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Comunidades de la puna en lucha para exigir la restitución territorial definitiva

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Las comunidades  Kolla y Quechua de los departamentos de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Yavi, cortaron desde el 10 de octubre y hasta ayer a la madrugada la ruta 9 a la altura de Purmamarca. Resolvieron levantar la medida después de llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia, quien se comprometió a discutir su pedido de los títulos de propiedad comunitaria.

Foto: Imagen Insurrecta



(Noelia Carrazana – Red Eco) Jujuy / Ciudad de Buenos Aires - Alejandra Castro del Consejo de Participacion Indigena del pueblo Kolla explicó, en declaraciones al Informativo FARCO, que han consensuado algunos puntos con el gobierno provincial, exactamente con el ministro de Gobierno, Hugo Echevarry; y adelantó que habrá una próxima reunión el 26 de octubre en la localidad de Abrapampa.
En 2003, el CPI Tierras (Comisión de Participación Indígena) llevó adelante una acción de amparo que obtuvo un fallo a favor de las comunidades aborígenes en 2006, siendo una sentencia firme única en el país, ya que obligaba al estado provincial a entregar los títulos de propiedad comunitarios en un plazo de 15 meses, a partir del cual si no cumplía habría multas de acuerdo al tiempo que transcurrido. Pero en aquel momento el Estado provincial, con la gobernación a cargo de Eduardo Fellner –hoy presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional y nuevamente candidato para gobernar Jujuy - apeló dicho fallo, lo que trajo como consecuencia que las Comunidades se  movilizaran a la intersección de la ruta 9 y 52, a la altura de  Purmamarca, dando lugar al “Segundo Malón de la Paz”. Esto hizo que el Gobierno desistiera en apelar y se reuniera con los presidentes de las comunidades en San Salvador de Jujuy.
Allí el gobierno se comprometió a entregar los títulos comunitarios de las tierras; promesa que aún no se cumple. En 2008, el Estado provincial, ahora con Walter Barrionuevo como gobernador, se presentó ante la justicia diciendo que ya había cumplido con la sentencia dictada en 2006. Además, en marzo de este año, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dispuso: “Rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Dr. Pablo Pelazzo y Dr. Enrique Oyarzabal”, -abogados de las comunidades- en representación de las autoridades elegidas para el CPI tierras.
Rumi Ñawi, comunicadora aborigen indicó que “desde el Estado Provincial argumentan que la entrega de tierras ha sido cumplida e incluso que entregaron más de lo que se había estipulado; pero en las comunidades se sabe que esto no es así ya que hay una gran cantidad de expedientes sin ser terminados y remanentes de territorios, como por ejemplo los radios urbanos dentro de las comunidades y otras situaciones como las delimitaciones geográficas interprovinciales. El PRATPAJ (programa provincial de tierras) no ha cumplido para nada con la regularización dominial comunitaria, pero se sabe que se gastó más de un millón de pesos para hacer poco y nada”.
Las comunidades indican que desde el año 1996 en que se implementaron los Programas Pratpaj, Predaj y Reteci, (este último en el marco de la ley N° 26.160), sólo se entregó un 15% del total de los títulos prometidos en el Gobierno de Fellner y algunos con graves irregularidades.
Un comunario finalizó diciendo: “Desde nuestra cosmovisión andina, hoy ya no luchamos solamente por tierra, sino por el territorio, lo que significa que no se refiere a un espacio físico, sino que el territorio significa muchos elementos mas, como la cultura, la espiritualidad, la cosmovivencia, la medicina, el idioma y la forma comunitaria de convivencia, entre otras cosas ancestrales”
A poco mas de 65 años del primer Malón de la Paz, y a mas de cinco años del segundo que realizaron estas comunidades, nuevamente hoy a 519 años de comenzado el despojo de las culturas ancestrales, los estados modernos, como es el caso del argentino, se empeñan en despojarlas a las pocas que aún conservan el territorio, ya que si estas comunidades no consiguen el “titulo de propiedad”, están a la merced de cualquier empresario que en cualquier momento puede aparecer con un papelito que indique que esas tierras son de su propiedad y como ocurre generalmente el Poder Judicial se encuentra de acuerdo, o bien el Estado hace caso omiso a los reclamos de estos también ciudadanos argentinos que luchan por conservar su cultura, que se quedan con las manos vacías y ven como el de afuera los sigue avasallando.

Acampe jujeño en la 9 de julio
Al igual que sus paisanos puneños, los jujeños están pidiendo soluciones para el acceso a una vivienda en el acampe de la Avenida de Mayo y 9 de julio. Siguen resistiendo a pesar del acoso policial aquí y en Jujuy, al punto que denunciaron que el sábado 8 de octubre fue incendiada en Jujuy la casa de una de las mujeres que está realizando el reclamo, como represalia a sus reclamos de tierras.
Denunciaron en los medios que en Jujuy padecen acoso y amenazas permanentes desde que llegaron a Buenos Aires para difundir lo que sucede y conseguir medidas de amparo. Desde que están instalados en Av. de Mayo y 9 de Julio intentaron desalojarlos.
El martes pasado por la noche, en un nuevo intento de desalojo, la Policía Federal reprimió a los acampantes. Munidos de cascos, escudos y un camión hidrante, los uniformados avanzaron contra las carpas, arrojando gases y agua con mucha presión, y golpeando a hombres y mujeres. El resultado fue de varias personas heridas, dos de ellas que debieron ser internadas, y detenidos que fueron liberados a las pocas horas. Este jueves por la noche nuevamente hay amenaza de represión, organizaciones sociales se acercaron al acampe para acompañar a los voceros y enfrentar la violencia policial. Una situación similar se estaría viviendo en Jujuy.
Los días pasan y los voceros continúan sin recibir respuestas desde que están en Buenos Aires, sólo medios, personas solidarias, organizaciones, se acercaron a escuchar, acompañar y ayudar a difundir su problemática. Por las lluvias en este momento necesitan abrigo, carpas, plásticos, colchones, calzado o colaboración con el fondo de lucha.


 

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