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Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal guatemalteco A de Mayor Riesgo, prorrogó para mañana el juicio por genocidio que se celebra aquí contra los exgenerales Efraín Ríos Montt y José Rodríguez, después de que los abogados abandonaron a sus clientes.
Después de que el mencionado juzgado insistiera en que los defensores regresaran a sus puestos en la Sala de Vistas Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió aplazar la audiencia para este viernes para cumplir con el derecho de defensa establecido en el artículo 12 de la Constitución de Guatemala.
Este hecho se suscitó después de que Barrios anunciara que no acudiría a una audiencia, prevista para la tarde de hoy, cuando la jueza Carol Flores decidiría sobre la presentación de pruebas de la defensa de los sindicados, como ordenó la Corte de Constitucionalidad anoche.
Del fallo de Flores dependía que el proceso se anulara o no.
Marco Cornejo, Danilo Rodríguez y Luis Rosales, defensores de Ríos Montt; y César Calderón, Francisco Palomo y Moisés Galindo, abogados de Rodríguez, salieron de la sala de la CSJ tras reclamar que el juicio era “ilegal”, justo cuando el proceso entró en el día 20 de audiencias.
Hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) manifestó su preocupación por los campos pagados y declaraciones que buscan incidir en la decisión judicial en el mencionado caso.
Si Ríos Montt cometió o no genocidio, si el imputado es culpable o inocente, son decisiones cuya competencia exclusiva corresponde al tribunal que conoce de la causa, subraya la Cicig en un comunicado.
Esa comisión llamó la atención sobre el campo pagado titulado Traicionar la paz y dividir a Guatemala (publicado en el diario guatemalteco El Periódico este martes), “pues se suman a es campaña algunas figuras que en otro momento enarbolaron la bandera de los derechos humanos y gozaron de la confianza de la comunidad internacional, entre ellos Eduardo Stein, Gustavo Porras, Raquel Zelaya y Adrián Zapata”.
Con sus firmas advierten del peligro inminente de que la violencia política reaparezca, caso de consumarse una sentencia condenatoria, ante lo cual la Cicig indica que es una injustificable amenaza contra el tribunal.
Fuente: Prensa Latina