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La causa por el asesinato de Javier Chocobar a juicio oral

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Así lo resolvió la jueza de Instrucción Emma de Nucci, en relación a lo sucedido el 12 de octubre de 2009, en la Comunidad Indígena de Chuschagasta. Son tres los imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa: el terrateniente Darío Amín, y los ex policías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Valdivieso, hoy todos en libertad.
(Red Eco) Tucumán - En su fallo, la magistrada consideró que existe material suficiente para elevar la causa a juicio y definió que los tres imputados serían partícipes criminales necesarios en el delito, por lo que les cabría la misma condena en caso de ser declarados culpables. Además, no hizo lugar a los planteos de nulidad, oposición y pedido de sobreseimiento presentados por los abogados de Amín, Gómez y Valdivieso.
De todos modos, aún existen instancias en las que la defensa de los imputados podría apelar esta decisión por lo que el inicio del juicio podría dilatarse hacia fines de este año o directamente al que viene.
En su pedido de elevación a juicio, realizado en mayo de 2010, el fiscal a cargo de la investigación, Arnoldo Suasnabar, aseguró que los imputados tenían como único propósito “acabar con la vida de los indígenas que se interpusieran en el dominio de dichas tierras”.
Desde la defensa siempre manifestaron que lo que se produjo aquel día de octubre de hace dos años fue un enfrentamiento en la comunidad. Acompañaron estas afirmaciones varios medios locales como el noticiero de Canal 10 de Tucumán, que presentó una nota policial donde aseguraba que había ocurrido un “confuso enfrentamiento” entre “personas” y “lugareños”; o el diario La Gaceta, que en su sección policiales, tituló escuetamente: “Un asesinato”, reiterando la teoría de enfrentamiento.
Pero estas aseveraciones fueron desestimadas por todos los testigos y por las imágenes filmadas por uno de los propios acusados, Amín.
En tanto, la Comunidad Indígena de Chuschagasta ha denunciado a la familia Amín por reclamar tierras que no le corresponden. Se trata de terrenos fiscales en los que vive la mayor parte de las familias en El Chorro. Además, acusan a la delegada de Ancajuli, Silvia Chiarello, de querer abrir un camino por dentro de la Comunidad para vender y quedarse con esas tierras.

Los hechos del 12 de octubre de 2009

Un mes antes, la Comunidad Indígena de Chuschagasta ya se encontraba en estado de alerta para defender sus territorios ante las amenazas de desalojo que realizaban los terratenientes de la zona.
El 12 de Octubre de hace dos años, llegó al lugar Darío Amín, acompañado de Jorge Valdivieso y Luis Gómez. Sacaron fotos del terreno y se declararon los auténticos dueños, mostrando tan solo una supuesta orden judicial, que daba cuenta de que ellos habrían comprado esas tierras.
Ante la llegada de los visitantes se acercaron alrededor de 20 personas (integrantes de la Comunidad) para pedirles que se retiren. Fue en ese momento que se produce el ataque con armas de fuego. Primero de parte de Gómez, luego de Amín y finalmente de Valdivieso.
En este ataque fue asesinado Javier Chocobar, y heridos Andrés Mamaní, que permaneció cuatro meses y medio internado y que aún sufre serias secuelas; Sergio Mamaní y un chico menor de edad de la comunidad.
La tranquera donde ocurrió el asesinato está ubicada a ocho kilómetros de Trancas, en el Chorro, y a escasos 100 metros de la casa de Chocobar.

Los acusados libres

En febrero de 2010, la justicia tucumana dio lugar a un pedido de los defensores de Amín y Gómez y ambos fueron dejados en libertad (el tercer imputado ya lo estaba). Los abogados alegaron diferentes cuestiones técnicas y lograron que se declarara nula una sentencia del 6 de noviembre de 2009 que dictaba la prisión para los imputados.
En su momento, desde la Comunidad habían señalado que la decisión judicial no se entendía ya que los ex policías eran un peligro porque podían volver a amenazar y atacar, tal como lo venían realizando desde hacía años.
Sin embargo, habían denunciado: “(La liberación) era de esperar porque en esta causa hay intereses metidos del gobierno provincial y de la legislatura" y agregado: “Esta medida judicial tiene que ver con que el relevamiento previsto por la ley 26.160 sigue avanzando en la provincia y en nuestra Comunidad, y eso afecta los intereses de los que dicen ser dueños de la tierra en la que vivimos”.
Tanto Gómez como Valdivieso integraban el Comando parapolicial “Atila”, a las órdenes del Malevo Ferreyra, es decir un grupo clandestino formado por efectivos policiales, al que se le atribuyen varios homicidios entre 1989 y 1993.
Gómez ya había sido detenido en 1993 y para ese entonces tenía antecedentes por apremios ilegales, amenazas de muerte, robo, estafa, lesiones gravísimas, entre otras acusaciones.
Por su parte, Valdivieso aparece en las listas desclasificadas de personas vinculadas a tareas de inteligencia durante la dictadura militar.
En tanto, Amín era al momento del ataque empleado legislativo de Tucumán, y su hermano chofer y empleado de la Gobernación.
El caso Chocobar no es, desde ya, un hecho aislado. En Tucumán se han multiplicado las causas judiciales y las amenazas contra las comunidades que integran la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule, y las vinculaciones con el poder son las mismas.

Video del momento del ataque
Fuente y foto: ContraPunto - Prensa Alternativa
 

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