistas urbanas.
El empresario cordobés Euclides Bugliotti inauguró en 2008 el supermercado Dinosaurio Mall Express (reconvertido en la actualidad en Súper Mami Dino) construido en las estructuras abandonadas del Molino Letizia ubicado en frente de la villa, y edificó las Torres Universitarias Milénica emplazadas en las estructuras de hormigón abandonadas desde los ’70 que se encuentran detrás del supermercado. Estos son dos emprendimientos comerciales y habitacionales que pretenden revalorizar la zona y, a la vez, ansían concretar el desalojo en forma  total y definitivo de Villa La Maternidad quedando en evidencia la estrecha vinculación entre políticas  habitacionales públicas y privadas y emprendimientos comerciales dando cuenta de que “la organización del consumo mediante la urbanización se ha convertido en algo absolutamente decisivo para la dinámica del  apitalismo”1, como afirma el geógrafo inglés David Harvey.(1)
Por otro lado, se sospecha que los gobiernos provincial y municipal erradicar definitivamente Villa La Maternidad  para destinar estas tierras a la construcción de futuras obras públicas con lo que se verían reforzados los  procesos de gentrificación de la zona en cuestión.
A pesar de que los distintos gobiernos provinciales diseñaron y se comprometieron públicamente con una amplia variedad de acciones (Acta Intención 2004, Decreto Provincial Nº 1234/04, Propuesta Habitacional 2005, Acta Acuerdo 2009, proyectos de ley elaborados por las/os vecinas/os y presentados en la Legislatura Unicameral en diciembre 2011 y en 2012)  tendientes a significar una solución efectiva a la problemática habitacional y de acceso a la tierra en Villa La Maternidad, estas acciones nunca fueron efectivizadas mientras que las personas que hoy la habitan siguen sufriendo todo tipo de desilusiones, acosos, persecuciones y amenazas de ser total o parcialmente desalojadas así como deben soportar represiones y hasta amenazas de muerte y de armado decausas por parte de la policía provincial.

Cronología del despojo y la represión
La actuación represiva del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) lo hace más que evidenciar la ausencia de políticas públicas de planificación de los rocesos de urbanización en función del valor y la función social de la tierra, de los erechos y de una calidad de vida adecuada para todas las personas que habitan la iudad. Y ante esta ausencia de propuestas urbanas inclusivas e integrales que ignifiquen una solución efectiva a la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, pareciera er que la única respuesta del Estado frente al legítimo reclamo de las/os vecinas/os de Villa La Maternidad por la titularidad de las tierras y la urbanización necesaria para
garantizar el ejercicio de derechos humanos básicos es el accionar represivo de las
fuerzas estatales de ‘seguridad’ y la criminalización y persecución política de quienes
luchan por sus derechos.
La cronología de las acciones represivas y persecutorias que soportan las/os vecinas/os
de Villa La Maternidad comienza su recorrido meses previos al desalojo de 2004. El
gobierno provincial pretendió desalojar totalmente esta villa recurriendo a un Informe de la
Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento (DIPAS) de mayo de 2003 que cataloga a
las tierras donde se asienta la villa como zona anegable, es decir, no aptas para el
desarrollo humano por su alto riesgo de inundabilidad. Sin embargo, al menos tres obras
públicas realizadas y en proyecto aún, indican todo lo contrario.
El último desalojo parcial de Villa La Maternidad estaba previsto que se concretara los
primeros días de mayo de 2004. Sin embargo, ante la resistencia de muchas familias se
postergó hasta el 15, 16 y 17 de junio de ese año cuando finalmente se efectivizó. Desde
meses previos al desalojo las familias de la villa debieron soportar el permanente acoso e
intimidación por parte de las trabajadoras sociales enviadas por el Ministerio de Desarrollo
Social para lograr persuadirlas de que aceptaran ser desalojadas. Más de 350 familias de
las 400 que habitaban la villa, fueron trasladadas y relocalizadas compulsivamente en los
barrios-ciudades ‘Ciudad de Mis Sueños’ y ‘Ciudad Evita’. Por entonces, el gobierno
provincial logró concretar parcialmente el desalojo y los traslados recurriendo a todo tipo
de engaños, extorsiones y otras violencias institucionales tanto sobre las personas como
sobre sus pertenencias. Se procedió con intimidación, presión y amenazas por parte de
las/os funcionarias/os públicas/os incluidas las trabajadoras sociales como a través de la
presencia en el predio de la villa de un fuerte despliegue de las fuerzas de represión
estatales (Policía Provincial, Ejército, Brigada Antisecuestros, División Canes, Policía
Montada, Drogas Peligrosas, ETER, Explosivos, Guardia de Infantería). El traslado
consistió en subir las pertenencias de cada grupo familiar a un camión del Ejército y la
inmediata demolición con topadoras de la Provincia de la que hasta minutos antes había
sido su vivienda durante décadas con el fin de evitar nuevos re-poblamientos, mientras las
familias y personas presenciaban las demoliciones convirtiéndose el traslado en una
práctica estatal con una fuerte impronta de violencia institucional.
