La lof Paicil Antreao se prepara para resistir un desalojo en Villa La Angostura

La comunidad mapuche es la pobladora ancestral de las tierras que hoy ocupa la localidad turística. Un fallo de la justicia provincial ordenó el desalojo de un lote en litigio con un emprendimiento turístico. Ocho familias viven en el lugar. Por Canal Abierto.

La comunidad mapuche lof Paicil Antreao se asienta ancestralmente en la zona que hoy ocupa Villa La Angostura y sus alrededores. Durante décadas estas familias originarias han sostenido conflictos por defender su territorio frente al Estado y para protegerlo del avance de los emprendimientos turísticos e inmobiliarios.

Luego del primer despojo y genocidio producido por la llamada Campaña del Desierto, el Estado Nacional en septiembre de 1902 otorgó la concesión del Lote Pastoril N°9 de la entonces Colonia Pastoril Nahuel Huapi a Juan Ignacio Antreao y José María Paicil, de una extensión de 625 hectáreas. Esta “cesión” de tierras ya implicaba un recorte de los territorios utilizados por estas dos familias en aquellos tiempos. Poco tiempo después, y con diversos artilugios legales y no tanto, las familias mapuche fueron siendo desplazadas hacia zonas marginales del lote.

Sobre estas tierras comunitarias se levanta hoy una ciudad que es uno de los principales puntos turísticos de la Patagonia. Hoteles, barrios cerrados como el Cumelen, o country, como lo debe llamar el ex-presidente Macri que suele pasar temporadas de reposera allí: 30 hectáreas de exclusividad, araucarias y arrayanes asentadas sobre el despojo a los Paicil Antreao.

De esas 625 hectáreas legitimadas por el Estado argentino en su momento, sólo les quedan 125. Y sobre esa porción, la justicia provincial y los particulares los acusan muchas veces de ser usurpadores. De allí surge un sinnúmero de conflictos.

El más candente es en estas horas el de Puerto Elma, un área de 4 hectáreas en la costa del lago Nahuel Huapi, que ocupan ancestralmente Elma Quiroga y su familia y está dentro del territorio del lof Paicil Antreao. La justicia provincial ha dispuesto mediante un fallo de la jueza Andrea Di Prinzio el desalojo de la propiedad en beneficio de los dueños de la hostería La Posada, la empresa TIJE.

“Es una jueza que ya tiene antecedentes, con una posición en contra de la comunidad mapuche y que tiene una actitud racista frente a las comunidades. Nos dio diez días de plazo para abandonar el lugar y ya se cumplieron, por lo tanto el desalojo puede darse en cualquier momento. Nosotros estamos preparados para defender nuestro territorio”, señala en diálogo con Canal Abierto Florentino Nawel, werken del Lof Paicil Antreao y referente del Consejo Zonal Lafkence de Villa La Angostura que agrupa a tres comunidades de la región.

Tierras ancestrales o negocios turísticos
“Esta situación es muy angustiante, sobre todo para Elma. Ella nació y fue criada en este lugar, su madre y su abuela nacieron y se criaron aquí. Ahora tiene sus hijos y nietos, hay cinco generaciones que se han desarrollado y van a crecer en este espacio”, señala Tino. “Es absurda esta decisión que toma la justicia de reconocer al usurpador, la hostería La Posada, la propiedad de nuestro territorio”. Son ocho las familias que se ven amenazadas por esta decisión judicial. Elma es la cabeza de la familia pero cada uno de sus hijos tiene su propio núcleo familiar. Son más de 20 personas, entre adultos y niños.

“Nosotros responsabilizamos al gobernador Gutiérrez porque está impidiendo que se aplique la ley 26.160 –esta norma nacional declara la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas–. Esta ley ordena un relevamiento técnico y catastral de los territorios que las comunidades estamos ocupando actual y tradicionalmente. De esta forma se determinaría cuál es nuestro territorio y eso no se ha hecho por un capricho del gobernador. La provincia debe firmar un convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El INAI nos ha dicho que tiene toda la voluntad de hacerlo pero no puede avanzar sin la voluntad política del gobernador”, agrega.

“Tenemos claro que el responsable número uno es el gobernador, y después la Justicia. Es una justicia que vive violando los derechos indígenas, que no nos reconoce a pesar de la Constitución provincial y toda la legislación vigente”, remarca el werken de la lof.

Artículo 53 de la Constitución de Neuquén
“La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurará su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor”.

Los y las descendientes frente a los constantes conflictos, en las últimas décadas decidieron constituir la comunidad Paicil Antreao, reconocida por el Estado a través de la inscripción de su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidad Indígenas (Renaci).

“Hace más de 100 años que el Estado reconoció estas tierras a Paicil y Antreao. El gobierno provincial tiene el deber constitucional de hacer el relevamiento territorial pero están en juego muchos intereses económicos. No aplicar la 26.160, le abre la puerta a la justicia para que avance contra el pueblo mapuche; todos los fallos nos salen en contra”, expresa Florentino Nawel. “De las 66 comunidades que hay en la provincia sólo 15 tienen sus tierras reconocidas y el resto estamos en conflicto”.

El tiempo del ultimatum de la jueza Di Prinzio ya se cumplió; el desalojo puede darse en cualquier momento. Mientras tanto la comunidad intenta torcer la decisión y recoge apoyos como el de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y el del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y ATE Nacional, quienes enviaron cartas al gobernador solicitando que se realice el relevamiento dispuesto por la 26.160 y a la justicia para que detenga esta medida judicial que provocará daños y mayor violencia.

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