Treinta y tres comunidades en defensa de su tierra y en contra del Litio

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 Los habitantes ancestrales de territorios que forman parte de las provincias de Jujuy y Salta, defendieron ayer, miércoles, en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, que se los consulte sobre los proyectos de “exploración y explotación” de litio y borato que se llevan a cabo en la región de Salinas Grandes.

En la audiencia estuvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda; el representante de las comunidades, Liborio Flores, y la letrada Chalabe quienes  reclamaron “una consulta libre, previa e informada sobre las obras” previstas para los futuros procesos de exploración y explotación.
En las afueras del salón principal decenas de integrantes de las comunidades originarias, varios de ellos con atuendos típicos,  acompañaron la audiencia, que prosiguió con una conferencia de prensa en el Hotel Bauen.
Salinas Grandes se extiende por más de 17.000 kilómetros cuadrados en las dos provincias del Norte Argentino, allí se encuentra el Litio, considerado el mineral del futuro, y que cada vez tendrá más uso en la tecnología. Se utiliza principalmente en las baterías recargables de computadoras portátiles, celulares, reproductores de audio y video digital y otros productos tecnológicos, se cree también que se podría usarlo para los automóviles eléctricos, que podrían así prescindir del combustible fósil contribuyente del recalentamiento global.
Este mineral es abundante en la región que se extiende por el sur de Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile, al punto que la revista estadounidense Forbes llamó "la Arabia Saudita del litio", ya que se estima que allí se encontrarían 85 por ciento de las reservas mundiales de ese mineral.
Las comunidades denunciaron que “al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales cuatro comenzarán su explotación en los próximos dos a seis años”, y frente a esta situación decidieron autoconvocarse en 2010 y pedir a la Corte Suprema de Justicia Intervenir en defensa de su derecho a la consulta previa, libre e informada, amparada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
Denuncian que de seguir realizándose las explotaciones esto afectará su modo de vida, ya que no podrán seguir viviendo de la recolección de sal y el agua se contaminaría con  las sales, por lo que las comunidades tendrían que dejar de trabajar la sal.
El gobierno de Jujuy asegura que a las comunidades se les dio participación cuando se concesionó la explotación de borato, pero los afectados aseguran que “se enteraron a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas sobre este tema que amenaza su forma de vida. Estas comunidades se encuentran en situación de extrema pobreza y aislamiento y tienen muy poco acceso a los medios de comunicación”, dijo Alicia Chabale, abogada que representa a las comunidades ante la Corte.
Chalabe, una de las abogadas de las comunidades, denunció ante la Corte que hay firmas que informan desde sus sitios en Internet que ya están operando en la zona con permisos de exploración de la provincia.
También afirmó que nunca obtuvo respuesta por escrito en el juzgado de minas de la provincia a su pedido de informes sobre este tema. Solo le contestaron en forma verbal que no había ningún permiso otorgado. "Nosotros reclamamos la implementación de un procedimiento de consulta, no de las empresas, como hasta ahora, sino del Estado. Y las comunidades deben dar su consentimiento”, expreso la letrada.
Durante su presentación, los jueces interrumpieron a Chalabe para que definiera concretamente el reclamo de las comunidades ya que, según el gobierno provincial, aún no hay ninguna empresa con permiso para explorar litio.
"¿Ustedes sostienen que el Estado debe pedir permiso a los pueblos originarios y que ellos tienen derecho a decir que no autorizan? ¿O piden participar y que decida el Estado?", pregunto Ricardo Lorenzetti.
Chalabe respondió: "Nosotros sostenemos que sin consentimiento de las 33 comunidades no se puede explorar ni explotar en el territorio de uso comunitario", más allá de que haya otras comunidades que sí lo consientan.
En esas áreas, según la abogada, hay al menos 47 perforaciones realizadas por la empresa Orocobre para litio y borato y, según un estudio encargado por organizaciones indígenas, ya estarían contaminando. El informe titulado "Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en las Salinas Grandes" indica que las perforaciones "están generando impactos y riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos".
El descubrimiento de litio en Salinas Grandes hizo que el Congreso lo declarara mineral estratégico. Nada se dice en ese proyecto sobre consultar a los dueños originarios de esa tierras, y  para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Fuentes: Página 12, El libertario.com.

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