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Avanza el proyecto que pone fin al sistema de jubilación privada

La iniciativa que ya se discute en comisiones de la Cámara Baja despierta apoyos y críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Nadie quiere quedarse afuera de la discusión. (Margarita Pesoa – Red Eco) Argentina. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados comenzó con una ronda de consultas y exposiciones en torno al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que intenta poner fin al sistema previsional de capitalización.

El proyecto, que ya despertó encendidas voces a favor y en contra, establece la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y determina la desaparición de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Desde el gobierno se asegura que el nuevo sistema va a reconocer los aportes realizados por los afiliados al sistema de capitalización, y que los trabajadores de las AFJP serán absorbidos por organismos del Estado. Además, se descartaron las críticas de la oposición, que relaciona la iniciativa con una necesidad de fondos por parte del Poder Ejecutivo para pagar vencimientos de la deuda y para financiar campañas políticas el año entrante.

Desde que fue creado por el gobierno de Carlos Menem, el sistema de capitalización demostró ser un rotundo fracaso. Las AFJP tienen el 75 por ciento del dinero de sus afiliados invertidos en títulos públicos y acciones de empresas que cayeron fuertemente en las últimas semanas, haciendo descender en un 20 por ciento su rentabilidad. De los 446 mil jubilados cuyos haberes son responsabilidad de las AFJP, el 77 por ciento terminan siendo pagados con recursos del Estado. Además, de los últimos 70 mil nuevos trabajadores que ingresaron al mercado laboral, el 90 por ciento optó por el sistema de reparto.

El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, denunció que los afiliados al sistema de capitalización aportaron un total de 37.000 millones de dólares, de los cuales hoy quedan 33.000, lo que significa que las empresas se embolsaron 5.000 millones de dólares desde 1994. El ombudsman agregó que “cada 100 pesos que aportaban los afiliados, entre 35 y 40 se los llevaban las AFJP como comisión y seguros”.

El proyecto del Gobierno establece el traspaso de los afiliados y de los fondos al nuevo sistema público previsional, pero brinda pocos detalles acerca de cómo se realizará ese traspaso. El interrogante es en qué medida se verán perjudicados con la modificación los trabajadores que aportan al sistema privado. Rubén Lo Vuolo, economista e investigador del Ciepp, se refiere a este punto controvertido: “Claramente este proyecto de ley fue hecho de manera muy rápida y sin abordar la complejidad del problema. Por ejemplo, el proyecto de ley dice que se le va a garantizar el valor a los afiliados al sistema de capitalización, cuando en realidad el valor del beneficio del régimen de capitalización, por su propia naturaleza y por definición, es indeterminado. En el sistema de capitalización nadie sabe cuánto vale su beneficio hasta el día en que se jubila. No hay ningún cálculo, ni ninguna explicación acerca del método que se va a utilizar para hacer el cálculo”. Lo Vuolo adveirte que si esto no está claro, la nueva legislación podría dar lugar a una avalancha de juicios contra el Estado.

Hay quienes argumentan que el gobierno está confiscando los fondos de los trabajadores. Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados macristas, asegura que el gobierno “le saca la plata a los trabajadores que tienen sus ahorros depositados en sus cuentas privadas para disponer de ese dinero para los gastos que tiene que hacer el año que viene”. Consultada sobre esta perspectiva, la especialista en previsión de la Universidad de Buenos Aires Laura Goldberg asegura que no puede saberse a priori si se trata de una confiscación, ya que no se sabe todavía cuales serán los mecanismos que garanticen y respeten los derechos de los afiliados al sistema privado.

Pero el cuestionamiento más escuchado por estos días es el relacionado con el destino y control de los fondos, que volverán al Estado luego de haber sido transferidos a las administradoras en 1994. El proyecto determina que los fondos serán manejados por la Anses y supervisados por una comisión bicameral creada especialmente. Lo Vuolo entiende que deben profundizarse los controles: “Acá no se trata solo de una supervisión. En primer lugar, tiene que haber un ente autárquico, como en todos los países que tienen régimen público de reparto, totalmente independiente del poder ejecutivo, que no es el caso de la Anses, que debería tener la responsabilidad de administrar; y esa administración tiene que tener límites muy precisos respecto de qué hacer con esos fondos”.

Al defender el proyecto en la Cámara de Diputados, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que establecer el sistema de capitalización fue una “pésima decisión” y que introdujo un “circuito perverso” en el sistema previsional. Recordó que a partir de la reforma previsional de los años ’90 “se generó un déficit, ese déficit se cubrió con bonos públicos, esos bonos públicos los compraban las administradoras, en el medio aparecían las comisiones, la población pagaba los intereses, y este circuito perverso nunca tuvo control parlamentario”. El titular de la cartera laboral aseguró que en la mayoría de los casos, el sistema de reparto garantiza el pago de un haber que significa más del doble de lo que cobraría un jubilado del sector privado.

En tanto, el presidente de la Unión de AFJP Sebastián Palla, quien esta mañana participó del debate de las comisiones, explicó que como el sistema actual de capitalización tiene 14 años y para jubilarse se requieren 30 años de aportes, es lógico que quienes están hoy retirados hayan hecho mayor cantidad de aportes al sistema de reparto, lo cual generó una obligación estatal. De todos modos, afirmó que en la actualidad “el Estado recauda $ 12.000 millones anuales por las contribuciones patronales que se aplican sobre los salarios de los aportantes al sistema jubilatorio de capitalización, que desde su creación siempre tuvo un esquema mixto de financiamiento de las prestaciones”.

