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Violento intento de desalojo a la comunidad Quilmes de Colalao del Valle

El viernes 29 de abril efectivos policiales intentaron desalojar a la comunidad aborigen Quilmes de un terreno de cuatro hectáreas que ocupaban en esta localidad  tucumana. En el enfrentamiento ocho personas resultaron heridas con balas de goma.
(Noelia Carranza – Red Eco) Tucumán - Los habitantes de esta localidad, distante a 200 kilómetros de la capital provincial, realizaron una protesta el martes pasado frente a la Cámara en lo Contencioso y Administrativo. Allí Sonia López, una de las delegadas de base de la comunidad, indicó que cuatro mujeres fueron heridas con lesiones, y que ellos toman a modo de mensaje de la justicia que a las dirigentes se les haya tirado en la cabeza.
La dirigente afirmó: “Nosotros estamos entregados a nuestra pacha y si tenemos que dejar la vida allí la dejaremos, le decimos al juez Juan Carlos Peral que lo hacemos responsable por cualquier incidente que pueda ocurrir, ya que no nos vamos a ir de ese lugar ya que lo consideramos nuestro territorio y tampoco vamos a dejar a las familias que viven allí”.
López también se refirió a la protesta de la comunidad La Primavera: “Le damos todo nuestro apoyo, esperamos que se solucione el conflicto, ya que creemos  que el Estado tiene sus leyes, pero a nosotros, los originarios no nos sirve que se dicten y no se cumplan”.
Otro dirigente, Sergio Condori, explicó que este tercer intento de desalojo fue violento, ya que tiraron gas lacrimógeno y balas de goma, mientras los integrantes de la comunidad se defendían con piedras, para evitar que se haga efectivo el desalojo. Finalmente lograron que los efectivos se retiraran. Condori aclaró además que el juez Peral sabe que “no se tiene que hacer el desalojo hasta que se haga la regularización territorial como indica la ley”.
Josefina Doz Costa, titular de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), presente en la movilización, confirmó la presentación de un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia para que se deje sin efecto la medida dispuesta por el juez en Documentos y Locaciones, Juan Carlos Peral. Doz Costa explicó que estaban allí para “exigirle que reconozca que en la causa que está interviniendo se están vulnerando derechos de los pueblos originarios”.
“Exigimos la suspensión de esta orden porque es ilegítima e ilegal, atento a lo pautado por la Ley Nacional 26.160, que ordena el cese a los desalojos y de las medidas judiciales contra las comunidades indígenas, indicó Doz Costa.

De norte a sur los derechos originarios no se cumplen
Este no es un caso aislado ya que a lo largo de todo el país en las últimas semanas han tomado estado público hechos donde se vulneran los derechos humanos de los pueblos originarios. Tal es el caso de la comunidad Misión Wichi Mataco, que reside cerca de la localidad de General Mosconi, en el norteño departamento San Martín de Salta. Ellos se encuentran en estado de vigilia ante el avance de una constructora sobre sus tierras con el objetivo de tender allí un gasoducto (VER Constructora invadió una comunidad wichi para construir un gasoducto ).
En tanto, la Comisión Territorial del Pueblo Wichi denunció que en el Departamento Rivadavia Banda Norte, la comunidad de Pluma de Pato Km 2 está sufriendo el "Corrimiento" de su delimitación legal. Documentaron además el desmonte que sufre la Comunidad Wichí de Las Llanas también en Salta, una situación por demás preocupante ya que se incrementa por la necesidad de tierras para el agro negocio o por la necesidad de algún privado, y aunque el Estado intervenga, siempre lo hace a favor del más poderoso.
A esto debe sumarse los casos de muertes infantiles del pueblo wichi por desnutrición durante el mes de marzo. (VER: Fallecieron otras dos niñas wichi por desnutrición ).
En el sur argentino también están ocurriendo hechos similares, ya que el pasado 22 de abril, la comunidad Mapuche dio a conocer la invasión a su territorio, el bosque milenario de Las Huaytekas, de maquinaria y vehículos con materiales para un Mega emprendimiento privado sin el consentimiento previo de la comunidad. (VER: Maquinas destruyen y corre peligro el bosque milenario de Las Huaytekas )

 

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