Lo hizo la Asamblea por los Ríos Pampeanos en el marco del festejo de la “Fiesta de la Vendimia”, celebrada entre el 23 de febrero y el 5 de marzo últimos. Denuncian que el mal uso del agua por parte de la provincia de Mendoza, con el llenado del Embalse Los Nihuiles, se generó el corte del río Atuel y comenzó un desastre ambiental en el sur mendocino y La Pampa. Esto disminuyó la producción ganadera, bovina, caprina, etc. y la pérdida de la memoria hídrica de la zona. Además de la desertificación con el vacío de las lagunas y salinización del suelo, y la disminución de agua de los acuíferos.
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Reproducimos a continuación la nota enviada por la Asamblea por los Ríos Pampeanos: “El río Atuel nace en la laguna del mismo nombre, en la alta cordillera mendocina. Tiene una longitud superior a los 500 km y una cuenca de 13 mil km cuadrados y con un caudal medio de 34 de metros cúbicos por segundo. Es el afluente más meridional del Desaguadero- Salado-Chadileuvú, al que se une dentro del territorio pampeano.
Se usaba para la producción y consolidaba un fuerte vínculo social y cultural en torno del ambiente y específicamente del agua, pero fue robado al pueblo pampeano. Para La Pampa, su ausencia, fue negociada entre autoridades políticas y capitales económicos concretos. Sus vínculos con el río ha sido desde aspectos individualista en lo social, egoísta en lo económico y negligente y abusivo en el reconocimiento del derecho al acceso al agua. El mismo, está garantizado por nuestra Constitución Nacional, en sus artículos 33 y 41, incluyendo los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional enumerados en el artículo 75 inciso 22 y los que fueron incorporados con posterioridad a la reforma constitucional. En los cuales el “derecho al agua” constituye un presupuesto del “derecho a la vida y a la salud”.
Este “derecho-presupuesto” está unido a la calidad de vida y no puede ser negado a ningún habitante del Estado. Es necesario que se tenga consideración la observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de noviembre de 2002 en la quedó establecido que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” y la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se reconoció, explícitamente, el derecho humano al agua “como esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” ambas vinculantes para la República Argentina en todo su territorio, inclusive el comprendido en la Provincia de Mendoza.
La Constitución de la Provincia De Mendoza reconoce, en su artículo 1°, como parte integrante e inseparable de la Nación Argentina y a la Constitución Nacional como su Ley Suprema. Este reconocimiento genera la necesidad para Mendoza; adecuar su política y su legislación a la Nación y a respetar los derechos básicos mencionados. En este marco, Mendoza, muestra una permanente actitud de “indiferencia e inobservancia” no sólo de sus propias disposiciones constitucionales provinciales sino también de las nacionales a la que se encuentra subordinada, abusando de sus derechos en perjuicio del bien común, de los derechos de los habitantes del sur mendocino y de la Provincia de La Pampa generando un daño que necesariamente deberá reparar.
La postura del Gobierno Nacional quedó explícita en las palabras del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en el último Congreso de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento, en el que expresó que “para este gobierno la cuestión del agua representa un derecho humano fundamental que debe ser garantizado para todos los ciudadanos”.
Este desastre ambiental ocasionado a la provincia de La Pampa y el Sur mendocino, comienza a partir de la apropiación ilegítima del agua a través de la construcción de canales clandestinos.
El primero se remonta al año 1918, en Paso El Loro, cerca de Puesto Bello, provocando la desaparición del brazo principal del río, de los varios que entraban a La Pampa, llamado Atuel Viejo a corta distancia de Santa Isabel y paraje Isla Chalileo, famoso a principios del siglo XX por su fertilidad y pasturas. El segundo desvío de caudales fue en 1937, con la construcción de los “Tapones de Ugalde”, cercanos al límite con La Pampa, que provocaron la disminución y casi desaparición del brazo Arroyo Butaló, que cerraba la Isla de Chalileo por el poniente.
La consolidación de la depredación de este recurso natural se consolida y legitima a través de la Ley 13.030 que dispuso la realización de dique El Nihuil y el convenio respectivo, sin estipular cláusula alguna en salvaguarda de los derechos de La Pampa, en ese entonces territorio nacional bajo tutela federal y la construcción del Dique El Nihuil en el año 1947. La provincialización de La Pampa llega recién en 1952, para ese entonces el territorio nacional Eva Perón y ahora, Provincia de La Pampa ya venía sufriendo el escurrimiento del río por el mal uso llevado adelante aguas arriba de este caudal hídrico.