Por último, Palla manifestó que "no deberían tomarse decisiones que son de largo plazo en un momento en el que el mundo vive una de sus peores crisis", y sostuvo que el tiempo que dure la discusión dejará en claro cuáles son las intenciones del oficialismo: "Si se resuelve en un par de semanas, va a quedar claro que la causa no es previsional".

Para Lo Vuolo, el sistema de reparto no es precisamente el paraíso de los jubilados, y debería ser reformado: “De una manera muy sencilla y yo diría un poco simplista, se dice: pasemos a toda esta gente de capitalización al régimen de reparto, como si el régimen público de reparto fuera bueno y no tuviera problemas, y esto no es cierto; creo que acá hay que avanzar directamente en una reforma del actual régimen de reparto. En primer lugar, la Argentina no tiene garantizada la cobertura universal de su población porque tanto el régimen de reparto como el de capitalización tienen demasiados requisitos contributivos, y la prueba está en que hace muy poco tiempo este gobierno tuvo que establecer una moratoria discrecional (…) diciendo que la gente puede entrar al sistema y dispensándolos de cumplir con los requisitos de aportes (…). Esta es la prueba de que el sistema está legalmente incapacitado para cubrir a una población en donde el 50 por ciento de la clase trabajadora está en negro”. El economista propone establecer como base una jubilación universal que garantice una cobertura sobre el nivel de pobreza, y después un régimen contributivo que no esté atado a los vaivenes financieros.

La oposición ya se puso en marcha para intentar introducir modificaciones al proyecto original. El diputado radical Juan Acuña Kunz, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, manifestó la postura de su bloque: “Ideológicamente el radicalismo siempre estuvo de acuerdo con establecer un sistema de reparto, ya que el régimen de capitalización se relaciona con la rentabilidad, y no es justo que la rentabilidad tenga que ver con nuestros jubilados. Estamos de parte de que se pase al Estado pero con modificaciones. Si el oficialismo no acepta las modificaciones, estará claro que lo que quieren es echar mano de la caja pública, y lo que pasará es que se dará un manotazo a la caja de 100 mil millones de pesos que se utilizará para clientelismo político y para pagar los títulos de la deuda pública”. Acuña Kunz adelantó que la UCR propondrá la creación de un Consejo Federal de Administración de la Anses, en el que participen trabajadores, jubilados, empresarios, poderes del estado y defensores del pueblo.

Para la socióloga y economista Laura Goldberg se trata de “una buena oportunidad para iniciar un cambio muy necesario”, pero también advierte que los fondos no pueden tener otro destino que no sea el pago de haberes: “En el proyecto no está del todo claro el hecho de que el dinero que ingrese, si bien puede usarse para invertirlo y para que se capitalice en el futuro, tiene que estar sola y exclusivamente destinado al pago de prestaciones de la Anses. Esto no está bien especificado en el proyecto, de manera que eventualmente podría utilizarse para gastos corrientes, y no estará disponible para el pago de las jubilaciones y pensiones”. Goldberg propone que sea la Auditoria General de la Nación, un organismo compuesto por integrantes de la oposición, el órgano de control.

El kirchnerismo intentará tratar el proyecto sobre tablas la semana próxima en la Cámara de Diputados. El oficialista Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, sostiene que el proyecto “está abierto a debate, como todos los proyectos enviados a Diputados”, y admite que “el mecanismo de control es una de las cosas a mejorar en el texto”. Por otra parte, el titular de la Anses, Amado Boudou, ha señalado estar “convencido” de que el proyecto está bien hecho, y puso en duda la conveniencia de aceptar modificaciones.

Desde el sector sindical, Hugo Yaski, Secretario General de la CTA, manifiesta que para la central la iniciativa del gobierno es “clave”, ya que, opina, el régimen de capitalización no tenía viabilidad ni sustentabilidad. Sobre los cuestionamientos en torno al destino de los fondos, si bien se suma a los reclamos de garantizar los mecanismos de control, Yasky se pregunta cuál era el control de la ciudadanía sobre lo que hacían las AFJP y agrega: “Era público que las AFJP de entrada y por derecha se quedaban con el 30 por ciento, así que creo que peor no vamos a estar nunca”.

Laura Goldberg acuerda con el gobierno y asegura que sólo el Estado puede garantizar el pago de las jubilaciones: “Un sistema de previsión social tiene que tener como objetivo central el cubrir a toda la población ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte. El esquema capaz de hacer eso de una manera solidaria (…) es un esquema público administrado por el Estado. Cuando comienza a intervenir el afán de lucro, y a esto se suma la cuestión de la incertidumbre vinculada a los mercados financieros y lo costoso de las comisiones que cobra el sistema, estamos en presencia de un sistema que no debería quedar en manos privadas para cumplir su cometido, y mucho menos en manos de los mercados financieros. El esquema de reparto, además de establecer una solidaridad intergeneracional, tiene la garantía del estado que, si bien uno puede decir que no lo hace en tiempo y en forma, siempre termina cumpliendo con sus obligaciones. Creo que la política previsional tiene que estar en manos del Estado como lo esta la salud, la educación, y tantas otras cuestiones que son de interés general”.

 

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