Colombia: Militares y paramilitares confiesan su implicación en una masacre.

Cinco años después de la masacre de San José de Apartadó de la región de Urabá, reconocen su participación. Esta comunidad lleva trece años de resistencia, durante esos años ha sufrido cerca de 600 crímenes de lesa humanidad.

 

En febrero de 2005 fueron asesinados, a garrotazos y machetazos, ocho habitantes de San José. La brutalidad de esta matanza provocó una fuerte reacción internacional, que ha llevado a procesar a diez militares y varios paramilitares. Pero en ningún caso se ha juzgado a los autores intelectuales, algo que propicia que se mantenga esta estrategia de muerte.
Un mes antes de la masacre, Luis Eduardo Guerra, líder y fundador de la comunidad, explicó a una comisión organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia los riesgos que corrían: “Hasta el día de hoy estamos resistiendo. No sabemos hasta cuándo porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos”. El 21 de febrero de ese año el cuerpo de Guerra y otros siete más aparecieron descuartizados. Numerosos pobladores acusaron a los soldados de la Brigada XVII y a los paramilitares. El desmentido del Gobierno colombiano fue tan rápido como falso.
El presidente Álvaro Uribe afirmó: “En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”. Poco después se adoptó como versión oficial la declaración de un presunto desertor de las FARC, que manifestó que la matanza fue una venganza de la guerrilla porque dos de los asesinados querían abandonar sus filas. Sin embargo, cinco años después, varios oficiales y paramilitares confesaron que la masacre se cometió en el transcurso de una operación conjunta, supervisada por el general Mario Montoya, ex comandante del ejército destituido en 2008 al descubrirse los primeros casos de civiles asesinados por soldados para hacerlos pasar por guerrilleros. Ahora, Montoya es embajador de Colombia en la República Dominicana.
Aquel 21 de febrero, un grupo de paramilitares asesinó a Guerra, a su compañera y su hijo
Urabá es una región del noroeste colombiano, cuya riqueza y privilegiada situación geográfica han sido, paradójicamente, su desgracia. Sus recursos naturales, unidos a que es paso obligado para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, han provocado la disputa de los grupos armados por su control.

 
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