Ley de Movilidad Jubilatoria: una movida en contra de los jubilados

Una vez más, jubiladas y jubilados son variable de ajuste para una gestión con recursos escasos gracias a las sucesivas reducciones de las contribuciones patronales.

El nuevo proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria, no solo no toma en cuenta para los aumentos la inflación, sino que además en su Art. 6  establece que el aumento de 5 puntos porcentuales otorgados por decreto en diciembre de 2020 será a cuenta de lo que se otorgará en marzo del próximo año, en base a la nueva fórmula de movilidad.

“Manifestamos nuestra total disconformidad con la incorporación del artículo 6, pues entendemos que de mantenerse en el texto de la ley afectaría el carácter progresivo que rige en materia de derechos sociales, el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho de propiedad de los beneficiarios”, plantea la CTA Autónoma en conjunto con  el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE.

“Durante los últimos 5 años los haberes sufrieron una pérdida de valor en relación a la suba desorbitante del costo de vida. Por ello, consideramos que los puntos que se van a actualizar en el presente diciembre deben acumularse, y no descontarse, con miras a alcanzar gradualmente la recomposición de haberes tal como se lo merecen nuestros mayores”.

Vinculado a esto Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad planteó: “Discutir la fórmula en este estado de situación, cuando los haberes jubilatorios perdieron más de un 40% de su poder adquisitivo en los últimos tres años, es como discutir del sexo de los ángeles. Hay un tema previo que es ver como recomponer esos haberes. La canasta está cada vez más distante de lo que percibe la gran mayoría de los jubilados”.

Para el economista y Director del Banco Nación, Claudio Lozano: “La cuestión de fondo es que hay un sistema previsional que con el último aumento va a pagar $19.035 de mínima y está pagando un haber medio de $26.000 para una canasta, pobre, de un jubilado que no baja de $50.000 en octubre.

Ambos afirman la necesidad de  un refuerzo salarial de emergencia.

Junto con las críticas al proyecto, desde CTA Autónoma y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE proponen:

1) Decretar el haber mínimo en la suma de $ 50.803 (valor de la Canasta Básica Alimentaria de la Tercera Edad).

 2) Restituir a todos los beneficiarios lo perdido con los ajustes por decreto del año en curso, 22%.

 3) Vincular la movilidad jubilatoria a una pauta salarial, que tenga en cuenta la evolución de la inflación, que sostenga el valor adquisitivo de las prestaciones previsionales.

 4) Derogar la ley de reparación ‘defraudación’ histórica en: 

a) “El capítulo referido a la armonización “a la baja” de las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

b) “Reemplazar la PUAM por una Asignación Universal a los mayores de 65 años.

 5) Fortalecer el financiamiento del régimen previsional con el salario de los trabajadores activos (aportes y contribuciones) e impuestos directos, progresivos y redistributivos.

Fuente: www.canalabierto.com  y CTA Autónoma Córdoba

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