Atentado contra el campamento de Punta Querandí

Desconocidos hicieron destrozos en el acampe, ubicado sobre la calle Brasil en el paraje rural Punta Canal, entre Ingeniero Maschwitz y Dique Luján, en las inmediaciones de los barrios privados Santa Catalina, San Marco y San Benito.
(Red Eco) Buenos Aires - Fue ayer a la tarde, entre las 13 y las 18 horas, cuando los integrantes del movimiento en Defensa de la Pacha se reunían en otro lugar con docentes de Tigre y Escobar para ultimar detalles de la Jornada Educativa que se realizará el sábado en Punta Querandí.
Desaparecieron la enorme whipala -emblema indígena- que identificaba la protesta a un par de kilómetros de distancia, la tiraron al río, igual que la bandera del Movimiento en Defensa de la Pacha y el cartel que señalaba el sitio arqueológico Punta Querandí que habían colocado para el aniversario del acampe, dos sábados atrás.
El acampe, que tiene el objetivo de denunciar la venta ilegal de tierras públicas y la desprotección oficial de un sitio arqueológico con restos milenarios, se esta desarrollando desde el 19 de febrero de 2010 y hasta ayer no hubo incidentes.
El lugar que es defendido por la organización, pretende ser anexado al Complejo Villa Nueva de barrios privados, desarrollado por la firma EIDICO, de un ex asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación cuando estuvo a cargo de Sergio Massa, actual intendente de Tigre.
Lo que más molesta a la empresa, además de esta reivindicación indígena y popular, es que la protesta visibiliza la transferencia irregular de tierras ferroviarias que podrían jaquear los barrios privados San Benito y San Marco, ya que los terrenos fueron adquiridos por dos sociedades anónimas (Chilespa y Muquebari) que ocultaron al Estado Nacional que no eran propietarias linderas, un requisito ineludible para concretar dichas operaciones que afectaron al patrimonio nacional.
Para los integrantes del movimiento en Defensa de la Pacha esta acción fue un mensaje mafioso y toda una definición de la empresa respecto a que no está dispuesta a ceder, justo cuando desde algunos organismos del Gobierno Nacional actúan a favor de estas demandas.
También anunciaron que  hoy realizarán las denuncias pertinentes y analizarán las medidas que tomarán; por lo pronto pidieron el repudio de estos hechos por parte de organismos oficiales, autoridades, legisladores, organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos.
Desde el movimiento en Defensa de la Pacha responsabilizan por lo sucedido a los organismos estatales que generaron el conflicto. En primer término la ONABE (ahora Administración de Infraestructuras Ferroviarias, del Ministerio de Planificación Federal), porque en el 2007 vendió tierras públicas que eran un camino y un parador popular que contenían al menos un sitio arqueológico. En segundo lugar, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del CONICET, Daniel Loponte y Alejandro Acosta, quienes tras una reducida y veloz campaña de rescate financiada por EIDICO durante 10 días de diciembre de 2008 entregaron el predio a la empresa desatendiéndose del sitio arqueológico.

Fuente Movimiento en Defensa de la Pacha
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