Red Eco Alternativo ***

Absolvieron a Gloria Colihueque Catriman

La jueza Carina Estefanía de Esquel afirmó que "no hay un solo hecho que acredite la coautoría de Gloria en los hechos denunciados” y que “ejercía la tenencia (del territorio) fuera de toda duda". A través de la denuncia de un grupo de empresarios, la defensora mapuche tehuelche fue acusada de amenazar con armas de fuego a Alejandro Samame, a Nahuel Serra y a personas empleadas por ellos, también de privarlos de la libertad; mientras que su tío Gregorio Cayulef fue enjuiciado tras ser acusado de amenazarlos con un cuchillo.

“No hay un solo hecho que acredite la coautoría de gloria en los hechos denunciados (…). Ni amenaza agravada con uso de arma, ni privación ilegítima de la libertad”, expresó la jueza, quien también reconoció la falta de perspectiva cultural y de género de la Justicia, que desoyó las distinas denuncias de Gloria respecto a las violencias que venía sufriendo. “Gloria decidió ejercer la legítima defensa por no recibir respuesta a sus denuncias, ante la falta de respuestas del Estado y la negativa a investigar sus denuncias. Son miembros del pueblo mapuche y no necesitan acreditarlo”, agregó la magistrada.

Al salir de la audiencia, Gloria Colihueque Catriman festejó la absolución pero advirtió: “Queda un camino largo, ya hemos tenido amenazas últimamente en la comunidad y estoy pidiendo protección para mi mamá y para todos. Son gente de mucho poder”.

Compartimos parte de la crónica publicada por Gioia Claro en la Agencia Presentes:
Los hechos puestos en debate judicial sucedieron el 20 de abril de 2020, donde se produjo el encuentro entre Gloria, quien venía en un «flete» conducido por San Román, con Alejandro Samame, que circulaba en dirección contraria. Era un camino de un solo carril, por el que iban también otras dos camionetas con al menos 6 personas más. Una de las preguntas que la situación dejó picando en la zona fue ¿qué hacían allí estas personas, en el campo donde vive Isabel y su familia hace veinte años, en plena pandemia restrictiva de circulación?

Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Gloria en un trawn (reunión parlamentaria) este fin de semana en el acampe por la Lof Quemquemtrew, otra comunidad y territorio en conflicto en la vecina provincia de Rio Negro. Gloria estuvo “porque nos apoyamos entre comunidades, unos con otros. Porque no hay acceso a la justicia, al menos para los mapuche”.

Allí Gloria relató el impacto que produjo todo esto en su familia. “Mi madre está viviendo en el territorio. Ya va a tener 80 años, y desde marzo todos los días le pusieron gente ahí para que la vigile y la controle. Todos los meses, una denuncia. Pero hasta el momento no se investigó nada. Si se hubiera investigado no hubiésemos llegado a este caso. Yo no fui a la casa de Serra ni Samame a amenazar ni privar de la libertad. ¿quiénes estaban en nuestro territorio? Ellos”. Las palabras de Gloria hoy quedaron acreditadas ante la Justicia, ya que en el juicio no hubo un solo testimonio que la incriminara.

“La única mujer era yo y no amenacé a nadie”
El pasado fin de semana, acompañada por autoridades mapuche tehuelche, hermanas y hermanos de diversas comunidades que a su turno fueron relatando los distintos conflictos que enfrentan, y ante organizaciones sociales, de DDHH y medios comunitarios que se acercaron, Gloria se presentó con la frente en alto: “Soy Gloria Colihueque Catriman, de la comunidad mapuche tehuelche Lof Catriman Colihueque, ubicada en cercanías al lago Futalaufquen, Parque nacional los Alerces, a 50 kilómetros de la ciudad de Esquel, jurisdicción de Chubut, Argentina.

Yo no amenacé con arma de fuego, no amenacé de muerte. Y tampoco privé a nadie de la libertad. Eran 6 personas – esto me entero cuando hacen la audiencia, porque yo vi como a diez personas ese día en el territorio -. Todos hombres. La única mujer era yo. No sé cómo pude amenazar a todos ellos. Yo pedí mi absolución porque no soy culpable”.

De ilegalidades e incumplimientos en derechos
La abogada defensora Sonia Ivanoff en los alegatos finales del juicio aseguró que «Luciano Freeman (hijo de Lucio Freeman, heredero de un derecho posesorio sobre tierras fiscales) vendió las tierras con Isabel adentro. El IAC (Instituto Autárquico de Colonización y fomento rural) generó un conflicto de tierras por no cumplir ni aplicar los procedimientos que establece la ley de tierras fiscales en Chubut, que es bien clara”.

La ley dice que previo a cualquier concesión de tierras fiscales, donde una de las partes pertenezca por familia o comunidad a un pueblo aborigen, debe pasar por el dictamen de la comisión de tierras indígenas. Pero la comisión no está creada en la provincia “por la falta de consulta y participación indigena”.