De esta manera se llevó a cabo el desalojo parcial con un operativo propio del terrorismo
de estado conducido por el Coronel Devoto, por entonces secretario de Hábitat de la
Provincia. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social en ejercicio en ese momento era
el Dr. Daniel Passerini, quien ocupa el mismo cargo en la actualidad. El miedo fue el
principal dispositivo represivo utilizado por el gobierno durante los días del desalojo en
2004 y en los días posteriores, para provocar el quiebre de la resistencia de las vecinas y
vecinos así como la división y enfrentamiento entre las familias.
El Estado provincial tampoco generó instancias reales de participación ciudadana en la
elaboración de políticas habitacionales conjuntas con las personas afectadas vinculadas
al desalojo y traslado a estos barrios-ciudades. El Estado actuó negando el ejercicio de
ciudadanía al despojar de derechos constitucionales a quienes fueron trasladas/os
compulsivamente ya que se violaron sus derechos a la posesión de la tierra y de sus
viviendas que ancestralmente ocupaban sus familias en esta villa; se violaron sus
derechos al hábitat y a elegir dónde y cómo vivir; se les negó el ejercicio del derecho a la
ciudad y a la inclusión social ya que fueron trasladados/as a los márgenes más allá de la
avenida de Circunvalación alejándolas de sus trabajos, de los centros educativos y de
salud de la ciudad, y de las redes de relaciones sociales construidas en la villa y con los
barrios lindantes. Esto también puede ser entendido como una práctica de gueticidio por
parte del Estado al excluir una población en un sector delimitado y, además, altamente
contaminado quedando más excluida de lo que ya estaba antes de ser desalojada y
trasladada compulsivamente, y forzándola a vivir en condiciones que no alcanzan los
niveles básicos de adecuación, dignidad e inclusión social, cultural y laboral. Ciudad de
Mis Sueños se construyó en terrenos con niveles de contaminación muy elevados y
nocivos para las personas que allí fueron trasladadas ya que en ese lugar existía desde la
década del ’40 una laguna con desechos industriales tóxicos de la fábrica automotriz FIAT
que luego fue rellenada. Por todo esto, el traslado compulsivo a los barrios-ciudades es
significado por habitantes de Villa La Maternidad que resistieron al desalojo y que
regresaron a la villa, como una práctica genocida.
Otra de las acciones implementadas por el gobierno provincial para concretar el desalojo
total fue acusar de tenencia de armas de guerra a las vecinas y vecinos de Villa La
Maternidad. El 21 de septiembre de 2004 empleados del gobierno provincial afirmaron
encontraron armas de guerra (balas, granadas, cartuchos de escopeta, entre otros
artefactos de alto calibre) en el terreno. Esto significó para las vecinas y vecinos de la villa
una forma engañosa de presión e intimidación por parte del gobierno ya que estas
municiones no pertenecían a ningún/a vecino/a sino que habían sido plantadas por
alguien ajena/o a la comunidad.
Algunas/os vecinas/os de la villa iniciaron juicios de usucapión pocos días después del
desalojo mientras que la respuesta del gobierno provincial fue inscribir en julio de 2004 en
la Dirección de Catastro el predio de la villa como terrenos fiscales mientras que la
existencia de La Maternidad data de más de cien años de antigüedad con familias de
hasta tres generaciones de residencia en el lugar.
