Masivas movilizaciones en solidaridad con el paro agrario campesino
(María Reyero - Diagonal/Colombia Informa/La Jornada) Colombia - Las demandas por mejores condiciones de trabajo de productores agrícolas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño siguen la estela reivindicativa de los campesinos de la región del Catatumbo y de los trabajadores en minas informales, ambas producidas durante estos últimos meses. A la concentración de la tierra en manos de unos pocos, problema estructural del país desde hace siglos (y semilla del conflicto armado) y la histórica desatención estatal al desarrollo rural se suman ahora las consecuencias de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, suscrito durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011. Una de ellas es la obligatoriedad de usar semillas certificadas (patentadas), junto a costosos fertilizantes y abonos, lo que ha provocado un aumento considerable en los costos de producción y por tanto un descenso vertiginoso de la rentabilidad del sector agrario.Solidaridad con las 'ruanas'
Paralelamente a las negociaciones de paz en La Habana, entre el gobierno y las FARC, la llamada “Revolución de las Ruanas” (poncho de lana usado por los campesinos) ha sumado numerosas solidaridades de todos los sectores de la sociedad civil colombiana. La semana anterior arrancó con una cacerolada masiva que llenó a rebosar la Plaza Bolívar, epicentro de la capital colombiana. Al grito de “Queremos papa, queremos maíz, multinacionales fuera del país!” y “¡Por la papa, por la tierra, mi abuelita me dijo que combatiera!” se han unido miles de personas.
Especialmente numerosa fue la manifestación del pasado jueves 29 de agosto, que llenó las calles de Bogotá de gente en apoyo a sus campesinos y campesinas. Al llegar a plaza Bolívar la marcha fue reprimida muy duramente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, hasta el punto de hacer entrar a la plaza tanques que disparaban agua y gases lacrimógenos hacia la multitud. Los disturbios se mantuvieron hasta bien entrada la madrugada. Al día siguiente el presidente Juan Manuel Santos, quién apenas unos días antes había afirmado “el tal paro no existe”, decretó el toque de queda en varios municipios de Bogotá y otras localidades del país, y ordenó la militarización del país con el despliegue de 50.000 efectivos del Ejército. Tras varios días de movilizaciones en todo el país, ya son cuatro los muertos, más de 200 los heridos y 512 detenidos.
El pasado viernes 30 de agosto la delegación campesina aceptó levantar los bloqueos y retomar la negociación con delegados del Gobierno, pero mantuvo la orden de paro. En las últimas horas el gobierno ha llegado a un acuerdo con comunidades indígenas en Nariño, al sur del país, por el cual se ha levantado el paro campesino en esa zona. Este podría ser el camino que sigan otros colectivos de productores en diferentes regiones del país. Mientras tanto, el gobierno ya anuncia la creación de un Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural. De la materialización de estas propuestas puede depender que las movilizaciones sociales en las zonas urbanas y rurales del país se retomen o no.
En tanto, las denuncias y evidencias de abuso de policial se han incrementado. Organizaciones defensoras de los DDHH en misión humanitaria recogieron testimonios de las personas afectadas.
En un informe preliminar la comisión de verificación presentó diferentes formas de agresión policial que han detectado en el territorio hasta su segundo día de recorrido:
“El lanzamiento de piedras por parte de la fuerza pública en contra de la población civil a través de caucheras y hondas, así como el disparo indiscriminado de gases lacrimógenos contra las viviendas y de forma directa hacia los manifestantes, con un evidente carácter de sevicia.
“Actos de tortura, tratos crueles y degradantes entre los que se destacan la rasuración de cejas, las amenazas de mutilación, y la ejecución de fuertes e indiscriminadas golpizas en camiones, tanquetas, la estación de Policía de Ubaté y otros lugares lejanos a los sitios de concentración de las manifestaciones, causando graves heridas entre las que se encuentran fracturas, múltiples traumatismos, deformidad en extremidades, contusiones e intoxicaciones.
“El hurto y quema de motocicletas en vías públicas, así como las amenazas lanzadas contra los pobladores de incendiar sus viviendas.
“La obstrucción a la entrada de ambulancias en lugares en los que se hallaban habitantes heridos por la fuerza pública.
“La violación al domicilio acompañada de retenciones, golpizas y daños en bien ajeno”.