“Aquí hay una sucesión muy grave de ilegalidades e incumplimientos en relación a sus derechos”, -dice la abogada-. “Ni siquiera controló el IAC quiénes eran los compradores. Que tampoco reúnen los requisitos para ser adjudicatarios de tierras fiscales de la provincia. El IAC debería haber investigado. El 9 de marzo recibieron una nota de Isabel sobre la situación y debieron seguir lo que establece la ley de tierras.»

El juicio en gran parte tuvo un tercer imputado, San Román, quien conducía el vehículo donde se trasladaba Gloria el día del encuentro con este grupo de empresarios. No es mapuche, y en los días previos al juicio sorprendió a casi todxs al reconocer los hechos imputados. Evitó así el debate oral y público, según informó la abogada Dra. Sonia Ivanoff.

La fiscalía en contra del derecho indígena
En el juicio, sin embargo, el debate planteado por la fiscalía y la querella fue sobre amenazas. Según la fiscal Maria Bottini, los «compradores de buena fe» hacían uso de su derecho de propiedad, por lo que «nadie fue a desplazar a nadie».

En las audiencias la fiscal llegó a decir: «No estamos hablando de derecho indígena, porque en los papeles, no le pertenece”. «Sabían que el lugar se había vendido», alegaba.

«Mujeres, pobres y mapuche indicó el informe antropológico de Ana Ramos, y esto es lo que pasó.» Aseguró la defensora Sonia Ivanoff en su alegato final, porque sin dudas esa intersección tuvo mucho que ver para llegar a este punto. Durante varios meses la Justicia desoyó las denuncias de Gloria y de su comunidad.

«El 7 de marzo en los accesos al territorio empezaron a tener los candados cortados. Esto se denunció en Gendarmería y en la fiscalía provincial. Pero ninguna de esas denuncias de la comunidad avanzaron, lo típico”, dijo la abogada ante el tribunal.

También dice que esta situación no es nueva. Quienes trabajan estos temas saben que por lo general, “cuando las comunidades o los mapuche denuncian, nunca se investiga. Pero sí muy rápidamente se investiga, se imputa, se lleva a juicio a los propios mapuches”, dice Sonia. Y advierte: cuando hay una ausencia del Estado, no es el poder judicial quien debe actuar en última ratio, refiriéndose a las reiteradas denuncias realizadas por Gloria e Isabel desde marzo de 2020 y que la Justicia nunca escuchó.

Somos parte del territorio, no propietarios
Gloria le contó al tribunal: “El 6 de marzo entraron (Serra, Samame, un arquitecto, un escribano y su abogada) a querer hacerle firmar un papel a mi madre. Ella tiene una relación con el territorio. No es algo de nosotros porque queremos sacar plata. Somos parte del territorio, no propietarios. Todo lo que está dentro de la tierra es energía para nosotros”.

Hizo memoria de los desalojos. “Vengo de familia ya desalojada, mis bisabuelos (en referencia al desalojo de Boquete de Nahuelpan en 1937). Eso no se cuenta. Se dice que somos violentos y amenazamos. (…) ¿Por qué no se investiga la denuncia que hicimos el 7 de marzo? Ellos entraron cortando candados, dejaron hombres aquí, no se tuvo consideración con una mujer, anciana. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué no se hace una investigación? Para un solo lado investigan, para el otro, no.

La ocupación pacífica de las mujeres indígenas
El juicio comenzó el 26 de octubre. El lunes 1/11 mientras Gloria y su familia enfrentaban en audiencia las declaraciones en su contra, varias comunidades de la zona y representantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hicieron una ocupación pacífica de las instalaciones del IAC (Instituto Autárquico de Colonización y fomento rural) y la subsecretaría de bosques de Esquel.

En comunicación telefónica, Moira Millán explicó a Presentes el sentido de esa acción. En palabras de Millán: “Denunciar la situación de judicialización y despojo a las comunidades y la complicidad de estos organismos como pieza fundamental en la consolidación de la entrega de tierras.

“El IAC ha sido cómplice con la Sociedad Rural y los terratenientes, han configurado el escenario para el despojo mediante acciones fraudulentas, entregando tierras que son de nuestro pueblo a la Sociedad Rural. La judicialización de nuestra lamien (hermana) Gloria Colihueque Catriman, que hoy enfrenta la posibilidad incluso de la cárcel por defender su tierra, nos parece inadmisible. Hay que poner un límite ante tanta corrupción”
¿Qué hay detrás de esto?

Gloria cree que lo que se oculta detrás de estos artilugios es un gran interés por la explotación de esas tierras. “Ahí hay agua, mucha, dos lagunas. La Secretaria de Bosques les dió permiso para sacar quinientos metros de leña. Hice denuncias y denuncias y ahora se paró. Pero sabemos que en cualquier momento vuelven a entrar”.

Aunque la Justicia la absolvió de esta causa, sigue su curso una causa civil por la tenencia de la tierra. “La está llevando mi mamá”, explica Gloria. Isabel tuvo una audiencia en abril de este año, “pero hasta ahora no hay resolución”.

Imagen: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir

 

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