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Jornadas Nacionales de Visibilización: Territorios indígenas en peligro

Las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA) ratificaron la convocatoria a una jornada nacional de visibilización para el 17 y 18 de noviembre de acampe y vigilia en el Congreso de la Nación y en legislaturas provinciales. Las manifestaciones comenzarán el miércoles 17, a las 12, momento en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene previsto tratar la propuesta de una fecha de sesión plenaria de la prorroga de la ley de emergencia territorial indígena en la Cámara de Diputados.

"Por ahora solo tenemos fecha de reunión de comisión de presupuesto y hacienda, pero no sabemos si darán quorum, tampoco tenemos fecha de sesión de la Cámara de Diputados", señaló Néstor Jerez, vocero del acampe que lleva varios días frente al Congreso, en diálogo con Telesisa.

Compartimos comunicado de organismos de derechos humanos:
El 23 de noviembre próximo vence su tercera prórroga de la Ley 26.160. De no prorrogarse nuevamente, la situación de los pueblos originarios respecto a sus territorios se va a agravar. Por dos motivos principales: no contarían con una garantía legal que prohíba expulsarlos de sus territorios. Y las comunidades sin relevamiento tendrían mayores obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho a la propiedad comunitaria indígena.

En 2006, la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país. La ley ordenó, además, la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a agosto de este año, en el país hay aproximadamente 1760 comunidades indígenas, de las cuales 1015 no cuentan con el relevamiento territorial concluido.

La ley 26.160 vino a dar respuesta a una deuda histórica del Estado argentino con los pueblos originarios que lo preexiste y a cumplir con obligaciones asumidas por el Estado ante organismos internacionales de derechos humanos y en su misma Constitución Nacional. Esta ley es una herramienta de solución de conflictos en el marco de la democracia y Estado de Derecho, frente a la criminalización de las comunidades indígenas que defienden sus derechos, por eso es importante mantener su vigencia.

Mientras no exista una ley de propiedad comunitaria indígena, la única protección para las comunidades es la ley 26.160. Por eso, esperamos que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de prórroga enviado por la Cámara de Senadores.

Firman: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.

 

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