Meses después del desalojo Heraldo Eslava, vecino de Villa La Maternidad militante
contra el desalojo, comenzó a limpiar escombros de las viviendas destruidas para
empezar con una huerta comunitaria. Desde entonces, la huerta sigue existiendo y
también desde entonces la policía provincial se presenta en el lugar cada vez que
jóvenes, niñas y niños están trabajando en ella para interrogarles sobre lo que están
haciendo y decirles que "no tienen papeles" y que "ese terreno está usurpado". La Huerta
Comunitaria de Villa La Maternidad ya lleva 9 años de existencia y resiste también al
desalojo y a toda persecución policial.
Por otro lado, el 6 de octubre de 2004 cuatro niños/as de entre 6 meses y 4 años de edad,
hijos/as de una pareja de la villa, fueron quitadas/os a su madre y padre por la policía
provincial con argumentos engañosos de maltrato y abandono. Es significativo que su
familia era una de las que se oponían y resistían públicamente y con gran firmeza a ser
desalojas. En diciembre de 2004, como resultado de los reclamos y la movilización de las
vecinas y vecinos y el apoyo de organizaciones de derechos humanos, estudiantiles,
sindicales, culturales y territoriales de Córdoba estos/as cuatro niños/as son
reintegrados/as a su familia.
En 2007, el gobierno provincial construye una plaza en terrenos de Villa La Maternidad
ubicados frente al Súper Mami Dino donde, hasta junio de 2004, vivían familias que fueron
desalojadas compulsivamente y trasladadas a Ciudad de Mis Sueños y Ciudad Evita. El
objetivo fue impedir que estos terrenos sean repoblados con futuros asentamientos
informales. Esta plaza luego fue destruida en marzo de 2011 para la edificación del
Instituto Provincial de Formación Docente durante el mandato del gobernador Juan
Schiaretti (Partido Justicialista, 10 de diciembre de 2007-10 de diciembre de 2011). Esta
obra continúa en ejecución.
El lunes 10 de noviembre de 2008 el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Carlos
Massei, se hizo presente en la villa junto a la Lic. Clara Pereyra y otras/os funcionarias/os.
Anunciaron el cercado perimetral de todo el predio de la villa con la finalidad de que “sirva
para la parquización y urbanización del barrio”. La gran excusa que dio el gobierno
provincial fue evitar que otras personas ajenas a la villa arrojaran basura en los terrenos y
evitar que “la delincuencia” cruce por estos terrenos. También, este ministro dijo que si
alguna familia quería irse lo podía hacer para lo que se le otorgaría una vivienda en algún
‘barrio social’, es decir, en algún de los gueto de exclusión de la marginalidad clasificados
como barrio-ciudades y construidos durante los gobiernos de De la Sota con la
aprobación Schiaretti por entonces vice gobernador. A esto se suma con gravedad que
Carlos Massei y las/os funcionarias/os presentes exhortaron a las/os vecinas/os a impedir
que cualquier persona venga a la villa con intenciones de radicarse ante la ausencia de un
lugar donde construir su vivienda. Es decir, además de cercarlas/os les “invitan” a actuar
de policía con otras/os ciudadanas/os.
Este alambrado perimetral de la villa se vuelve a mencionar en la cláusula 2ª el Acta
Acuerdo firmada el 2 de enero de 2009 con la presencia del ministro de Desarrollo Social,
Daniel Carlos Massei. Sin embargo, el mismo estado omite cumplir los otros acuerdos
establecidos: “realizar obras tendientes a lograr el saneamiento ambiental (cláusula 1ª);
relevamiento de la situación habitacional de la familias residentes (cláusula 3ª); gestión
ante la empresa Aguas Cordobesas, a fin de reparar la red de cañerías, para lograr el
mejoramiento de la provisión de agua potable (cláusula 4ª); parquización del predio
delimitado e instalación de luminarias en dicho sector (cláusula 5ª); reuniones periódicas
tendientes a perfeccionar nuevos acuerdos en relación a los objetivos propuestos, entre
ellos una guardería materno infantil, y un grupo de apoyo escolar (para ambos proyectos
los equipos serían solventados por el Estado Provincial), una huerta comunitaria; generar
una disciplina de trabajo y cotidianidad que eleve social y culturalmente el complejo
comunitario (cláusula 6ª); MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS Y PARQUIZACION
DEL PREDIO (cláusula 8ª)”. Nada de esto ocurrió y a cambio de militarizó el territorio con
persecuciones y brutales represiones policiales a las/os vecinas/os, especialmente las/os
jóvenes.
