YPF y Chevron: tres días más de secreto
A dos años y medio de iniciada la batalla judicial por el ex senador Rubén Giustiniani, el acceso al contrato por el que las empresas explotan Vaca Muerta sigue sin concretarse. YPF ha puesto cuanta traba ha podido y, pese a haber anunciado su entrega a horas de vencer el plazo, todavía no pudo ser visto. Por Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur
(Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur) Argentina - La razón radica en que la jueza interviniente, María Cristina Carrión De Lorenzo, pospuso este miércoles por tres días su acceso por considerar que debe estudiar el expediente entregado por la compañía. Decisión que crea nuevas dilaciones y obstrucciones.
Es importante notar que la magistrada es quien había rechazado la demanda en su inicio, decisión revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de 2015. En su fallo, la Corte no convalidó que YPF fuera del ámbito privado, como la empresa argumentaba, y que el conjunto del sector era de interés público, por lo cual la cuestión de la propiedad era irrelevante a los fines de acceder a información.
Queremos alertar el secretismo y activo rol para reducir el acceso a la información por parte de la conducción de YPF, comisión directiva que ha sufrido cambios con matices en el nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Macri. Con un contrato en vigencia hasta 2048, la resolución de esta batalla no es menor, sino de interés crucial y estratégico para el pueblo argentino en diversas dimensiones, escalas y temporalidades.
Para las poblaciones aledañas al proyecto de explotación hidrocarburífero comandado por YPF, los trabajadores y la comunidad mapuche Campo Maripe es perentorio conocer de forma efectiva quién es responsable ante cualquier eventualidad y/o accidente debido a la innumerable cantidad de empresas subsidiarias intervinientes. Este hecho no es menor ya que en la corta duración del proyecto han ocurrido numerosos derrames, accidentes e incendios, como en febrero de 2015, y trágicos eventos, como la muerte de un trabajador en 2014. A su vez, es importante tener en cuenta que las consecuencias en terreno se pueden extender por muchas décadas debido al legado de contaminación. Entonces, de nuevo, quién es responsable y quién remediará a largo plazo son algunas de las cuestiones que podrían aflorar con el contrato.
Para el conjunto de la población argentina es importante conocer los detalles por diversas razones. Por un lado, porque la renta percibida es del conjunto del pueblo, pero se desconoce su ruta, montos y fines actuales. Por otro lado, en medio de una declarada ‘crisis energética’, vemos como importantes cantidades de recursos, que alcanzan varios miles de millones de dólares, son transferidos a las empresas mientras aumentan los precios a los consumidores. La razón que esgrimen las empresas es la falta de competitividad y la operación con bajo margen de ganancia. A esta altura, sin contrato, es creer en su buena voluntad y sinceridad.
Por último, los resultados de la divulgación del contrato trascienden al acuerdo y el sector hidrocarburífero. Que una empresa, sea de propiedad de quien sea, pueda evadir y posponer la entrega de documentos de interés público, incluso con un fallo de la Corte Suprema que así lo establece, fruto de una demanda de un senador nacional, implica altos grados de autonomía. En esta línea, el fallo de diciembre de 2015 de la Corte fue muy claro: el contrato entre YPF y Chevron se tiene que dar a conocer ya que está en juego el ejercicio de derechos colectivos.
La nueva dilación en la entrega del contrato tiene como contexto una creciente corporatización del ámbito público, siendo el salto de Juan José Aranguren de Shell al Ministerio de Energía y Minería un caso ejemplar. En los últimos meses hubo una transferencia brutal de capital hacia sectores concentrados de la mano de un aumento de los costos de vida de la población argentina, ambos puntos que atañen intrínsecamente al sector hidrocarburífero. Al mismo tiempo, en la línea misma línea de restringir el acceso al contrato entre YPF y Chevron, evidenciamos una reducción en la calidad democrática con nuevas medidas como la del protocolo que regula el accionar de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de protesta. Estos puntos atentan contra el intento histórico de reducir la autonomía e incrementar la rendición de cuentas de uno de los sectores más poderosos a nivel global, especialmente cuando de reducir su escala y horizonte de vida depende el equilibrio climático global.
Demandamos la pronta resolución y la publicación inmediata del contrato y documentación pertinente. De la urgente resolución esperamos que se puedan abordar las innumerables implicaciones que derivan del acuerdo y, aún más, se profundicen las garantías del pueblo para ejercer control sobre las diversas instituciones públicas, en un marco de democratización de la democracia. Esperamos que en los próximos días la jueza Carrión de Lorenzo permita el acceso al contrato y, de esta manera, se pueda hablar de un hito positivo en este tortuoso y controvertido proyecto.
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