Vicente López, Ituzaingo, Ezpeleta, Berazategui, son solo algunos lugares donde hay subestaciones eléctricas, y desde donde hace unos años hay voces de alarma acerca de las implicaciones que significa vivir cerca de una gran fuente de radiación electromagnética de extremada baja frecuencia.
(Pedro Jesus Galvani – Red Eco) – Buenos Aires – En los últimos tiempos, el caso de la subestación Rigolleau es uno de los ejemplos más extremos de los intereses de los poderosos enfrentados a la lucha popular, donde vecinos resisten a la usual alianza entre empresas y poder político represivo, esta vez, encarnada en la disputa por la instalación de una planta transformadora y distribuidora de energía eléctrica.

La máquina de la muerte
Hace cerca de ocho años, en Berazategui, la empresa Edesur comenzó a construir discretamente los cimientos de la subestación de energía eléctrica Rigolleau. Los vecinos se percataron de esto y comenzaron a preocuparse, ya que tenían un precedente cercano en la tristemente célebre subestación Sobral, en Ezpeleta, que cuenta con los alarmantes números de más de 150 muertos por cáncer, y un centenar de enfermos en 700 viviendas, ubicadas en un radio de 500 metros de aquel complejo, por lo que muchos bautizaron a aquella planta como “La máquina de la muerte”.
Esta “máquina de la muerte” se construyó en el año 1978, en aquella localidad del municipio de Quilmes, y es un paradigma en cuanto a lo que se refiere a formas de contaminación no convencionales, ya que a diferencia de otras formas de polución, el impacto de la contaminación electromagnética es más difícil de percibir de manera directa, y es en tiempos recientes donde la ciudadanía comenzó a sospechar, y a generar debate en cuanto a ella.
En el caso de la planta Sobral, los vecinos fueron relacionando a partir de los años subsiguientes a su instalación, y posteriores ampliaciones, los numerosos casos de cáncer que aparecían en los alrededores, con la aparición de ese complejo. Esto los llevó a pedir, desde hace veinte años, por vía judicial, la relocalización de la subestación. Hasta ahora, mientras los funerales se suceden, jamás se les dio resultado.

El caso de Berazategui
En 2005 los vecinos de Berazategui, consientes del caso de Sobral, intentaron hacer oír su reclamo con mucha más energía desde el principio. El por aquel entonces intendente de Berazategui (hoy paradójicamente Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación) Juan Jose Mussi y la justicia federal llegaron a la conclusión, luego de dos estudios, que no podían establecer relación causal acerca de la contaminación, por lo tanto dieron luz verde a las obras. Pero los vecinos siguieron resistiendo con igual determinación.
Entre maniobras judiciales turbias, patotas, aprietes, represión policial, en el 2009 se llegó a un pico de tensión cuando la policía y la infantería cercaron un diámetro de tres cuadras, durante una semana para que la empresa pudiera instalarse finalmente.
Durante aquella semana fueron habituales los hostigamientos policiales, y de patotas, así como los seguimientos, grabaciones y fotos que desconocidos tomaban a los vecinos que reclamaban. La similitud con un accionar dictatorial llegó hasta el punto de apagones de luz que se sucedieron varias veces durante esos siete días en que las cercanías de la subestación se encontraban en estado de sitio.
Actualmente, el tema se encuentra en peligro de estancamiento judicial, según deslizó Ernesto Salgado, presidente del Foro Regional en Defensa del Rio de La Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Los vecinos habían presentado una medida cautelar que fue desestimada en medio de las frecuentes irregularidades judiciales a las que son sometidos, por lo que ahora intentarían presentar una apelación.
“La apelación no es sencilla en un juzgado federal”, afirmó Salgado y añadió que en los juzgados provinciales “las medidas cautelares son inapelables directamente”. Pero, aún así, los vecinos siguen reuniéndose y fomentando actividades para reclamar por la subestación.

Antecedentes peligrosos
Muchas formas de contaminación fueron negadas por distintos gobiernos en conjunto con empresas poderosas, inclusive con respaldo de científicos, hasta que no se pudo tapar más la realidad. Ejemplos hay de sobra, en el mundo y en nuestro país, pero el caso reconocido mundialmente de Monsanto y su condena por contaminación con PCB es un precedente valioso de conocer en estos casos.
Esta importante condena se originó en los ‘70, cuando ciudadanos del poblado de Anniston en Alabama, luego de muchas muertes por intoxicación por PCB, lograron la condena a Monsanto, quien ocultaba la peligrosidad del químico, en conjunto con las autoridades del lugar, y hasta presentaba informes científicos positivos hacia el PCB. En el caso de Berazategui, Mussi y su hijo, actual intendente, parecen calcar paso a paso aquella táctica.
En los últimos tiempos, varios estudios independientes, y algunos de la Organización Mundial de la Salud (uno de los más recientes es en conjunto con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer en 2011) descubren cada día más relaciones de la contaminación electromagnética con enfermedades cancerígenas. Aunque no hay nada dicho terminantemente sobre el asunto, el problema radica precisamente en ese punto. Muchos gobernantes parten del criterio de que si la contaminación no está probada completamente, entonces se sigue con la iniciativa. Para los vecinos, el criterio utilizado debería ser el contrario.

Legislación ambiental
En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo, en la que se llegó, entre otras conclusiones, a un principio precautorio que se aplica a estos casos: “Con el fin de proteger el medio  ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas  eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” (principio 15).
Este principio precautorio también se encuentra materializado en el artículo 4 de nuestra Ley General de Ambiente (ley 25.675) sancionada en el año 2002, que contiene casi las mismas palabras que el principio 15. Sin embargo, al parecer, jueces, políticos  policías y gendarmes dan vuelta hasta sus propias leyes, y se ensañan con la víctima cuando es el poderoso el victimario.

Fuentes: Edición digital del periódico Decisión / Nosdigital / Foro Regional en Defensa del Rio de La Plata, la Salud, y el Medio Ambiente / Vecinos Autoconvocados por la Vida / Página 12