El domingo 10 de mayo de 2009, un grupo de policías entró violentamente a una vivienda
de la villa sin orden de allanamiento ni de detención y, represión de por medio, llevaron
detenidas a dos jóvenes acusados de un delito que no cometieron. Esta familia denunció
públicamente que venía siendo blanco de reiterados allanamientos totalmente irregulares
desde hace tiempo. Uno de los jóvenes detenidos se encontraba en el dormitorio
conversando con su novia y un agente policial, acompañado de otros cinco oficiales,
ingresó al lugar y agarrándolo del cuello lo sacó a los golpes de la vivienda. Otro joven,
que estaba presenciando los hechos también fue detenido sin tener vinculación alguna
con el supuesto delito. Ante tal represión las/os familiares intentaron explicar que no
tenían absolutamente ninguna implicación. Los agentes policiales respondieron con
disparos de balas de goma y golpes a las personas que se encontraban en la casa,
incluida una mujer, mientras que las/os niñas/os eran intimidadas/os con gritos e insultos.
Mientras las detenciones y represiones ocurrían la familia filmó en todo momento. Por
ello, los agentes policiales regresaron el 12 de mayo con una orden de allanamiento por
una “moneda de 25 centavos” mientras que el verdadero objetivo sería el secuestro del
celular con el que se filmó.
En el marco de la 6º Jornada contra el desalojo de Villa La Maternidad, el 9 de julio de
2010 se organizó un locro solidario y una muraleada en la villa. Sin embargo, a la mañana
cuando las/os vecinas/os comenzaron con los preparativos de la jornada en el Pasaje
Letizia se presentaron móviles del Comando Antirrepresivo Policial (CAP) y agentes de la
Guardia de Infantería interrogando a las/os vecinas/os con una actitud claramente
intimidatoria. El agente policial a cargo del interrogatorio dijo: “Nosotros estamos para
prevenir. Nada más. Siempre y cuando no sea algo ilícito, que vengan a cortar la calle.
Siempre y cuando no agredan a la policía yo creo que nosotros no vamos a reprimir a
nadie”. Los móviles permanecieron toda la jornada vigilando en frente de la villa.
El miércoles 24 de agosto de 2011 a la madrugada falleció Heraldo Hilarión Eslava
cuando estaba internado en un hospital público a raíz de dos violentas golpizas que
personas no identificadas le propiciaron el jueves anterior en cercanías a su casa cuando
volvía de comprar los pasajes para viajar a Santiago del Estero a otro encuentro de la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y dentro de su casa la tarde de su muerte.
Heraldo era un inquebrantable militante social comprometido con la lucha contra el
desalojo de la villa y con distintas luchas de los sectores movilizados por el reclamo del
efectivo ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a un ambiente sano y
la salud. Estas acciones molestan y atentan contra los intereses de grandes grupos
económicos y políticos a los que Heraldo desenmascaraba con valentía y tenacidad. Su
muerte nunca fue esclarecida.
Por su parte, a principios de septiembre de 2011 se inician las obras del Puente Letizia
que está estipulado atraviese el Río Suquía uniendo Barrio Junior y General Paz con
Barrio San Vicente. La urgencia de la obra radica según los gobiernos provincial y
municipal en la necesidad de habilitar un ingreso directo de los colectivos de larga
distancia a la Nueva Terminal de Ómnibus desde la Ruta 9 Sur, Costanera Sur, llegando a
la altura de Barrio Junior para atravesar el predio de Villa La Maternidad a través el
Pasaje Letizia hasta la Avenida Agustín Garzón, justo a la altura del ingreso al
supermercado Súper Mami Dino, habiéndose ya finalizado la primera etapa sobre el Río
Suquía y cuya segunda etapa está previsto que pase por el medio de la villa en el Pasaje
Letizia donde viven en la actualidad varias familias. La concreción de esta obra no resulta
indispensable ya que se podrían haber habilitado otros ingresos para los colectivos de
larga distancia hacia la Nueva Terminal Ómnibus sin la necesidad de atravesar por el
territorio de la villa poniendo en riesgo la vida de las/os niñas/os que utilizan el Pasaje
Letizia como área de juego y recreación así como se podrían haber evitado las amenazas
de desalojo a las familias que allí habitan hasta el punto de ser denunciadas penalmente.