Como provincia, fueron iniciadas distintas alternativas de reclamos:
-1979 La Pampa le inicia juicio a Mendoza, el fallo se conoció en 1987. La Corte Suprema de Justicia le autorizó a regar con agua del río Atuel. A lo largo de 76.000 hectáreas.
-1989 se firmó el Protocolo de Entendimiento Interprovincial por ambos gobernadores y se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I) procurando conformar un “organismo de cuenca” para iniciar una gestión integral e inter jurisdiccional del recurso en cuestión.
-2008 se firma Convenio Marco entre ambos gobernadores con la presencia de la Presidenta de la Nación que establece un conjunto de obras con la impermeabilización de canales tendientes a optimizar el sistema de riego minimizando las pérdidas. El ahorro obtenido se compartirá en mitades y a su vez, restituir un caudal mínimo ambiental en el cauce en forma permanente. El Gobierno nacional se comprometía a financiar las obras necesarias para que se pueda garantizar el agua del río Atuel para la provincia de La Pampa y ambas provincias debían aprobar el acuerdo en sus respectivas cámaras legislativas. El proyecto fue ingresado a la Legislatura pampeana y aprobado en 2008 a un mes después de haberse firmado el acuerdo con nación. En el caso de la provincia de Mendoza el convenio aún “descansa” en la poderosa Oficina de Hidráulica. Un ente político, autárquico, y cuyas autoridades se renuevan cada 5 años y no cada 4 como el de gobernador/ra y diputados/as.
Desde 2008 el pueblo pampeano espera un tratamiento justo de solución a un conflicto que ha colocado a una de las partes en un lugar de privilegio y abuso, garantizado por complicidades externas a Mendoza y a la otra como damnificada y abusada en sus derechos inalienables.
Actualmente, la Presidenta instruyó al jefe de Gabinete a que reúna a ambas partes para lograr concretar dicho acuerdo.
En 2012 el pueblo pampeano organizado se ha constituido en asamblea y ha sabido denunciar este conflicto. Se considera ese año como importante para esta lucha, el Tribunal Latinoamericano del Agua falló en favor de la demanda de la provincia de La Pampa, haciendo una defensa clara y las enormes injusticias y pérdidas ambientales, sociales, culturales y económicas del uso negligente de las políticas hídricas de la provincia de Mendoza.
Luego de los ostentosos festejos de la Fiesta de la Vendimia, denunciamos:
-El mal uso del agua por parte de la provincia de Mendoza. Con el llenado del Embalse Los Nihuiles, se generó el corte del río y comenzó el desastre ambiental en el sur mendocino y La Pampa.
-Disminuyó la producción ganadera, bovina, caprina, etc.
-Pérdida de la memoria hídrica de la zona.
-Desertificación con el vacío de las lagunas y salinización del suelo.
-El censo de 2010 arrojó que la zona posee los dos departamentos más deshabitados de la Argentina.
-Diminución de agua de los acuíferos.
-El problema radica no sólo en la falta de escorrentía sino que en los años en que hay excesos hídricos, el mismo es descargado en la zona sin previo aviso produciendo inundaciones que agudizan los problemas existentes.
-La capacidad de Mendoza para crear para sí misma un oasis productivo, favorecido por las aguas del rio Atuel y generando un polo turístico, gestó un desierto en el oeste pampeano y el sur mendocino. Se produjo un éxodo y desarraigo poblacional, desmembrando familias y aniquilando flora y fauna autóctona. Muchos pobladores mendocino se asentaron en la provincia de La Pampa, huyendo del desastre ambiental que ocasionaron sus mismos co-provincianos.
Reclamamos:
Lograr un uso equitativo del río Atuel, logrando un acuerdo de sustentabilidad ambiental para la zona central del país. El aprovechamiento del agua del río es interjurisdiccional, debe ser tomado como una unidad ambiental debido a su dinámica por lo que exigimos que se cumplan estos acuerdos ya pactados y sean garantizados por políticas públicas coordinadas entre organismos provinciales e interjurisdiccionales”.
