Dime dónde vives que te sacaré las tierras

Las amenazas y desalojos a comunidades originarias de los terrenos que ocupan ancestralmente se repiten diariamente en todo el país, mientras las autoridades y la Justicia miran para otro lado. (Cecilia Litvin – Red Eco) Jujuy y Salta - Al igual que lo que ocurre en Formosa y en Santiago del Estero, las comunidades aborígenes de Jujuy y Salta son amenazadas, desalojadas, perseguidas por empresarios, socios de los gobernantes de turno, que quieren sus tierras para sus negociados y emprendimientos.
A pesar de que existen leyes que buscan impedirlos, los abusos son constantes, y la falta de respuestas por parte del Estado, también.
El presidente de la Comunidad Aborigen de Ocloyas Mauricio Gaspar y la abogada Marcela Arjona denunciaron haber sido amenazados con armas de fuego con el fin de concretar un desalojo en la zona que habitan desde épocas ancestrales. Ellos son parte de las diez familias que conforman la Comunidad Aborigen de Tilquiza del Pueblo Ocloya, ubicada a unos 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Estas tierras cuentan con alrededor de cuatro mil hectáreas, y en el último tiempo fueron adquiridas por empresarios ajenos a la zona, que han dejado a encargados que se dedican a amenazar, con armas en la mano, a los integrantes de las comunidades.
Hoy la situación es grave, ya que los terratenientes continúan avanzando y ya les han quitado grandes zonas de cultivo y pastoreo.
Arjona responsabilizó directamente a los terratenientes Enrique Verzini y Javier Baldoni por las amenazas recibidas el 30 de noviembre pasado.
Ella misma había presentado una medida de no innovar ante la Sala II de la Cámara Civil y Comercial, que está vigente, pero que no se respeta. Los enviados de los empresarios, continúan cercando las tierras y controlando sus accesos.
Ante este escenario, y al no contar con respuestas a nivel provincial, un grupo de representantes de los pueblos originarios omahuaca, kolla, ocloya y tilian viajó a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de obtener algún tipo de solución a sus reclamos. Ya se reunieron con senadores nacionales y para hoy estaba previsto un encuentro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Actualmente, en Jujuy no existe una Secretaría de Pueblos Originarios o un Instituto Provincial del Aborigen. Tampoco se respeta la ley 26.160 que suspende los desalojos de las comunidades aborígenes de todo el país y establece la realización de relevamientos territoriales en tierras habitadas por los aborígenes.
Lo mismo ocurre en Salta. Desde la mesa coordinadora del Qullamarka, que agrupa a más de 60 comunidades originarias Kollas de la provincia, exigen que se aplique dicha ley, y responsabilizan por su incumplimiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Desde el Qullamarka dieron el ejemplo puntual de la situación de las comunidades del municipio Los Toldos. Solicitaron la inmediata implementación de la ley por la grave situación que están pasando, con topadoras en las puertas de sus tierras y sin que ninguna autoridades se presente en el lugar.
Otros ejemplos, pueden encontrarse en los departamentos de General San Martín y Rivadavia.
En esas localidades comenzaron, a principios de 2010, actividades exploratorias, para una eventual explotación de hidrocarburos.
Organizaciones wichí y ONG’s de la zona denunciaron que comunidades indígenas sufrieron el acoso de representantes de las empresas, que los instaban a firmar acuerdos a partir de los que autorizaban el ingreso de las compañías a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos. A cambio, las empresas realizarían aportes por la ocupación y uso del espacio y en resarcimiento de los daños que ocasionaran. Según denunciaron los abogados de los wichí, se trata de “acuerdos usurarios” que no respetan la norma 26.160.
Está claro que los desmontes que se ocasionan y las intimidaciones de parte de las fuerzas de seguridad, tampoco respetan la ley.
El abogado Carlos Iriarte, que patrocina a finqueros y comunidades wichí, afirma que la ley provincial 7070 establece que para que las empresas ingresen a cualquier lote deben presentar previamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) general, que debe ser aprobado en Audiencia Pública. “Eso de ningún modo ocurre, porque han ingresado previo a cualquier aprobación (…). La inacción de las autoridades gubernamentales, la inacción de la Justicia Penal para castigar, reprimir o impedir la comisión de ilícitos en las comunidades originarias es llamativa”, señala Iriarte.
Desde las comunidades indican que se han realizado demandas para frenar los desmontes, a través de todas las entidades de Salta, pero que nunca han recibido respuesta alguna. En diciembre de 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó el freno a los desmontes en cuatro departamentos salteños, Orán, San Martín, Rivadavia y Anta.
En mayo de 2008, la por entonces Secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, suspendió tres desmontes, e inmediatamente fue removida de su cargo por el gobernador Juan Manuel Uturbey.
Iriarte, además, da cuenta del vínculo que existe entre el vicegobernador de la provincia, Andrés Soto, con la empresa de servicios petroleros Wicap SA. Soto firmó un acuerdo de inversión económica con Freddy Tejerina, dueño de la empresa Wicap.
La misma situación de amenazas, desalojos y desmontes sufren distintas comunidades aborígenes del país. La misma indiferencia de parte de autoridades provinciales y nacionales. La misma inacción judicial. El mismo entendimiento entre empresarios y Estado.

Fuentes: Indymedia / Copenoa / Diario Jujuy / Liga Argentina por los Derechos del Hombre / Observatorio Petrolero Sur
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