La Municipalidad de Córdoba presentó el 29 de junio de 2012 una denuncia penal por
usurpación a estas familias que viven en el Pasaje Letizia. Al mediodía se presentó el
comisionado Mario Beltrán de la Fiscalía de Instrucción Turno 4, Distrito 4 a cargo de la
fiscal Liliana Mónica Copello para, según sus declaraciones, “investigar acerca de una
denuncia realizada por el municipio en esa fiscalía sobre personas que están usurpando
tierras en el Pasaje Letizia de Villa La Maternidad y, por ello, están impidiendo el avance
de la obra del Puente Letizia”. El funcionario judicial les advirtió a las/os vecinas/os que la
denuncia recaía sobre ellas/os y que debían irse o “correrse” porque si no les van a
desalojar. Cabe aclarar que estas familias nunca fueron notificadas oficialmente.
Por su parte, en octubre de 2012 vecinas, vecinos, niñas y niños de la villa junto a otras
organizaciones sociales realizaron una jornada de limpieza y forestación del predio que
incluyó la construcción de una plaza en el área recreativa y de juegos sobre el Pasaje
Letizia. Mientras se desarrollaba la actividad se presentaron en el lugar cinco móviles de
la CAP para interrogar sobre lo que se hacía. Uno de los agentes policiales sentenció:
“Quería saber qué están haciendo. En este lugar no se puede ni construir, ni hacer
cimientos. ¿Esta es su casa? ¿Usted tiene los papeles de esto? ¿Me muestra los
papeles?”. Un vecino le cuestionó que no tenía ninguna orden ni autoridad para estar
pidiendo papeles y este agente le contestó: “No necesito ninguna orden. Necesito los
papeles”. Se le explicó que se estaba limpiando el predio y no construyendo cimientos.
Este agente interrogó nuevamente al vecino: “¿Dónde vive usted? ¿Dónde? ¿En cuál
casa?”. Finalmente tres móviles de la CAP permanecieron controlando mientras se
continuó con la jornada.
El 5 de diciembre de 2012 tres jóvenes vecinas/os de la villa fueron detenidas/os por la
policía provincial en el marco de un procedimiento violentamente represivo. Estas/os
jóvenes se dirigían a comprar a un negocio sobre la Agustín Garzón cuando un móvil de
la CAP de la Comisaría 5º de San Vicente los interceptó con una orden de detención para
una persona con muletas por un supuesto robo. Ante esta grave irregularidad, ya que el
joven vecino de la villa que efectivamente estaba con muletas acababa de llegar de una
consulta médica, las/os jóvenes se resistieron a ser detenidas/os arbitrariamente y fueron
brutalmente golpeados/as por los agentes policiales. Reprimieron especialmente al joven
con muletas quien tenía su pierna vendada y lastimada tras una operación, golpeándolo
directamente en las heridas. Ante estos atropellos, otras/os vecinas/os y familiares se
acercaron para impedir que les siguieran reprimiendo y también ellas/os fueron
brutalmente golpeadas por la policía. Una mujer que estaba filmando las golpizas fue
tironeada del cabello, golpeada y hasta intentaron secuestrarle el celular. Finalmente fue
detenida ella también. Además, la policía que había formado un cordón de más de 20
oficiales con varios móviles, reprimió con balas de goma y un niño resultó herido con
impactos en la espalda. Familiares de las/os jóvenes reprimidas/os y detenidas/os
arbitrariamente realizaron la denuncia en Tribunales Judiciales y en el Tribunal de
Conducta Policial por lo que esta familia continúa siendo, y con mayor intensidad,
perseguidas/os por la policía y hasta amenazadas/os de muerte y con el armado de
causas: “Vas a aparecer muerto en una bolsa negra” y “Te vamos a meter un arma y un
echo” son algunas amenazas de los agentes policiales. En otra oportunidad, móviles
policiales de la misma comisaría irrumpieron violentamente disparando balas de goma en
la vereda el domicilio donde estaban mujeres y niñxs junto a jóvenes militantes. La última
detención arbitraria que sufrieron fue el viernes 26 de julio de 2013.
