Expulsar, despedir, desahuciar
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- Publicado: Jueves 17 de Febrero de 2011
(Red Eco) Buenos Aires – Los casos se repiten diariamente y en diversas partes del país. Esta mañana hubo una movilización en el Barrio Villa Primera de Mar del Plata. El martes pasado, un corte en la Avenida Entre Ríos frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo es siempre el mismo: “Basta de Desalojos, Viviendas Dignas Ya”.
La semana pasada varias familias fueron desalojadas de un hotel ubicado en la calle Salom del barrio de Barracas. El oficial de justicia Marcelo Alocati y efectivos de la comisaría N° 30 se presentaron sin previo aviso en la puerta del lugar con intención de dejar en la calle a todas las personas que allí vivían. Para ello, mostraron una orden del juzgado civil N°30 que los habilitaba a desalojar únicamente la habitación número 4.
Finalmente, dejaron a la mayoría de las familias en situación de calle. Pero las que pudieron resistir y permanecer en el hotel, continúan siendo hostigadas y perseguidas por efectivos de la comisaría. Los policías además vigilan a los habitantes del hotel, que deben identificarse cada vez que ingresan a su casa, sin poder a su vez recibir visitas.
Por la falta de respuestas de parte del gobierno porteño y ante la amenaza de la concreción de una orden de desalojo pendiente para doce familias en el barrio de La Boca, se realizó un corte en Avenida Entre Ríos y Pavón, frente a la cartera que conduce María Eugenia Vidal.
Esta situación no es nueva. En la ciudad de Buenos Aires son desalojadas en promedio diez familias por día y se llevan adelante alrededor de 5 mil operativos de desalojos por año. Además, estos procedimientos se realizan sin ninguna solución para las personas desalojadas, que en la mayoría de los casos no logran volver a reubicarse en la Ciudad, o solo lo hacen transitoriamente. Los planes de vivienda parecerían virtuales y solo aparecen en épocas electorales o ante un conflicto concreto como el del Parque Indoamericano, pero no pasan de ser solo anuncios.
Desde el gobierno porteño, la única respuesta que se ofrece ante los desalojos es la de un subsidio de 700 pesos, al que se accede luego de una carrera de obstáculos.
“El avance de los desalojos en la ciudad es parte de una política habitacional marcada por el vaciamiento del Instituto de la Vivienda, la subejecución del presupuesto para vivienda y la venta de inmuebles y terrenos del estado. Su contracara es el florecimiento de grandes negocios inmobiliarios”, denuncian desde la Agrupación Prisma, La Pulpería y el MTL Rebelde.
Además, se han multiplicado en los últimos años las causas por usurpación impulsadas por el macrismo a través de las fiscalías de la Ciudad, en un claro entendimiento entre los poderes ejecutivo y judicial.
“Para muchas familias que no pueden acceder al mercado formal la alternativa ha sido el inquilinato de piezas en hoteles o pensiones en las que viven hacinadas y en precarias condiciones habitacionales y contractuales. Hoy la vivienda propia es inalcanzable para la mayor parte de los trabajadores y los sectores medios”, manifiestan los integrantes de Prisma, La Pulpería y el MTL Rebelde.
Y en provincia también.
A principios de esta semana, familias mapuches debieron resistir un intento de desalojo en la localidad bonaerense de Los Toldos. Al igual que ocurrió en noviembre y en diciembre último, efectivos del Grupo de Apoyo de la Jefatura Departamental de Junín (GAD) ingresaron al sitio conocido como “La Tribu”, que fue defendido por la comunidad al entender este intento como un atropello a sus derechos, amparándose en la ley 26.160, que establece la suspensión de los desalojos en tierras originarias. Esta Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria Indígena fue promulgada en 2006 y prorrogada hasta 2013, pero al parecer no es respetada por la justicia y la policía.
Sin embargo, las familias saben que a pesar de haber evitado este desalojo puntual, en los próximos días puede producirse un nuevo intento por lo que continúan resistiendo y en estado de alerta.
