El negocio de la salud pública en Rosario

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Los servicios de salud estatales en Rosario desde hace años mantienen un circuito de negocios que beneficia a las empresas privadas que hacen de prestadoras, siendo pocos grupos los que mantienen más de la mitad de los convenios, y que acaban financiando al partido político que gobierna la ciudad, por lo que no es sorpresa que destinen el 25% del presupuesto a esta partida. Por Leandro Yanson (La Brújula)
Según la propia provincia existen un total de 57 efectores de salud públicos y 86 privados en Rosario, un número que en sí no encierra una diferencia desproporcionada, pero la matriz de negocio se marca en los servicios que brindan cada uno generando una relación de dependencia, los privados manejan la mayoría de los geriátricos y sanatorios, siendo que la internación es el servicio que más dinero recauda.
Más profunda se vuelve la dependencia que existe para la salud pública de la ciudad cuando se trata de dar una cobertura médica completa, la realidad de los hospitales estatales en Rosario es que deben derivar a una cantidad importante de sus pacientes a empresas de salud privada, debido a que no cuentan con la estructura para atenderlos. En el 2010 el H.E.C.A. (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez) debió acudir al sector privado para asistir al 40% de los servicios que presta, realidad que se da en distintas medidas en otros efectores.
El negocio actualmente se encuentra repartido en muy pocas manos, son realmente dos grupos de empresas los que mantienen la mayor cantidad de servicios, el Grupo Oroño y el Grupo Gamma, principalmente el primero. Un ejemplo claro de la concentración se ve en los convenios del I.A.P.O.S. (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) para asignar la obra social a los empleados estatales.
En diciembre de 2014, este organismo destinó $40.249.000 a ese fin, que se distribuyó entre 26 prestadores, de los cuales 11 pertenecen a los mismos accionistas y otros 3 son del grupo Gamma.

Detalles no tan pequeños
Durante el 2006 la municipalidad realizó un convenio con el sanatorio Julio Corzo (actualmente Los Alerces), en el cual a cambio de que este realizara prestaciones de servicios de hemodinamia, el municipio se encargaría de venderle el suero producido por el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM).
Quien administraba el sanatorio en ese momento era Carlos Tita, el empresario rafaelino vinculado a los negocios médicos en Rafaela junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, a través de sus empresas Prestadores de Salud Rosario S.A. y Rosario Sistema de Salud S.A.
Por parte del municipio la entrega de los sueros cumplió con lo establecido durante la adjudicación, sin embargo, al observarse las facturas por los servicios prestados por Carlos Tita se nota que el valor del servicio es un 2% menor, en cada práctica, al valor pagado por la municipalidad.

Los servicios de seguridad
No sólo las empresas que participan del sector médico se llevan una parte de los fondos destinados por el gobierno provincial, una práctica común a casi todos los efectores es llevar adelante la contratación de servicios de seguridad privada.
Esta situación tomó más trascendencia durante el 2013 cuando desde el concejo municipal se realizó una denuncia al ejecutivo por contratar a las empresas Mercosur S.R.L y Mercosur Seguridad, del ex comisario denunciado por enriquecimiento ilícito, Rodolfo Romero.
En aquella situación Romero mantuvo contratos entre el 2011 y el 2013, bajo adjudicaciones no muy claras, con distintos hospitales y centros de salud dependientes del municipio. El 12 de julio de 2012 con motivo de “vigilancia en Centros de Salud” por un valor de $ 277.712,00. El 27 de junio de 2012 por licitación, y por $299.182,00 debía realizar la vigilancia privada para el Hospital Carrasco. El 21 de mayo de 2012 por un valor de $294.048,00 la de diversos Centros de Salud por el término de 60 días. El 24 de mayo de 2013 y por un monto de $332.640 obtiene el servicio de vigilancia del Hospital Carrasco. El 25 de marzo de 2013 y por un monto de $243.936 obtiene el servicio de vigilancia en apostamiento del SIES en dos distritos de la ciudad.
Sin embargo, esta práctica se remonta a mucho antes que en el caso de Romero, durante el 2007 y el 2009 se realizaron adjudicaciones a la empresa Personal Security S.A. en la cual el monto pagado superó al que establecía el contrato, de $159.283, 20 a $168.215,60 en uno y de $147.975 a 193.776,80 en otro caso.
En 2006-2007 tuvo lugar otro incumplimiento en la contratación del servicio de Seguridad Mendoza, la cual logró una prórroga de su adjudicación por otros 6 meses de prestación con un monto establecido de $154.159,20 Sin embargo al finalizar el acuerdo el monto abonado a la firma fue de $199.806,25, superando el valor que permitía la reconcesión, por lo que se debería haber llamado a licitación.

Aportes de campaña
El destino final del dinero que mueve la salud de Rosario acaba en las propagandas políticas del partido que ampara el negocio de las empresas privadas. A los escándalos por no poder argumentar de donde surgieron $2.000.000 de sus aportes en el 2007, al partido socialista se le suman la falta de ética al recibir aportes de entidades que beneficia con contrataciones.
Lo declarado por el partido socialista para la campaña del 2009 muestra que las empresas dedicadas al rubro salud son de las que más aportes realizaron, entre estas se encuentran: Instituto Gamma S.A., Sanatorio Mapaci S.A., El Español S.A., la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales, Centro Médico IPAM S.A., Sanatorio Británico S.A., Acto Médico S.A., Grupo Oroño S.A., Perinat S.A. y Ciba S.R.L.

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