En un nuevo aniversario del Cordobazo, el miércoles 29 de mayo de 2013, se realizó un
corte de calle en la villa para exigir explicaciones públicas al gobierno provincial acerca de
declaraciones en la prensa local sobre su decisión de desalojar la mitad de la villa sin
haber sido notificadas/os ni consultadas/os las/os vecinas/os. El funcionario del Ministerio
de Desarrollo Social Carlos Viana se hizo presente y concretó una reunión en el ministerio
con las/os vecinas/os de la villa para el lunes 3 de junio.
El sábado 1 de junio de 2013 se realizaron en forma sorpresiva y por más de cinco horas
(desde las 6.30 hasta las 13.30hs) violentos e irregulares allanamientos (ya que
incluyeron el robo de dinero, el saqueo de mercadería y tratos crueles e intimidatorios a
niñas/os por parte de la policía) en tres viviendas de la villa las que quedaron totalmente
destruidas. Tres vecinas/os fueron detenidas/os y aún permanecen privadas/os de su
libertad. Resulta llamativo que estas/os vecinas/os junto a otras/os compañeras/os iban a
participar el lunes 3 de junio en la mesa de diálogo y negociación con funcionarios de la
Secretaría de Escrituración de Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social a
cuyo cargo está el Lic. Paulo Messori, encuentro acordado tras el corte del miércoles
anterior. Dos de los detenidas/os ya habían sido brutalmente reprimidos y detenidos hace
varios años cuando se dirigían a comprar comida en una moto.
Otra familia de la villa sufrió el miércoles 24 de julio de 2013 la detención de dos
hermanas/os sin pruebas reales en un procedimiento totalmente ilegal y gravemente
represivo por parte de la policía provincial. Los agentes ingresaron a la vivienda sin orden
de allanamiento ni orden de detención alguna, golpeando brutalmente a las/s dos
detenidas/os hasta el punto que el joven vecino estaba sufriendo una convulsión y le
seguían ahorcando y pegando con la pistola reglamentaria en la boca del estómago,
garganta y cabeza mientras su hermana era golpeada en todo el cuerpo y hasta con
patadas en la cabeza. También le apuntaron con el arma a la cabeza de un bebé y le
dijeron a su madre que no la llevaban porque iba a salir por el niño. Además, los agentes
policiales intentaron crear una prueba falsa colocándole en el bolsillo del pantalón una
tarjeta que no pertenecía al vecino. Luego de tres días consecutivos de corte de calle en
la villa exigiendo su inmediata liberación, fueron liberados el viernes 26 de julio. Esta
familia vive junto a otras en el Pasaje Letizia por donde tiene que continuar el segundo
tramo del Puente Letizia. Todas ellas fueron denunciadas penalmente por usurpación en
junio de 2012 por la Municipalidad de Córdoba.
Tan sólo dos días después de estas represiones y mientras se esperaba la liberación de
las/os vecinas/os, el viernes 26 de julio por la tarde ocurrió la detención de los dos
jóvenes que estaban sentados en la vereda de su casa. Un patrullero de la Comisaría 5º
los llevó detenidos por una falta contravencional inexistente argumentando que “habían
recibido un llamado de alguien”. Los trasladaron a la Unidad de Contención al
Aprehendido (UCA) y a las horas fueron liberados. Uno de los jóvenes es quien viene
siendo particularmente perseguido y hostigado por la policía provincial desde hace tiempo
ya, llevándolo detenido en el último mes en tres oportunidades.
Como si todo fuera poco, el domingo 28 de julio de 2013 el joven vecino reprimido y
detenido el miércoles anterior volvió a ser detenido por la policía provincial mientras
cruzaba el nudo vial a dos cuadras de la villa aplicándole la falta contravencional de no
tener el DNI. Fue trasladado a la UCA donde permaneció demorado hasta el lunes 29 de
julio por la tarde cuando fue liberado.
