Ante todo, preocupación
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- Categoría: Más del Pais
- Publicado: Jueves 05 de Mayo de 2011
(Red Eco) Argentina - De esa visita se dio a conocer el informe de observaciones y conclusiones preliminares en el que manifestó su preocupación por los desalojos violentos que se están dando en varias regiones del país y por la falta de una política más integral de promoción del hábitat adecuado en Argentina.
La Relatora Especial plantea en dicho informe que, si bien la crisis estructural data de varias décadas debido a la falta de políticas públicas al respecto, nota un “agravamiento reciente de esta situación, relacionado con el crecimiento económico que ha conocido Argentina en los últimos años y sus efectos directos sobre el aumento de los precios de la tierra, suelo urbano, inmuebles y alquileres en proporción significativamente superior a los aumentos de ingresos de la mayoría de la población y a la ausencia de crédito y opciones de vivienda incluso para las clases medias”.
De esta forma, las clases medias, sin buenas opciones de crédito quedan expulsadas del mercado inmobiliario y pasan a competir por las ubicaciones tradicionalmente populares.
A su vez, la falta de una política respecto a la emergencia habitacional, se acentúa cuando no existen políticas de loteo populares; en el conurbano bonaerense, por ejemplo los barrios cerrados para sectores de altos ingresos se expanden con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea mientras que miles de personas son empujadas al hacinamiento y las ocupaciones de tierras y viviendas.
Retomando el informe, la Relatora manifestó su preocupación ante la gran ambigüedad con la cual las autoridades han tratado el tema de las ocupaciones de tierra, cómo esta actitud permitió que este tema se convirtiera en objeto de disputas partidarias, acción de punteros políticos y ha vuelto a los habitantes de estos territorios altamente vulnerables a la discrecionalidad caso por caso con respecto a la posibilidad de permanencia, consolidación o desalojo.
A su vez, señaló “en muchos casos los desalojos han sido realizados sin que se estudiara en consulta con los interesados todas las demás posibilidades para evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza”. Este hecho sería violatorio de los estándares internacionales en esta materia.
“Muchos desalojos han dado lugar a que los afectados se queden sin vivienda y sean expuestos a violaciones de otros derechos humanos, sin que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que se les facilite otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas”, indicó.
Además, señala: “la Relatora expresa preocupación frente a la constatación de que en los casos en los que existe un procedimiento judicial, la legislación procesal actualmente vigente facilita la ejecución de desalojos, puesto que estos pueden requerirse como medida cautelar, previo al dictado de la sentencia, violando los estándares internacionales en materia de debido proceso legal.
La Relatora Especial expresa además particular preocupación frente a la excesiva utilización de la fuerza por agentes estatales y agentes privados de seguridad empleados por el Estado durante los desalojos”.
Para finalizar, el informe remarca la preocupación por lo que parece ser -con algunas excepciones- un desconocimiento generalizado por parte de los magistrados argentinos de los estándares internacionales en materia de desalojos, haciendo caso omiso de gran parte de las garantías procesales reflejadas en la observación general numero 7, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales.
En cuanto a las políticas concretas llevadas adelante por los gobernantes, la Relatora indicó que la prioridad ha sido la producción de vivienda completa (“llave en mano”) promovida por el Estado, notablemente por los Institutos Provinciales de Vivienda, y construidas por constructoras privadas, con el apoyo en muchos casos de las municipalidades. Es decir que se priorizó la construcción, pero no se promocionaron ni apoyaron “políticas locales que movilicen viviendas vacantes, alquiler social, prestamos y asistencia para ampliaciones, y sobretodo políticas de tierras y disponibilización de suelo urbanizado”.
“La Relatora nota además como las políticas de vivienda implementadas no han sido acompañadas hasta la fecha por políticas de suelo apropiadas, lo que en muchos casos resulta en la ubicación inadecuada de los conjuntos poblacionales lejos de las oportunidades de trabajo y empleo”, indica el informe.
A esto agrega: “la Relatora nota con preocupación la debilidad del sistema de adjudicación dentro de los programas de vivienda social. Cada provincia o municipalidad puede definir sus criterios de adjudicación (hasta no tener criterios) lo que abre la vía a prácticas discriminatorias”.
En conclusión, si bien el informe señala como favorable el hecho que exista inversión en las políticas de vivienda (según fuentes oficiales, aseguraron 560.000 soluciones habitacionales), señala con preocupación (término reiterado en cada ítem del informe) las modalidades en que se implementan dichos programas, su utilización política, las prácticas discriminatorias que traen aparejadas y la continua criminalización a la que son sometidos los sectores populares en su búsqueda de un lugar digno para vivir.