Por último y como queda demostrado por los hechos, denunciamos públicamente que la
brutal represión policial y las diferentes estrategias intimidatorias que el Estado
implementa cotidianamente en Villa La Maternidad desde que esta comunidad resiste ser
desalojada, se vieron incrementadas peligrosamente en los últimos meses. Todo parece
indicar que esto se debe a que los gobiernos provincial y municipal pretenden continuar
con el segundo tramo de la construcción del Puente Letizia lo que implica el ingreso de la
obra al predio de la villa por el Pasaje Letizia donde viven desde hace tiempo varias
familias que fueron denunciadas de usurpación por la Municipalidad de Córdoba. Cabe
aclarar que una de ellas es la que viene siendo particularmente perseguida, reprimida y
detenida por la policía provincial.

POR TODO ESTO:
× Responsabilizamos principalmente a los gobiernos provincial y municipal de Córdoba
cuyos máximos responsables políticos son el gobernador Dr. José Manuel De La Sota
(Partido Justicialista, primer período de gobierno 12 de julio de 1999/10 de diciembre de
2003; segundo período 10 de diciembre de 2003/10 de diciembre de 2007; y tercer
período desde el 10 de diciembre de 2011 hasta la actualidad); el ministro de Seguridad,
Alejo Paredes (instruido en Estados Unidos e Israel); el Jefe de la Policía de la Provincia
de Córdoba, Comisario General D. Ramón Ángel Frías; el comisario de la Comisaría de la
5ª; el jefe zonal de la policía, D. Ludueña; y el intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Ramón Javier Mestre (Partido Unión Cívica Radical, período del 18 de septiembre de
2011 hasta 2015), por estas gravísimas actuaciones represivas de la policía provincial y
otras fuerzas de ‘seguridad’ y por el diseño e implementación de políticas públicas de
despojo de derechos y, por lo tanto, de ciudadanía desde hace una década.
× Responsabilizamos a los gobiernos provincial y municipal de la imposibilidad de las
familias que habitan la villa de acceder a los servicios básicos así como de
realizar mejoras en sus viviendas de acuerdo a sus necesidades, como por ejemplo la
construcción de un baño o habitaciones para evitar el hacinamiento, ya que la policía
provincial inmediatamente se presenta en el villa impidiendo y hasta destruyendo
cualquier mejora o construcción argumentando que “tienen orden de arriba”.
× Repudiamos y responsabilizamos a los gobiernos provincial y municipal por la
militarización del territorio de Villa La Maternidad liberando el accionar policial y de otras
fuerzas estatales represivas con operativos violetos y la persecución cotidiana
especialmente de las/os jóvenes, allanamientos irregulares y sin orden, detenciones
arbitrarias y sin causa, patrullajes intimidatorios especialmente de noche,
amedrentamientos con disparos, todo esto con el objetivo de pretender aterrorizar a todas
las personas que habitan la villa para desarticular su organización y resistencia contra el
desalojo que ya lleva 10 años.
× Denunciamos las distintas estrategias de control social ejecutadas por el gobierno
provincial y municipal pretendiendo intimidar y criminalizar con diferentes dispositivos y
acciones (instalación de cámaras de seguridad direccionadas a la villa, patrullaje y
vigilancia policial permanente, aplicación del Código de Faltas) la vida cotidiana de
quienes habitan la villa así como sus prácticas de autoorganización en su legítima lucha
por la autodefensa y el pleno ejercicio de derechos.

Y EXIGIMOS:
× Que quienes habitamos en Villa La Maternidad seamos respetadas/os y tratadas/os
como personas y como ciudadanas/os.
× Que los estados nacional, provincial y municipal reconozcan y garanticen todos nuestros
derechos.
× El cese inmediato de la persecución política y la represión policial.
× La titularidad de las tierras reconociendo nuestros derechos.
× La urbanización de la villa con el acceso a todos los servicios básicos.
¡BASTA DE DESALOJO ENCUBIERTO CON REPRESIÓN POLICIAL!
¡VILLA LA MATERNIDAD NO SE TOCA! ¡SE URBANIZA!
Vecinas y vecinos de Villa La Maternidad
Biblioteca Popular Heraldo Eslava
1 de agosto de 2013
Villa La Maternidad, Ciudad de Córdoba, Argentina

(1) Harvey, David citado por Raúl Zibechi en ¿Puede el Estado ser lo común?